En las últimas dos semanas, hemos sido testigos de importantes acontecimientos que han marcado la vida de nuestro país. Más allá de ello, a lo largo de los últimos 5 años, y en especial, durante el gobierno de Martín Vizcarra, la figura de la incapacidad moral permanente como causal de vacancia presidencial según el artículo 113° de la Constitución Política del Perú, ha venido siendo utilizada de manera abusiva por el Congreso de la República. Durante la noche del 9 de noviembre, 105 congresistas decidieron vacar al ex presidente Vizcarra (quien venía siendo investigado preliminarmente por la Fiscalía de la Nación, por el caso del “Club de la Construcción”), lo cual, se convirtió en un acto que desató una grave crisis política en el marco de otras crisis de carácter sanitario y económico.
Respecto a las recientes protestas a lo largo del país y la aún investigada represión policial, acorde al artículo 46° de la Constitución (que sustenta el derecho a la insurgencia) y al artículo 2°, inciso 12, del mismo documento, reafirmamos nuestro legítimo derecho a la protesta pacífica tanto presencial (en diversos puntos del país), así como en redes sociales, ya que dichas plataformas han tenido un rol importante dentro de la evolución de la crisis política en el país.
Por otro lado, la cuestionable actuación por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) también ha sido un tema estrechamente ligado a la protesta, que ha traído como resultado decenas de compañeros heridos, desaparecidos y dos personas fallecidas, Inti Sotelo y Bryan Pintado, quienes se han convertido en referentes de la protesta ciudadana y cuyos lamentables fallecimientos no fueron en vano. En efecto, como consecuencia de los graves acontecimientos del 14 de noviembre, al día siguiente, el presidente de facto, Manuel Merino de Lama, dimitió al cargo en una decisión que fue ampliamente respaldada por la ciudadanía. Por último, pero no menos importante, debemos llamar la atención sobre la violencia de género ejercida por parte de la PNP durante el contexto de represión.
A una semana de los hechos, la ausencia de responsabilidades penales es grave, ya que fomenta la cultura de la impunidad. Por consiguiente, las entidades competentes no pueden ser indiferentes y deben actuar. Los ciudadanos exigimos que se haga justicia y que las familias afectadas por la violencia estatal reciban una compensación adecuada por el daño causado.
Con relación al tema que nos concierne, durante esta etapa de crisis, se presentaron dos Proyectos de Ley (6639/2020-CR y 6641/2020-CR), que evidenciaron la poca importancia que el Estado le brinda al medio ambiente. De igual forma, el nombramiento de Lizzet Rojas como Ministra del Ambiente evidenció la falta de preocupación por la institucionalidad ambiental, pues la persona en mención no tenía la debida experiencia para asumir una cartera tan importante, ni hacer frente a los retos de la misma.
Nosotros, como Consejo Editorial de Conexión Ambiental, como estudiantes y como ciudadanas y ciudadanos peruanos, creemos que lo ocurrido durante este mes no debe volver a repetirse, por respeto a las personas que han sufrido algún tipo de daño con motivo de la violencia desatada, así como por amor a nuestro país (tanto el que heredamos hoy, como el que construiremos mañana). Lamentamos que, desde la perspectiva del Tribunal Constitucional, los recientes hechos no ameriten un mayor tratamiento de la figura de “incapacidad moral”, con miras a evitar que esta se vuelva una herramienta susceptible para desatar crisis políticas, sociales y económicas cíclicas, y motivadas por intereses particulares. Nos comprometemos a defender los ideales que nos representan y que (esperamos) nos acompañen durante el ejercicio de nuestra vida profesional. Finalmente, en particular, asumimos como propia la defensa de nuestro medio ambiente, el cual es presupuesto básico para el ejercicio, siquiera, de cualquier derecho posible.
Imagen tomada de El Tiempo: https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/peru-piden-renuncia-de-manuel-merino-en-peru-549139
