Con motivo de la celebración de la semana temática “Personas desplazadas en contexto de desastres y cambio climático”, evento colaborativo entre el Equipo de Derecho Ambiental y el Equipo de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, las alumnas Silvana Domínguez y Andrea Gómez correspondientes a cada uno de los equipos mencionados respectivamente, entrevistaron a una experta en la materia del derecho ambiental para que nos esclarezca el panorama con respecto al rol que desempeña el desarrollo sostenible en la garantización de los derechos humanos. En consecuencia, en esta oportunidad nos acompaña Ileana Rojas, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, habiéndose desempeñado también como consultora en el Ministerio del Ambiente.
Cabe precisar que, el desarrollo sostenible es un principio que implica la búsqueda de un equilibrio entre diversos ámbitos como el económico, social y ambiental. Sin embargo, para conseguir este balance es menester que las acciones encaminadas a este fin sean multidisciplinarias y diversas. Es por ello que, uno de los pilares transversales es la protección de los derechos humanos. De esta misma forma lo concibe la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidos para los Derechos Humanos cuando en la “Agenda 2030 reconoce que las economías inclusivas y participativas, y las sociedades en donde los gobiernos deben rendir cuentas, logran mejores resultados para todos, sin dejar a nadie atrás”.
Entre las principales propuestas se encuentran las acciones encaminadas a que las autoridades estatales adopten y apliquen leyes, políticas y estrategias sobre la tierra y la vivienda que cada vez cumplan mejor con los derechos humanos; así como que las políticas y los planes medioambientales y climáticos respeten, protejan y acaten cada vez mejor estos.
01. ¿Cómo se relacionan los derechos humanos con la sostenibilidad?
Es una relación simbiótica y necesaria no sólo para la subsistencia humana, sino sobre todo para una vida digna. Recordemos que la dignidad es la base de los derechos humanos y estos, a su vez, son la base del desarrollo sostenible. Esta importante relación es reconocida por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye los 17 “Objetivos del Desarrollo Sostenible”, los cuales tienen como propósito ser un “plan para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos”.
Cada uno de los objetivos está directamente relacionado con los derechos humanos de todas las generaciones y abarcan las tres dimensiones del triángulo de la sostenibilidad: la social, la económica y la ambiental. Dentro de la lógica de la sostenibilidad, no puede existir desarrollo humano sin equidad social, y sin un ambiente sano y equilibrado, cubriéndose las necesidades del presente sin comprometer las necesidades del futuro.
La misma Agenda 2030 (aunque no en exclusiva) reconoce la necesaria coexistencia de estos tres aspectos del triángulo de la sostenibilidad, a partir de la promoción de economías inclusivas y participativas, además de gobiernos transparentes y garantes de derechos humanos: en suma, no se puede entender el crecimiento de los países sin sostenibilidad.
02. ¿Qué medidas recomienda usted implementar para lograr el desarrollo sostenible a través de la garantía de los derechos humanos?
En primer lugar, cualquier medida que pretenda implementar el desarrollo sostenible no solo debe ser respetuosa y garante de los derechos humanos, sino además considerar las especiales necesidades de grupos en situación de vulnerabilidad y de la diversidad humana en todas sus formas. Así también, resulta imprescindible la participación ciudadana desde la etapa de construcción de las medidas, hasta su implementación y posterior evaluación.
Para ello, los gobiernos tienen la responsabilidad de generar condiciones previas para que el diálogo ciudadano se lleve a cabo de manera óptima y en igualdad de condiciones. Debemos saber que el diálogo es el corazón de cualquier proceso de participación ciudadana en una democracia.
Estas condiciones previas se traducen en el cierre de brechas (sociales, económicas, etc.) y tienen el efecto de reducir la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran ciertos grupos. Estos grupos tienden más bien a ser el grueso de la población en países con un alto grado de desigualdad, como lo sigue siendo lamentablemente el nuestro.
Todo esto resulta plenamente coherente con el triángulo de la sostenibilidad. En ese sentido, solo generando estas condiciones podría hablarse de las medidas más idóneas para procurar el desarrollo sostenible, sea que hablemos de medidas a nivel nacional o internacional, vinculantes u orientativas. Claro que el nivel de dificultad para generarse dichas condiciones es distinto en países con una mayor carga financiera que en los que tienen una menor carga. Por eso es necesario también enfocar las luces sobre la desigualdad (e injusticia) entre los países, es decir, en el hecho de que los países que están asumiendo una mayor responsabilidad son paradójicamente aquellos que menos han tenido que ver con los impactos negativos al ambiente, y viceversa.
En cualquier caso, las medidas para implementar el desarrollo sostenible deben considerar: las particularidades de cada sociedad; las necesidades de cada grupo social (identificadas desde los grupos sociales); la transversalización de los enfoques diferenciados, como los de derechos humanos, género, interculturalidad, etc.; la articulación institucional estatal y, sobre todo, con la sociedad civil organizada; la proporcionalidad en la atribución de responsabilidades de acuerdo al nivel de impacto negativo al ambiente; así como los escenarios a corto, mediano y largo plazo.
Sobre el último punto, muchas veces las autoridades prefieren adoptar medidas inmediatas y con resultados visibles a corto plazo, a las cuales generalmente acuden como estrategia para perpetuarse en el poder, puesto que se suele priorizar la atribución de la autoría de las medidas. Por eso, también es fundamental abordar la sostenibilidad desde la gobernabilidad y la democracia, que son los escenarios ideales (y necesarios) para la garantía de los derechos humanos.
03. Teniendo en cuenta que uno de los problemas sociales que enfrenta la mayoría de países en desarrollo es la pobreza, ¿cree conveniente implementar una perspectiva de sostenibilidad en las políticas públicas que tienen por finalidad erradicar la pobreza y pobreza extrema?
No solo es conveniente, sino además necesario para lograr un verdadero crecimiento de país. La transversalización de la sostenibilidad en todas las políticas públicas (y no solo en las sociales) es crucial para su efectividad y permanencia. En particular, en los países con un alto grado de desigualdad y pobreza, como el nuestro, uno de los mayores obstáculos que tiene la población en situación de vulnerabilidad para el pleno ejercicio de sus derechos humanos es encontrarse día a día con brechas de todo tipo: sociales, económicas, tecnológicas, lingüísticas, etc.
Esta situación no viene de ahora, y no va a desaparecer con iniciativas aisladas o medidas asistencialistas, que solo constituyen paliativos temporales y superficiales. En el mejor de los casos, este tipo de iniciativas van a apagar pequeños montículos de fuego, pero no van a atender las verdaderas causas de los problemas de fondo, que son predominantemente estructurales.
Y, ante problemas estructurales, se hacen necesarios cambios estructurales: así, por ejemplo, una perspectiva de sostenibilidad en todas las políticas públicas resulta coherente con la sostenibilidad en sí, para cuya implementación se exige que la misma se haga presente en todas las medidas económicas, sociales y ambientales, porque cada una de ellas tiene un impacto tanto en las necesidades del presente como las de las futuras generaciones.
CONCLUSIONES:
Prevemos que la sostenibilidad no se limita a aspectos meramente ambientales como suele pensarse, puesto que, además de ser un principio rector, es una herramienta versátil que impacta en el desarrollo de diversos ámbitos. Por ejemplo, en lo que respecta al jurídico-normativo, tenemos a la garantización de los derechos humanos con la promulgación de disposiciones y/o mecanismos que prestan íntegra protección a grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad; o en lo social, a través de la incorporación de un enfoque de sostenibilidad en las políticas públicas que tratan de resolver la problemática de la pobreza y la pobreza extrema.
A nivel internacional, en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas se enfoca a la sostenibilidad desde tres dimensiones que, precisamente, abarcan el resto de ámbitos involucrados en el progreso de una sociedad. Estas dimensiones son la social, la económica y la ambiental. Partiendo de estas dimensiones, es que se habla de un “triángulo de la sostenibilidad”, el cual permite que los gobiernos nacionales trabajen economías sostenibles e inclusivas mediante el acceso a oportunidades para los sectores más vulnerables de la sociedad, como es el caso del pequeño agricultor y las áreas rurales que tienen un alto índice de pobreza.
Por ende, entendemos que la sostenibilidad nos encamina hacia la construcción de un ambiente óptimo para nuestro desarrollo personal y, en consecuencia, de mejoras en nuestra calidad de vida. En este mismo sentido, consideramos que la implementación de programas o políticas públicas que contengan un enfoque de sostenibilidad permite la garantización de derechos humanos porque demanda que se desplieguen acciones específicas para cada una de las dimensiones mencionadas, concretando un progreso de la sociedad que tenga por eje central el buen funcionamiento de la democracia, el respeto hacia la gobernabilidad y el aseguramiento de una vida digna de todo ciudadano.
