En el marco de la Semana de la Educación Ambiental, Pablo Peña, magíster en gestión ambiental por la Universidad de Yale y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), nos comparte una reflexión acerca de sus experiencias como estudiante y docente en temas medioambientales.

La educación en el Derecho Ambiental presenta un reto doble: se beneficia de un pensamiento interdisciplinario y requiere estar dispuesto a seguir aprendiendo continuamente. Demoré tres años en terminar mi tesis de Derecho Ambiental porque, además de falta de disciplina, la ley forestal que estaba estudiando fue cambiada dos veces en el contexto del ‘Baguazo’. Este es un ejemplo extremo, ciertamente, pero ilustra que el Derecho Ambiental es muy dinámico y que quedarse estático con lo que aprendimos alguna vez en las aulas, es insuficiente.

Tomé mi primera clase de Derecho Ambiental a inicios de 2005, con el profesor Carlos Andaluz. Aún no teníamos una Ley General del Ambiente (que acaba de cumplir quince años), aprendíamos cuán difícil era actualizar la Ley General de Aguas que estaba vigente desde finales de los 60’s, y cómo la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), aprobada cuatro años antes, “pronto” iba a entrar en vigor cuando se aprobara su reglamento (demoraría cuatro años más, ¡hasta el 2009!). Obviamente, tampoco teníamos la institucionalidad ambiental actual, sin un Ministerio del Ambiente ni certificador o fiscalizador ambiental especializados e independientes de los sectores, Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) y Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), respectivamente. Aprender sobre regulación ambiental, y las instituciones que la soportan, es una tarea constante.

Algunas de las personas de quienes más he aprendido Derecho Ambiental no son abogados. Cuando llegué a Madre de Dios, a pocos años de haber egresado, trabajé con un grupo de ingenieras forestales y biólogos de conservación. Conocían bien las normas y, más importante aún, entendían cómo navegarlas en la realidad. Conducimos talleres participativos para explicar la regulación forestal a los castañeros en el campo, que rápidamente tuvimos que convertir a espacios de escucha activa en vez de clases con PowerPoint en salones comunales. Los castañeros y las castañeras, que entendían mejor que yo la regulación ambiental aplicada a sus problemas, fueron grandes maestros y maestras. En una de esas sesiones, luego de explicar la regulación que restringía el acceso a un área protegida, una antigua castañera levantó la mano para criticarla: “¿por qué no la cambian?”—demandó—“la ley no está escrita en piedra; ella no come, nosotros comemos.” Hasta ese momento, habiendo aprendido la legislación en múltiples horas de clase, rara vez se me había ocurrido que gran parte ejercer el Derecho Ambiental es criticarlo y ayudar a mejorarlo.

Este año, durante dos clases sucesivas todos los sábados, olvido por algunas horas que estoy físicamente solo hablando sobre Derecho Ambiental frente a una computadora. En la primera, alumnos y alumnas de pregrado de la facultad de derecho discutimos sobre las normas de recursos naturales y gestión ambiental desde un punto de vista integrador que recoge saberes de otras ramas del derecho, alimentados por reflexiones y evidencia provistas por otras disciplinas de las ciencias naturales y sociales. En la segunda clase, de un posgrado de legislación y política ambiental, mis pocos estudiantes que son abogados y abogadas, y yo, seguimos aprendiendo de las intervenciones críticas de una mayoría de alumnos y alumnas que son ingenieros. Esta interdisciplinariedad es clave para aprender el Derecho Ambiental, y aprehender su contexto y complejidades. Nos enriquece a todos.

Durante la maestría me beneficié de la misma interacción interdisciplinaria. A pesar de estar formalmente dentro de la facultad de derecho, las diferentes clases de Derecho Ambiental—desde regulación hasta derecho del cambio climático—estaban abiertas a alumnos de varias otras facultades. La interdisciplinariedad de esos cursos era por diseño. Este semestre, hemos tenido nuestro primer alumno de otra facultad que llegó al curso por curiosidad propia. Sus intervenciones durante las clases, y fuera de ellas en los trabajos grupales, seguro mejoraría el aprendizaje de todos nosotros. Pero debería ser solo un primer paso; hay una oportunidad grande de diversificar cursos como los de Derecho Ambiental, por naturaleza interdisciplinarios, promoviendo la partición de alumnos de otras carreras. En varios sentidos, esto es un mejor reflejo de la vida profesional.

Es difícil para cualquier profesor de derecho mantener la atención de sus alumnos, pero, en eso, la realidad puede dar una ventaja a la enseñanza del Derecho Ambiental. Podemos discutir sobre estándares de calidad ambiental para ruido o la reciente modificación a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, poniendo ejemplos de los vecindarios donde viven los y las estudiantes. Y remontarnos al pasado cercano, a fines del segundo gobierno de Alan García, para hablar del contexto histórico en el que la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos dinamizó la creación del Ministerio del Ambiente en el Perú. También podemos debatir grupalmente sobre un conflicto socio ambiental actual, poniéndonos diferentes gorros desde donde percibir críticamente el derecho en la teoría y en la práctica. Y el contexto de la pandemia fue propicio para discutir con más claridad las normas para controlar el tráfico ilegal de fauna silvestre o qué instrumentos del derecho servirían para el green recovery.

También podemos hacer visitas y conocer qué funciona de la legislación ambiental, qué no, y—quizá más importante aún—para quién o por qué. Cuando era estudiante de pregrado aprendí tanto o más de los viajes de estudio que de las clases en el salón. Pudimos interactuar directamente, aún así fuera solo por unos días, con los actores principales de los varios temas ambientales y sociales que estudiamos en la pizarra. Virtualmente, recreamos eso hace poco en una clase, con una invitada que nos habló directamente desde Puerto Maldonado sobre los defensores ambientales en la selva. En un futuro post-pandemia, nuestro grupo de clase podría entender mejor los retos del derecho caminando en sus bosques.

Un estudio del derecho que no acaba y que nos reta a mirar más allá de nuestras aulas y disciplinas, puede ser una mala noticia para quienes tienen un interés pasajero, pero una muy buena para quienes—hoy, en el 2020—están preocupados y ocupados por construir el Perú que queremos (parafraseando a Pedro Solano, ex director de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental). A estos preocupados y ocupados: sazónenlo con entusiasmo ambientalista y una pizca de optimismo para mejores resultados.

[*] Imagen tomada de la página web “¿Qué es Educación Ambiental?” del Ministerio del Medio Ambiente de Chile. (https://educacion.mma.gob.cl/que-es-educacion-ambiental/)