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Articulo

Confusión política o: cómo debemos aprender a comprometernos más

En las última semanas, el Perú ha atravesado por circunstancias de inestabilidad política grave que ha trascendido de los palcos y curules congresales y de Palacio de Gobierno. Nuestro país, que disfruta de distintos entornos naturales bastante ricos y diversos divididos tanto en la selva amazónica, la cordillera de los Andes, así como los ecosistemas que provee el océano Pacífico en nuestras costas, ha atravesado apremiantes circunstancias de falta de integración tanto política como social en las últimas décadas, lo que ha implicado necesariamente un detrimento para el cumplimiento de los planes de desarrollo, planes que incluyen la materia medioambiental: un importante punto de agenda que no puede ser postergado más.

Como país con un patrimonio natural rico y diverso, Perú tiene la responsabilidad de proteger y preservar sus ecosistemas para las generaciones futuras. Sin embargo, a pesar de los numerosos retos a los que se enfrenta el medio ambiente en Perú, ha habido una falta de compromiso político para abordar estas cuestiones. Falta de compromiso que acarrea otros problemas de fondo, como lo es la inestabilidad política que refleja las constantes barreras que entre peruanos y peruanas hemos desarrollado.

Una de las principales formas en que la inestabilidad política afecta al medio ambiente en Perú es a través de la falta de planificación a largo plazo y de coherencia política. La inestabilidad política y constantes cambios de cartera ejecutiva, como viene ocurriendo cada cierto número de meses hasta ahora desde hace algunos años, puede dar lugar a un panorama político en constante cambio, con diferentes gobiernos que entran y salen del poder y aplican sus propias políticas y prioridades en la agenda política ejecutiva peruana. Esto puede dificultar la aplicación coherente de las normativas y protecciones medioambientales, ya que pueden ser desmanteladas o alteradas por cada nueva administración o, por su parte, no ser consideradas como parte de los planes de gobierno, dejándolas supeditadas a ser vulneradas.

A inicios de año, el portal Mongabay Latinoamérica [1] retrató algunos de los principales desafíos ambientales para el Perú en 2022, que incluye la resolución de los problemas concernientes a la deforestación de la Amazonía, la creación de mejores mecanismos de protección para las personas defensoras de derechos humanos medioambientales, así como las consecuencias de los constantes derrames de petróleo que acontecen, en su mayoría, en la cuenca amazónica (para entonces, no había ocurrido aún la catástrofe medioambiental que significó el derrame de petróleo de la refinería La Pampilla).

Muchos de estos desafíos fueron exhortados a los partidos políticos que participaron en los últimas elecciones generales de 2021: tal como recopiló la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, resultaba elemental, considerando la trascendencia de los retos medioambientales para el progreso del país, que “los candidatos y partidos políticos que conformarán el Congreso [puedan] poner en agenda [estas cuestiones], informarse y difundir las principales propuestas y análisis respecto a la necesaria relación entre desarrollo económico, bienestar, y respeto a nuestros ecosistemas” [2]. Sin embargo, estas propuestas apenas fueron tratadas o consideradas por los partidos políticos participantes, nuevamente nominando el progreso medioambiental como la última rueda para los intereses políticos actuales, pese a las demandas sociales que buscan cambiar el paradigma antropocéntrico de la agenda medioambiental por una en la que resalte el desarrollo sostenible.

La explotación de recursos naturales en nuestro país también se encuentra afectada por la falta de compromiso e inestabilidad política:  en tiempos de incertidumbre económica o agitación política, los gobiernos pueden ser más proclives a permitir, o ignorar, la extracción despreocupada de recursos naturales, como petróleo, minerales y madera, en un esfuerzo por generar más ingresos para el país desinteresado en los efectos nocivos a los que puedan llegar estas prácticas. Al no tener eficientes mecanismos de fiscalización para controlar las actividades extractivas formales, tanto como para evitar la actuación informal e ilegal que generan graves afectaciones medioambientales, se puede conducir a un escenario de degradación impune del medio ambiente, ya que estas actividades suelen tener efectos negativos en el ecosistema local, sobre todo si no se contempla la justicia medioambiental como un derecho o interés difuso de todos y todas.

Sobre este punto que recaba los intereses sociales en los contextos de degradación medioambiental, es que podemos reconocer que la inestabilidad política también puede dificultar la resolución de los problemas medioambientales en Perú. Por ejemplo, si hay una falta de estabilidad política y de estado de derecho, puede resultar difícil exigir responsabilidades a individuos o empresas por delitos o abusos medioambientales. Esto puede crear una cultura de impunidad, en la que quienes realizan prácticas perjudiciales para el medio ambiente lo hacen sin temor a las consecuencias.

Me es imposible no introducir entre los puntos del presente artículo la importancia de la labor de las personas defensoras ambientales en el país, por este importante criterio que reconoce la fundamental relevancia de la participación pública en la toma de decisiones en materia ambiental cuando las autoridades no cumplen a cabalidad con su rol. Involucrar a esta población dentro del debate del progreso medioambiental en la actualidad permite considerar a la participación pública como un aspecto elemental y esencial para toda elaboración o toma de decisiones en materia ambiental no solo en el Perú, sino en todas las naciones. Ello conllevaría a habilitar el escenario para que la población en general se posicione como un agente de cambio en un contexto en el que la agenda política no funciona de manera eficiente.

Habilitar la participación de los individuos y a las comunidades, sea mediante voz o voto, permitirá un debate más rico en opiniones sobre las decisiones que afectan tanto al medio ambiente, así como los derechos involucrados con estas cuestiones, sobre todo para aquellas personas que dependen directamente de las mismas. Esta temática requiere de mayor espacio para su desarrollo, y lo podrán encontrar en distintos artículos trabajados desde Conexión Ambiental.

Pero, ¿cómo es que la inestabilidad ha afectado los asuntos medioambientales en el país?

En general, la inestabilidad política en Perú ha tenido un impacto significativo en los asuntos medioambientales del país. Ha perturbado la aplicación de las normativas y protecciones medioambientales, ha contribuido a la explotación de los recursos naturales y ha dificultado la resolución de los problemas medioambientales. Para hacer frente a estos retos, será importante que Perú establezca marcos políticos y jurídicos más estables y coherentes que den prioridad a la protección y conservación del entorno natural del país.

Tomemos como el ejemplo primario de esta noción la actuación del Poder Legislativo en el contexto actual: en los últimos años se ha acusado al Congreso peruano de socavar las leyes medioambientales del país, lo que ha suscitado una gran preocupación por el impacto en el entorno natural del país.

Un ejemplo de ello es la controvertida modificación a Ley de Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas de la Ley N° 24657, por la cual el Congreso de la República permitía la legalización de las invasiones de tierras en comunidades campesinas por centros poblados, “otorgando formalidad a los invasores, vulnerando los derechos de las comunidades y sus territorios” [3]. Además de la clara vulneración de los derechos de las comunidades sobre sus tierras, esta ley facilitaría a las empresas la obtención de tierras para proyectos agrícolas y mineros, a pesar de las preocupaciones sobre los posibles impactos en las comunidades indígenas y el medio ambiente. La ley fue recibida con protestas generalizadas, y sus detractores argumentaron de manera fundamentada que conduciría a la deforestación y la destrucción de ecosistemas. Estas objeciones apenas fueron escuchadas por quienes toman las decisiones finales.

Recordemos, asimismo, que el pasado 14 de diciembre, en medio de la crisis institucional reciente a la que enfrentamos, el Congreso insistió en debatir una modificatoria a la Ley Forestal, que ha sido rechazada por múltiples organizaciones especializadas y relacionadas, por sus implicancias con la destrucción de la Amazonía, pues permitiría vulnerar los derechos de los pueblos indígenas aislados (PIACI).

Por su parte, además de estos pasajes, el Congreso peruano también ha sido criticado por no aplicar adecuadamente la normativa medioambiental vigente. Por ejemplo, las actividades ilegales de tala y minería siguen siendo un grave problema en el país, a pesar de las leyes que pretenden prohibir estas prácticas. Algunos han argumentado que la falta de cumplimiento se debe, en parte, a la influencia de poderosos intereses económicos en el sistema político.

El Congreso peruano ha sido criticado por su gestión de las cuestiones medioambientales relacionadas con las enormes reservas de petróleo y gas del país. En los últimos años, se han producido numerosos vertidos de petróleo y otros desastres medioambientales causados por la industria del petróleo y el gas, pero apenas se han tomado medidas para exigir responsabilidades a las empresas por estos incidentes. Tan solo recordemos como se ha gestionado la catástrofe ecológica del derrame de Repsol en la refinería La Pampilla que, casi por cumplirse un año de ocurrir, no se tienen las decisiones legislativas o ejecutivas necesarias para resarcir a las poblaciones afectadas, entre otras cuestiones.

Está claro, entonces, que el Congreso peruano no ha protegido adecuadamente el entorno natural del país en los últimos años. La aprobación de la Ley contra el derecho de las comunidades y sus tierras, y la falta de adecuación de la normativa ambiental vigente para enfrentar los eventos que han afectado gravemente nuestros ecosistemas han contribuido, finalmente, a los continuos problemas medioambientales del país, como la deforestación y la contaminación. Para abordar estos problemas, será importante que el Congreso peruano dé prioridad a la protección del medio ambiente y a los derechos de las comunidades indígenas en su toma de decisiones, más que abordar la agenda parlamentaria con intereses particulares que solo benefician a algunos.

Nuestro país es uno bastante rico y diverso en sus entornos naturales, pues alberga una gran variedad de especies tanto vegetales como animales, además de importantes y bastos ecosistemas que ofrecen servicios ecosistémicos elementales para todos y todas.  Sin embargo, también es un país que ha tenido problemas con la legislación medioambiental y su aplicación, lo que ha provocado una serie de graves problemas socioambientales, que actúan en detrimento tanto de la protección del medio ambiente como de las comunidades.

Como pudimos ver, una de las principales razones de estos problemas es la falta de suficiente compromiso político para abordar la legislación medioambiental de manera sólida y eficaz. A pesar de la existencia de un importante compendio legislativo medioambiental, relacionada con la protección de los recursos naturales, ecosistemas, especies, así como normativa relacionada con los derechos de las comunidades con estos elementos, estas leyes son, a menudo, mal aplicadas o incumplidas, por falta de mecanismos eficaces de fiscalización y/o adecuación en las distintas circunscripciones geográficas en nuestro país. Con ello, nuestra rica legislación no termina por abordar adecuadamente todos los complejos desafíos ambientales a los que se enfrenta nuestro país.

Un segundo factor que contribuye a los problemas medioambientales en Perú es la influencia de poderosos intereses económicos, sobre todo en las industrias extractivas como la minería y el petróleo y el gas. Estas industrias han dado a menudo prioridad a los beneficios frente a la protección del medio ambiente, lo que ha provocado la degradación de los recursos naturales y la destrucción de los ecosistemas.

Además, la corrupción y la falta de transparencia en el gobierno y el sector privado también han influido en el fracaso a la hora de abordar los problemas medioambientales en Perú. La falta de responsabilidad y supervisión ha permitido la explotación continuada de los recursos naturales sin tener en cuenta las consecuencias medioambientales a largo plazo.

Otros retos a los que se enfrenta la legislación medioambiental en Perú son la falta de concienciación pública y de comprensión de los problemas medioambientales, así como la falta de recursos y de capacidad del gobierno para aplicar y hacer cumplir eficazmente las leyes medioambientales.

¿Qué retos tenemos pendientes?

Desde la inestabilidad política a la desigualdad económica, pasando por la degradación medioambiental, Perú ha luchado por encontrar un camino que beneficie a todos sus ciudadanos.

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta Perú es la necesidad de comprometerse con el progreso socioambiental no solamente desde aquellos que ocupan alguna posición de autoridad en el país, sino desde la movilización civil en general. El país alberga una serie de ecosistemas únicos, desde la selva amazónica hasta la cordillera de los Andes, pero estos ecosistemas están amenazados por diversos factores. La deforestación, la contaminación y el cambio climático están teniendo un impacto negativo en el medio ambiente, con graves consecuencias para las personas que dependen de estos ecosistemas para su subsistencia, pero no nos hemos dado cuenta de que estamos llegando al punto límite en el que podremos cambiar completamente el rumbo al que nos dirigimos.

Para hacer frente a estos problemas, es esencial que el gobierno y los ciudadanos de Perú se comprometan a hacer verdaderos progresos en materia socioambiental. Esto requerirá una serie de acciones, considerando primigeniamente, valga la redundancia, en elaborar y aplicar políticas de conservación eficaces, tanto para áreas protegidas como para incentivar las prácticas de uso sostenible de nuestros recursos naturales. Ello requiere indubitablemente que las poblaciones exijan a sus representantes aplicar leyes destinadas a impedir las prácticas que menoscaban el medio ambiente, como se puede hacer al enfocarnos en leyes que analicen, por ejemplo, el fenómeno de la tala ilegal y sus relaciones con otros delitos contra el medio ambiente, así como de organización criminal. La intersectorialidad es clave en este punto. Proteger y conservar los ecosistemas de Perú requerirá la aplicación de políticas de conservación eficaces, como áreas protegidas y prácticas de uso sostenible de la tierra. También exigirá la aplicación de leyes destinadas a impedir la tala ilegal y otras formas de destrucción del medio ambiente.

Reforzar la normativa medioambiental y su aplicación: Esto implicará no sólo promulgar leyes y reglamentos más estrictos, sino también invertir en la capacidad de las instituciones para hacer cumplir eficazmente estas medidas. La promoción del desarrollo sostenible, en lugar de centrarse únicamente en los beneficios económicos a corto plazo, permitirá elaborar estrategias de desarrollo que tengan en cuenta las repercusiones medioambientales y sociales a largo plazo de las actividades económicas. Para ello será necesario promover industrias y prácticas sostenibles, como las energías renovables y la agricultura sostenible.

Buscar reducir la desigualdad es necesariamente un aspecto a mejorar en el país, si es que se quiere un mejor abordaje a los profundos conflictos y barreras sociales que han influenciado, también, la toma de decisiones en materia ambiental. Nuestro país tiene un alto nivel de desigualdad económica, con una parte significativa de la población viviendo en la pobreza. Para abordar este problema, el gobierno debe implementar políticas que promuevan el crecimiento económico y las oportunidades para todos los ciudadanos, incluyendo inversiones específicas en educación e infraestructura.

Fortalecer la democracia a través de mejores mecanismos de participación eficaz, considerando que nuestro país tiene una historia de inestabilidad sociopolítica profundad, es esencial para que el gobierno y los ciudadanos trabajen juntos para construir una democracia fuerte y estable. Esto requerirá la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, así como la protección de los derechos humanos. Implicar a la sociedad civil cumple, entonces un rol elemental: las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades locales tienen un importante papel que desempeñar en la protección del medio ambiente y la defensa del cambio. Es esencial que el gobierno se comprometa con estos grupos y trabaje para construir un movimiento fuerte e inclusivo para el progreso medioambiental.

Comprometiéndose a llevar a cabo estas acciones, Perú puede trabajar hacia un futuro mejor que beneficie a todos sus ciudadanos y preserve la belleza natural del país para las generaciones futuras. Es esencial que el gobierno y los ciudadanos se unan para abordar estos retos y crear una sociedad más sostenible y equitativa. Depende de todos y todas -gobierno, sociedad civil y ciudadanos individuales- actuar y crear un futuro mejor para el Perú.

Bibliografía:

[1] Sierra, Yvette (2022). Los desafíos ambientales para el Perú en 2022: reducir la deforestación de la Amazonía, proteger a los defensores ambientales y mirar el mar y los ríos. Mongabay Latinoamérica.
https://es.mongabay.com/2022/01/desafios-ambientales-para-el-peru-en-2022/

[2] Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (2021). SPDA: “Los problemas ambientales no deben permanecer invisibles en la segunda vuelta”. SPDA – Actualidad Ambiental.
https://www.actualidadambiental.pe/spda-problemas-ambientales-no-deben-permanecer-invisibles-en-la-segunda-vuelta/

[3] Baldovino, Silvana (2022). [Opinión] El constante despojo de los territorios comunales: avalando la pérdida de sus derechos. SPDA – Actualidad Ambiental. https://www.actualidadambiental.pe/el-constante-despojo-de-los-territorios-comunales-avalando-la-perdida-de-sus-derechos/

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