Por Aída Gamboa, Politóloga y Magíster en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y coordinadora del Programa Amazonía de DAR.

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático Número 26 (COP 26), es el órgano supremo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático compuesto por líderes mundiales que toma decisiones para enfrentar esta problemática. Esta convención tiene como objetivo estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero «a un nivel que impida interferencias antropogénicas (inducidas por el hombre) peligrosas en el sistema climático».

 A partir de esta Convención, se construyó el Acuerdo de París, que incluye los compromisos de todos los países de reducir sus emisiones y colaborar para adaptarse a los efectos del cambio climático, así como llamamientos a los Estados para que fortalezcan sus compromisos a lo largo del tiempo. Además, la aplicación del Acuerdo es fundamental para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que ofrece una hoja de ruta para las medidas climáticas que reducirán las emisiones y aumentarán la resiliencia al clima.

Año tras año los efectos del cambio climático y sus impactos continúan, principalmente a las poblaciones más vulnerables, como los pueblos indígenas que, según el Banco Mundial, ocupan hasta un 22 % de la superficie terrestre y sus territorios protegen el 80  % de la biodiversidad del planeta. Sin embargo, existen diversas actividades productivas y económicas, con el sector industria que viene generando casi el 20 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI).

Adicionalmente, venimos afrontando a nivel mundial una crisis profunda sanitaria que refleja las desigualdades existentes pues ha impactado a estos pueblos no solo por la situación de exclusión producto de la falta del enfoque intercultural en los servicios públicos de muchos países, sino por las diversas agresiones que enfrentan por la defensa de sus territorios como la práctica de la tala ilegal, la minería ilegal, agricultura ilegal y el cultivo ilícito de coca, así como la continuidad de conflictos socioambientales alrededor de proyectos extractivos o de infraestructura.

Esto ha incrementado el nivel de vulnerabilidad de los defensores ambientales. Este grave escenario es evidenciado en el informe de Frontline Defenders 2020, el cual revela que en el año pasado fueron asesinados 331 defensores de derechos humanos en el mundo, de los cuales el 69% laboraba en la defensa de la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. De los 331 asesinatos registrados, 264 se presentaron en el continente americano. En Perú, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) registra 15 asesinatos.

En un contexto así, cobra relevancia lo compromisos logrados durante COP26 llevada a cabo en Glasgow, específicamente al anuncio que hicieron los gobiernos de Escocia, el Reino Unido, Noruega, Alemania, EE. UU. y los Países Bajos, en colaboración con 17 donantes, de apoyar con $ 1.700 millones a las comunidades indígenas y poblaciones locales que protegen los bosques. Financiamiento que representa un avance significativo para los pueblos indígenas en la lucha contra el climático, pues es respuesta a las demandas de las organizaciones para que las acciones climáticas respondan a sus necesidades.

El fondo busca apoyar en la implementación de los derechos de tenencia de los bosques para comunidades locales e indígenas. Sin embargo, un tema importante que se debió abordar en la COP es la titulación integral y colectiva de sus territorios, la consulta previa de estos financiamientos e iniciativas en la Amazonía, así como los asesinatos continuos como defensores del bosque. En ese contexto, se debe apuntar a garantizar la seguridad jurídica de los territorios indígenas (titulación, georreferenciación y gobernanza indígena), procesos de consulta y participación efectivos ante proyectos y financiamientos internacionales, y protección efectiva a las y los defensores indígenas.

De esa manera, las comunidades, podrán enfrentar de mejor manera el cambio climático, la apropiación ilícita de recursos naturales y la deforestación en la Amazonía. Por otro lado, es necesario que se establezcan criterios para cuáles van las organizaciones y comunidades que recibirán dicha donación, es necesario que haya mecanismos para que los fondos lleguen de manera directa a las comunidades y que otros actores van a participar en este proceso como los gobiernos nacionales, instituciones multilaterales, agencias de naciones unida, entre otros.

Según un estudio de Rainforest Foundation, las comunidades y organizaciones indígenas reciben menos del 1 % del financiamiento climático destinado a reducir la deforestación. Entonces, uno de los retos principales es que estos fondos puedan llegar directamente a los territorios sin necesidad de intermediarios y determinar la distribución por continentes. Por ello, adicionalmente, el proceso de construcción e implementación de estos fondos deben realizarse de manera participativa con los pueblos indignas. Lo que implica integrar sus conocimientos y soluciones ancestrales, así como el respeto de sus derechos en todo el proceso.

En el caso de Perú, se cuenta con diversas herramientas para la lucha contra el cambio climático, como la ley y el Reglamento de Cambio Climático, la Estrategia Nacional y la Comisión Multisectorial sobre el tema, además ya ha determinado sus compromisos en cuanto a mitificación y adaptación. Por ello, es indispensable que se publique periódicamente los inventarios nacionales de emisiones, información sobre la implementación de las contribuciones nacionales y los aportes en financiamiento climático. Asimismo, que todos los procesos y mecanismos se implementen con participación y transparencia, incluyendo a la sociedad civil y pueblos indígenas.

En cuanto al financiamiento acordado en la COP26 este deberá ejecutarse directamente a las comunidades, para ello el Estado peruano pude participar siendo un garante para que esto suceda y también para brindar las facilidades las organizaciones y pueblos, fortaleciendo sus capacidades u acordando mecanismos de participación del Estado que generen proyectos o iniciativas a las comunidades. Los pueblos indígenas pueden ser ejecutores del gran financiamiento climático que se va a dar en los próximos años, para ello es necesario que se generen las alianzas con los actores de confianza que les permita fortalecerse a nivel administrativo, financiamiento y técnico.  El Estado peruano puede ser este actor fundamental en este proceso. 

Bibliografía

Banco Mundial (2008). The Role of Indigenous Peoples in Biodiversity Conservation. The Natural but Often Forgotten Partners. Redactado por Claudia Sobrevila. Washington, D.C.: Banco Mundial. Disponible en: http://www.bancomundial.org/es/topic/indigenouspeoples

Frontline Defenders (2020). Análisis global de Front Line Defenders 2020. Disponible en: https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/global_analysis_2020_spanish_web.pdf

Rainforest Foundation Norway (2021). Falling short: Donor funding for Indigenous Peoples andlocal communities to secure tenure rights and manage forests in tropical countries (2011–2020). Disponible en: https://www.regnskog.no/en/news/falling-short