Escrito por Valeria Torres, Directora del Área de Eventos del Equipo de Derecho Ambiental y Presidenta del Taller de Derecho PUCP.
Las nociones de privilegio y no discriminación con la rama del Derecho en la que las personas desean especializarse tienen un vínculo. En un curso de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se planteó la siguiente pregunta: ¿Qué fue el derecho para nuestras bisabuelas?” una interrogante que puede tener numerosas respuestas basadas en las experiencias y oportunidades de cada una, respuestas tales como “una herramienta para acceder a la justicia” o una respuesta como “el derecho es algo inexistente”. Respuestas como la última, nos permiten percatarnos de las diferencias de tales tiempos y que no todas nuestras bisabuelas contaban con las mismas “condiciones”. En una pregunta tan simple se puede visibilizar tres aspectos bien marcados. En primer lugar, algunas personas tienen más privilegios que otras y gracias a estos privilegios es posible que puedan acceder a la que debería ser función primordial del derecho (cabe resaltar que existe un amplio debate sobre lo que vendría a ser la función principal del derecho). Enn segundo lugar, debido a la discriminación, muchas de estas bisabuelas no fueron ni siquiera tomadas en cuenta por el derecho y es por este motivo que no lo podían “conocer”. Por último, esta interrogante al igual que ambas respuestas siguen siendo vigentes hasta la fecha, ya que para muchas personas en nuestro país el derecho sigue siendo inexistente, a pesar de haber pasado al menos unos 60 años de diferencia entre el tiempo de nuestras bisabuelas y nosotros, muchos se encuentran en la misma situación y en especial grupos históricamente discriminados como lo son las poblaciones indígenas.
Vale la pena destacar que, es importante iniciar introduciendo mi postura como autora, ya que la rama de interés en la que deseo especializarme es el Derecho Ambiental. Esta especialización abarca temáticas como los delitos ambientales, pueblos indígenas, entre otros. Las diferentes poblaciones originarios del país vienen luchando con el paso de los años contra la indiferencia del estado y una nación que en muchas ocasiones no respeta y busca eliminar su cultura, porque, lo que para ellos es una forma de vida, para muchos otros es un impedimento para sus fines lucrativos. Tal y como se menciona en el texto de Ramón León & Juan José Tan Marúnez “el racismo soterrado en la sociedad peruana, da fuerza al sentimiento de “que no somos iguales”, de que unos valen más que otros, y sirve así de sustento a un orden social de escasa movilidad y al autoritarismo” [1] es bajo este sistema que nuestro país se ha ido fraccionando y si bien en algunos sectores y ciudades el acceso a ciertas oportunidades es más grande en comparación de años atrás, no se puede decir lo mismo de los lugares alejados a las grandes ciudades. Bajo esta línea de análisis, cuando se usa el término oportunidades esto engloba a los servicios básicos como educación, acceso a la justicia y a la seguridad que exigen para sus tierras. En este caso no solo hablamos de discriminación por ser perteneciente a un pueblo indígena, sino que a su vez hay que adicionar que a las mujeres de las comunidades se les discrimina también por su condición de mujer. A inicios de este año en un evento titulado “¿Autonomía u olvido?: Una mirada a la situación actual de los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas” una defensora ambiental y dirigente y líder del pueblo Shipibo Conibo llamada Diana Mori dio su testimonio sobre las diferentes dificultades que habían afrontado tanto ella como las mujeres de su pueblo para acceder a la educación, visibilizando de primera mano lo que día a día tienen que afrontar en su propio país.
Actualmente, a puertas del bicentenario de nuestro país, las brechas discriminatorias se han ido acrecentando. ¿Podemos esperar que en un futuro cercano se logre encontrar alguna solución contra las mismas? Tal y como se menciona en el texto de Yuri Escalante “El problema surge cuando, teniéndose un derecho legítimo, este es denegado, anulado o restringido debido a la condición de diferencia étnica” [2]. Los pueblos indígenas son una muestra de nuestra identidad como país, pero en vez de incentivar la conservación de esta, se está incentivando a que sean olvidadas y dejadas de lado, ya que el mensaje que se le da por parte de la sociedad es de exclusión por ser menos que los demás. Nos encontramos ante un panorama bastante desolador y es por esta misma razón que es tan importante darle visibilidad a este grupo históricamente olvidado y golpeado por distintos delitos ambientales que afectan sus tierras. El estado no solo permite que la discriminación se siga perpetuando, dejando de lado a las comunidades, sino que a su vez las está obligando a extinguirse, al no darle un adecuado sistema de acceso a la justicia. Un gran ejemplo es la no ratificación del acuerdo de Escazú que tenía dentro de sus principales ejes el acceso a la justicia de las comunidades al igual que el derecho al acceso a la información, ya que, es por medio de este derecho que los diferentes pueblos pueden velar por su cultura y tierra.
Lovatón afirma que “durante gran parte de nuestra historia colonial y republicana la expresión “indio” o “indígena” ha tenido una connotación peyorativa: se entendía que referirse o llamar a una persona como “indígena” o “indio”, era discriminatorio, casi un insulto” [3]. El derecho debe usarse como herramienta para la población no como un impedimento para la obtención de justicia y buscar eliminar estas diferencias. Actualmente los diferentes entes reguladores en materia ambiental están haciendo esfuerzos por tratar de garantizar este acceso a sus plataformas. Sin embargo, es necesario ponerle más énfasis a esta misión brindarles la asesoría necesaria para que puedan aprender a presentar denuncias de manera adecuada y que estas sean atendidas en la medida de lo posible. Asimismo podemos hablar de otros avances con respecto a los pueblos indígenas como se menciona a continuación “el Tribunal Constitucional (TC) ha hecho aportes jurisprudenciales importantes a favor de algunos derechos fundamentales de los pueblos indígenas, como es el caso del derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, es aún insuficiente lo que ha construido en torno al derecho a la igualdad y no discriminación de los pueblos indígenas, si se le compara con la jurisprudencia de la Corte interamericana de derechos humanos” [4] . Además, se debe buscar que los pobladores tengan un papel fundamental en las controversias y la solución de estas, no relegarlos e imponerles una decisión que los va a afectar.
A modo de conclusión, las problemáticas para solucionar son numerosas y mientras más se analice más son las dificultades que podemos encontrar. Sin embargo, no es motivo para no empezar a cambiar el panorama. Utilicemos las herramientas y privilegios que poseemos para brindar apoyo a aquellos que históricamente no han podido acceder a ellos todavía. El deber del estado es escuchar y brindar las herramientas necesarias a aquellos que se encuentran menos protegidos. Buscar mejores mecanismos para la protección contra delitos como la minería ilegal, derrames, caza ilegal de animales, y apoyar a los defensores ambientales y su ardua labor. No se deben seguir generando obstáculos, no podemos llegar a los 200 años de nuestra independencia buscando anular sus votos en las elecciones, negando la ratificación del acuerdo de Escazú que lo único que va a generar es darles mejores condiciones a los pueblos indígenas. Tenemos que llegar demostrando al país que todos importamos y que todos merecen acceso a una justicia adecuada. Asimismo, se espera que de aquí a 10 años la pregunta ¿qué es el derecho?, pueda tener una respuesta más alentadora para este grupo vulnerable de nuestra nación y no continuar con la misma respuesta. El Estado tiene un rol muy importante para impulsar la visibilización de este grupo para que la discriminación no sea un problema más que afrontar para los pueblos indígenas.
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Bibliografía
[1] León, R., & Tan Martínez, J. (1998). Humillados y ofendidos: un estudio acerca del desprecio y la discriminación en el Perú. Revista De Psicología, 45-81. https://doi.org/10.18800/psico.199801.003
[2] Escalante, Y. (2009). Derechos de los Pueblos Indígenas y Discriminación Étnica o Racial. México: CONAPRED. http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/655
[3] Lovatón, David. (2020). Evaluación de la igualdad y no discriminación de pueblos indígenas en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. Estudios constitucionales, 18(2), 185-220. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-52002020000200185
[4] Iturralde, D. (2004). Pueblos indígenas, derechos económicos, sociales y culturales, y discriminación. Revista IIDH, 39. https://www.corteidh.or.cr/tablas/R06729-7.pdf
