1. ¿De qué trata el caso La Oroya?

En 1997, en La Oroya Antigua, departamento de Junin, la empresa norteamericana Doe Run Company, subsidiaria de la empresa que operaba en nuestro país como Doe Run Perú, comenzó a operar el Complejo Metalúrgico La Oroya (o CMLO), construida y establecida en 1922 por la empresa Cerro de Pasco Copper Corporation,  adquiriendo dicho complejo por un valor de US$247,9 millones, a través de un proceso de subasta pública.

De acuerdo con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú [1], la subsidiaria amplió los plazos que tenía establecidos para ejecutar sus proyectos propios del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), por lo menos hasta fines de 2010. Pese a la insistencia del Ministerio de Economía y Finanzas, la empresa no cumplía con las exigencias del PAMA, mientras los conflictos sociales en las zonas aledañas al complejo incrementaban.

Estos problemas de manejo tanto social como ambiental, conllevaron a que el complejo, que ya se encontraba en parte obsoleto, genere graves daños por las emisiones contaminantes que emanaban dióxido de azufre y otros metales pesados. 

Por la mala gestión empresarial, y por la dejadez estatal de proteger a la población, La Oroya fue considerada como una de las 10 localidades más contaminadas del planeta [2], por las afectaciones de la contaminación por metales pesados en el medio ambiente, pero sobre todo por los efectos negativos ocasionados a la población cercana al recinto, quienes fueron presentaban altos niveles de plomo en la sangre por estar expuestos a los metales pesados, generando afectaciones graves en su salud [3].

Como expone Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) [4], “debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas”, se ha responsabilizado al Estado peruano de no velar por la defensa de la salud e integridad de sus ciudadanos, además de la protección del medio ambiente, pese a las demandas realizadas por los mismos pobladores, con acompañamiento de distintas organizaciones, tanto a nivel nacional e internacional.

Por ese motivo, distintos grupos de pobladores presentaron el caso La Oroya, a través de una acción de cumplimiento, al Tribunal Constitucional, consiguiendo una decisión favorable que ordenaba medidas de protección: resultado que, finalmente, no fue implementado por el Estado peruano, por más de 10 años después de la resolución. En esta línea, AIDA [5], junto con otras organizaciones y centros de derechos humanos y medio ambiente, llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2005, solicitando que se pueda dictar medidas cautelares enfocadas en la “proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas”. Un año después, en 2006, luego de presentar esta solicitud, estas organizaciones, con los pobladores afectados, denunciaron al Estado peruano frente a la CIDH por la violacion de los derechos humanos de los pobladores de la Oroya.

En 2021, 15 años después de presentar la denuncia, la CIDH presentó a la Corte Interamericana de Derechos HUmanos la deicsion de fondo del caso, responsablizando al Estado peruano por violar los derechos humanos de los residentes de La Oroya: decisión que, como reconoce AIDA, permitirá el establecimiento de un precedente legal vital para la protección del derecho a un medio ambiente sano, los derechos conexos, y la responsabilidad social empresarial en sus relaciones con los Estados.

2. Importancia y desarrollo en CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó, el 30 de septiembre de 2021, el caso de la Comunidad de La Oroya ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)[6]. Conviene precisar que la CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. Está integrada por siete miembros independientes, elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, los cuales no representan a países de su origen o residencia. Así, como Órgano consultivo de la OEA, la CIDH investiga casos que presenta a la CorteIDH cuando determina que hubo violaciones a los derechos humanos no subsanadas por los estados, como es el caso en cuestión. En esta línea, los fallos del tribunal, con sede en San José de Costa Rica, son definitivos e inapelables[7].

Respecto al caso, en el informe de fondo, en el cual se analizó si el daño y las afectaciones a los derechos humanos de los pobladores de La Oroya podían ser atribuibles al Estado, la CIDH determinó que: “la ausencia de sistemas adecuados de control a través de un marco regulatorio claro, la falta de supervisión constante y efectiva, la ausencia de sanciones o acciones inmediatas para atender las situaciones de degradación ambiental alarmante, permitieron que el Complejo Metalúrgico genere altos niveles de contaminación que han impactado seriamente la salud de las víctimas”[8].

En ese sentido, el Órgano Consultivo solicitó a la Corte:

  1. Reparar integralmente las violaciones de derechos declaradas en el informe, tanto en los aspectos materiales como inmateriales declaradas en el informe.
  2. Disponer las medidas de atención en salud física y mental de carácter integral, necesarias para la rehabilitación de las víctimas del presente caso, de ser su voluntad y de manera concertada, las cuales deben brindarse de manera gratuita, accesible y especializada, tomando en cuenta la localidad en la que se encuentra cada víctima. Asimismo, dicha atención debe tener un carácter preferente en su calidad de víctimas de violaciones a derechos humanos y garantizar el principio de la primacía del interés superior del niño.
  3. Realizar las investigaciones penales, o de otra naturaleza relacionadas con los actos de amenazas y hostigamientos a las víctimas de dichos hechos en los términos declarados en el informe.
  4. Emprender, o bien, desarrollar investigaciones administrativas, civiles o penales según corresponda en forma diligente para deducir las responsabilidades de funcionarios o terceros respecto a la contaminación ambiental en La Oroya que afectó el derecho a la salud de las víctimas del presente caso. Igualmente, agotar mecanismos dirigidos a deducir eventuales responsabilidades de la empresa respectiva en relación con la contaminación ambiental.
  5. Tomar medidas para evitar la repetición de los hechos del presente caso.

La relevancia del caso considera diversas aristas. Dentro de estas tenemos que La Oroya, ha sido catalogada por el Instituto Blacksmith como una de las ciudades más contaminadas del mundo, así como la quinta ciudad menos recomendable para vivir, siendo que en el 2011, quedó segunda en el ránking de las ciudades que tienen el aire más tóxico en el orbe[9]. En esta línea, la abogada Liliana Ávila, de la ONG AIDA, la cual representa legalmente a los demandantes en el caso señala que: “Este es un caso hito para el Sistema Interamericano, por cuanto que es el primer caso que documenta una situación de contaminación ambiental, particularmente de contaminación del aire, causada por operaciones empresariales en un contexto urbano”[10].

Christian Huaylinos, del Área Legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) señala que: “este caso permitirá a la Corte avanzar el contenido de las obligaciones estatales respecto a la especial protección de poblaciones que puedan estar en particular situación de vulnerabilidad, como las niñas, niños y adolescentes, así como ahora también, personas de la tercera edad. Además, de abordar la responsabilidad estatal y las obligaciones derivadas del derecho al ambiente sano como derecho autónomo, y su interdependencia con otros derechos fundamentales para la existencia humana tales como la salud, la vida y la integridad personal, así como derechos de acceso como la información, asociación y acceso a la justicia”[11]. Finalmente, Carol Mora, directora del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), despliega reflexiones a partir del caso, como es la ejecución de instrumentos obsoletos (como el caso de los PAMA) pese a la existencia de herramientas más innovadoras, así como la tendencia del Estado por invertir esfuerzos y recursos públicos para dilatar el proceso legal.

3. Estado actual y audiencias públicas

Desde el 10 al 21 de octubre se celebró el 153° Período Ordinario de Sesiones en la ciudad de Montevideo, Uruguay. El 12 y 13 de octubre tuvo lugar la Audiencia pública del caso contencioso en cuestión.[6] El cronograma que provee la Corte IDH respecto a los actos procesales es la siguiente[7]:

Estuvo presente la delegación de la CIDH compuesta por Soledad García Muñoz, relatora especial sobre Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales, Jorge Meza flores secretario ejecutivo adjunto y Daniela Saavedra abogada de la secretaría ejecutiva de la Comisión Interamericana. Por otro lado, la delegación en representación de las presuntas víctimas dirigida por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente – AIDA y la Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH.

Además, se contó con la delegación del Estado de Perú compuesta por Carlos Miguel Reaño, procurador público especializado supranacional y agente titular en el presente caso; Judith Córdoba Alba, abogada de la procuraduría pública especializada supranacional y agente alterna; José Carlos Vargas Sonco, abogado de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional; y Manuel Jesús Gallo Estévez, abogado en la procuraduría pública especializada supranacional.

Durante la audiencia, inició la participación la CIDH, la cual expuso el caso y los fundamentos ante el tribunal. Seguidamente se procedió a recabar las declaraciones de tres presuntas víctimas. Sus exposiciones giraron alrededor de los impactos que la contaminación en la ciudad de La Oroya y la operación del complejo metalúrgico de la Oroya han tenido en sus vidas familiares y comunidad. Además, se posibilitó declarar sobre las acciones que se han emprendido en busca de la verdad, justicia y reparación como en las propuestas de reparación integral que tengan respecto al caso.

En la siguiente parte se procedió con las declaraciones de los peritos. Marcos Orellana, relator especial sobre sustancias tóxicas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, detalló tres puntos: a) el derecho al medio ambiente sano engloba tanto obligaciones de aplicación inmediata como de realización progresiva; b) la protección del derecho a un medio ambiente sano por el art. 26 de la Convención Americana no se limita a su realización progresiva, sino a su ejercicio libre y pleno; y c) la progresividad es relevante en tanto los Estados deben adoptar y fortalecer leyes y estándares para hacer frente a la contaminación ambiental. Se hizo énfasis en la debida diligencia de la obligación de garantía en el goce del derecho al medio ambiente sano.

Marisol Yañez de la Cruz, profesora e investigadora de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas de El Salvador, encontró trascendencia en el sufrimiento ambiental, el cual va más allá de los efectos biológicos. Describió que no se validan las experiencias de dolor de las víctimas como la carencia de visibilidad ante el Estado y la existencia de desigualdad ambiental por el solo hecho de ser de La Oroya.

Mercedes Gallegos Quesquén fue citada para declarar sobre la evolución normativa en materia ambiental minero en el Perú desde el año 2006. Hasta la fecha se ha registrado una amplia producción de aproximadamente 47 normas de distinto rango legal: rango de ley, rango reglamentario y rango infra legal. Así también, hizo énfasis en la obligación del artículo 33 de la Convención, la que estipula considerar información de la OMS y otros organismos internacionales en materia ambiental para la elaboración de herramientas de control. Al respecto, mencionó las reformas de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) en los años 2001, 2008 y 2017.

Finalmente, se escucharon los alegatos finales de las partes y las observaciones finales de la Comisión Interamericana. La Corte agregó considerar la realización de una visita en terreno con anuencia del Estado Peruano. Se extienden los plazos para presentar los alegatos finales y observaciones finales escritas respectivamente.

A modo de cierre, la decisión de la Corte IDH será relevante para fijar un precedente jurisprudencial sobre el desarrollo del derecho a un medio ambiente sano. Igualmente se aborda la contaminación ambiental como la exposición a metales pesados y otras sustancias como afectación a la vida y salud de la población. Sin duda, significa una oportunidad para la Corte de fortalecer y promover estándares de protección de los derechos humanos.

Bibliografía

[1] Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (2020). Doe Run Perú: cronología de los hechos que marcaron el historial de la empresa minera. Extracto de El Comercio.

https://iimp.org.pe/raiz/doe-run-peru-cronologia-de-los-hechos-que-marcaron-el-historial-de-la-empresa-minera

[2] Federación Internacional por los Derechos Humanos (2013). Informe sobre la situación de La Oroya: cuando la protección de los inversores amenaza los derechos humanos.

https://www.fidh.org/es/region/americas/peru/informe-sobre-la-situacion-de-la-oroya-cuando-la-proteccion-de-los-13239

[3] Mapa de Conflictos Mineros (2021). Conflicto Minero: La Oroya: Contaminación con metales pesados y destrucción ambiental. 

https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db-v2/conflicto/view/11

[4] Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente  (2022). Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú.

https://aida-americas.org/es/protegiendo-la-salud-de-residentes-de-la-oroya-de-la-contaminacion-toxica

[5] Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (2021). Víctimas de contaminación ambiental en La Oroya, Perú, aplauden presentación del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

https://aida-americas.org/es/prensa/victimas-de-contaminacion-ambiental-en-la-oroya-aplauden-presentacion-del-caso-ante-la-corte-interamericana

[6] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2021, 14 de octubre). CIDH presenta caso ante la Corte IDH sobre responsabilidad de Perú por efectos de la contaminación en la Comunidad de La Oroya [comunicado de prensa]. 

[7] France24. (2022, 14 de octubre). Cierra audiencia de CorteIDH por caso de pueblo peruano contaminado por minera. Recuperado de: https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20221013-cierra-audiencia-de-corteidh-por-caso-de-pueblo-peruano-contaminado-por-minera 

[8] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Op. cit.

[9] El Comercio. (2013). La Oroya es la quinta ciudad más contaminada del planeta. Recuperado de: https://archivo.elcomercio.pe/sociedad/lima/oroya-quinta-ciudad-mas-contaminada-planeta-noticia-1624283 

[10] SPDA Actualidad Ambiental. (2021, 02 de noviembre). Denuncia contra el Estado peruano por contaminación en La Oroya llega a la Corte IDH. Recuperado de: https://www.actualidadambiental.pe/denuncia-contra-el-estado-peruano-por-contaminacion-en-la-oroya-llega-a-la-corte-idh/ 

[11] Ibid.

[12] Corte Interamericana de Derechos Humanos (12 de octubre del 2022). Audiencia Pública del Caso Comunidad de La Oroya Vs. Perú. YouTube.

[13] Corte Interamericana de Derechos Humanos (2021). Caso Comunidad de la Oroya VS. Perú.

https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/comunidad_la_oroya.pdf