Escrito por Fiorella Almanza, miembro del Consejo Editorial de Conexión Ambiental
La semana pasada se dieron las primeras negociaciones con la población de Espinar para detener la fuerza armada y poder llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes, acuerdo que definió que se entregarán mil soles a cada ciudadano [1]. Sin embargo, los sucesos que vienen ocurriendo en Espinar, no se detendrán con un bono de mil soles solventado por la empresa minera involucrada. Por el contrario, este únicamente sería un paliativo para calmar los enfrentamientos diarios que venían ocurriendo en dicha área.
¿Qué quiere decir ello? El Estado peruano no está subsanando ningún problema: solamente está postergando una crisis que ocurrirá eventualmente, una crisis que, a futuro, ya habrá cobrado más vidas y derechos de pobladores que se estarían viendo vulnerados ante intereses económicos mayúsculos. Los sucesos violentos ocurridos en Espinar y la posterior negociación no son el problema entero, sino que son solo un estudio de caso de un modus operandi empleado por el Estado para tratar con conflictos socioambientales. En este momento, existen dos conflictos socioambientales que la Defensoría del Pueblo aún cataloga como vigentes: Conga en Cajamarca, y Las Bambas en Apurímac. Son dos conflictos que se encuentran postergados mediante beneficios que la población acordó recibir tras las negociaciones con el fin de evitar el retomo de fuerza armada. Sin embargo, es perfectamente posible que, en esta época, volvamos a tener un gabinete con posturas pro-empresa y pro-minería como el del anterior Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, razón por la cual se podrían reactivar los conflictos en zonas críticas al retomar las acciones mineras. Eventualmente se retomará el conflicto pero, mientras ello ocurre, podemos ver cómo es que existen comunidades que llevan más de diez años esperando que el Estado les brinde seguridad y asegure que sus derechos fundamentales no serán vulnerados. La soga siempre se rompe por el lado más delgado, y las negociaciones realizadas los ponen por el lado en el que pueden perder. ¿Es realmente ético que el Estado mantenga esta política?
Para analizar este tema, se debe tomar en cuenta que se está tratando con comunidades vulnerables que, si bien buscarán obtener tranquilidad y seguridad de forma permanente, también podrían acceder a una pausa en el empleo de la fuerza. A largo plazo, el uso prolongado de la fuerza no es viable para ninguna de las dos partes; sin embargo, los daños colaterales y directos de la controversia afectarán en mayor medida a la población de las localidades en conflicto.
En 2011, se dio la cúspide del conflicto socioambiental en Cajamarca causado por el Proyecto Conga, el cual proponía iniciar minería a tajo abierto en un yacimiento debajo de cuatro lagunas que constituyen la cabecera de tres cuencas fluviales, lo que quiere decir que el drenaje de estas lagunas significa un recorte significativo en el acceso al agua de la población [2]. Se debe tener en cuenta que existe un precedente en Cajamarca, ya que en el año 2000 se inició un proyecto de minería a tajo abierto en Yanacocha, laguna que fue drenada para la extracción de oro. El uso del cianuro para la extracción de oro ha tenido efectos devastadores en la vida de la flora y fauna de la zona, y la tierra de esta zona será estéril de manera permanente. Aún así la empresa minera está intentando prolongar su estadía en Perú hasta el año 2039 [3].
Teniendo en mente ese precedente y el alcance que se tenía pensado para el Proyecto Conga, los ciudadanos se negaron a permitir que se lleve a cabo este proyecto e iniciaron diversas manifestaciones. Durante el gobierno de Ollanta Humala, se hizo una campaña de propaganda mediática donde se denominaba a la minería como una actividad que brinda desarrollo, mientras que los manifestantes eran retratados como salvajes tanto en prensa local como extranjera [4]. En este punto, debe tenerse en cuenta que en el Proyecto Conga existieron forados que debían ser subsanados antes de iniciar operaciones, así como una corrección en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a la que se hizo caso omiso, ya que nunca se consideró el efecto que podría tener la actividad minera en el Centro Poblado El Tambo [5]. Así, los grupos opuestos a la realización de la actividad minera tenían un argumento sólido para evitar el compromiso de sus fuentes de agua y salvaguardar su seguridad.
Por consiguiente, se entabló una mesa de diálogo donde los grupos que cuestionaban la ejecución del proyecto negociaron con la minera y, si bien ésta no negó que el proyecto se diera a futuro, ambos grupos llegaron a un acuerdo donde se estableció que la actividad minera estaría postergada de forma indefinida. A través del análisis de este caso, se puede verificar que la protesta no beneficia a los pobladores a pesar de que sus reclamos sean justos, ya que el Estado deslegitima su postura sistemáticamente e incluso no atiende sus reclamos acerca de la falta de acceso al agua que tendrían si se desarrollasen actividades mineras tan agresivas. Si bien las negociaciones eran necesarias para frenar el uso de la fuerza por parte de las poblaciones afectadas, el cual era desconocido desde el Estado y solo consiguió el efecto de deslegitimar su imagen, no es ético negociar cuando una de las partes sigue amenazando con atentar contra el acceso al agua de la población. Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, este proyecto se dará en algún momento, al igual que el proyecto “Las Bambas”, el cual será analizado a continuación. [6]
Otro de los casos contemporáneos más recientes de afectación del derecho a la protesta (pero que aún sigue inconcluso) es el de Las Bambas en Apurímac. A diferencia de Conga, en Las Bambas no existe una oposición a la actividad minera, sino que se observa que el Estado actúa contra su población cuando esta protesta acerca actividades que se están realizando sin haber consultado primero con la comunidad. El problema surgió a raíz de la conversión de vías comunales en vías nacionales, lo que conlleva a mayor índice de tráfico y, por ende, a mayores cifras de contaminación auditiva y erosión de suelo en una región agrícola [7].
A causa de estas protestas, el Estado actuó mediante detenciones arbitrarias donde los protestantes eran acusados de cargos como extorsión y asociación ilícita para delinquir [8]. Tales detenciones pueden ser catalogadas como abuso de poder, ya que éstas infringen tratados internacionales, como varios artículos del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de países independientes de la Organización Internacional del Trabajo, en materia de consulta previa, derecho a la propiedad e identidad cultural. Asimismo, se ha mancillado el derecho a la protesta al detener a indígenas manifestantes e imputar delitos que no necesariamente se habrían cometido. Ante el bloqueo de carretera en Fuerabamba, Apurímac, el Estado aceptó retornar al diálogo y así dar una serie de acuerdos que consistirán en levantar el bloqueo siempre y cuando se respete el acuerdo económico, y se revisen los acuerdos entre la comunidad y la empresa. Además, se debería haber levantado el Estado de Emergencia en la región [9]. No obstante, el acuerdo hoy en día tiene un carácter meramente significativo, ya que los problemas no se han resuelto realmente y la inestabilidad sigue tanto en la región que fue afectada primero, como en varias localidades del Corredor Minero Sur [10]. Si bien el conflicto no es tan fuerte y disruptivo como lo fue hace años, la inestabilidad entre comunidades y mineras se ha expandido en las regiones aledañas, llegando al punto en el que se han quemado vehículos de la empresa minera [11].
El ex Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, hizo mención a que se tendrían que discutir acerca de la ejecución de los proyectos Tía María y Conga; sin embargo, estos no tendrían por qué ser impuestos [6]. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Tarde o temprano volvería la actividad minera a regiones como Conga, donde el conflicto sigue vigente y podría resurgir la violencia ante nueva actividad minera que no sea consultada ni sea aprobada por las poblaciones que serán afectadas. Asimismo, durante su corta gestión, Cateriano falló en resolver mediante negociación el conflicto en Espinar (Cusco). Ante la coyuntura económica compleja que hoy en día vive el Perú sería incongruente pensar que a alguna autoridad política no se le ocurrirá activar el sector minero para disparar la producción, y por ende, hacer una reactivación económica más efectiva. ¿Qué precio pagarán las comunidades por esta reactivación? Ante la urgencia de producción masiva en el Perú y freno a la recesión, es probable que hayan acuerdos mineros que se salten etapas vitales, e incluso podrían contemplarse errores más serios que los contenidos en el EIA de Conga.
La política de paliar conflictos socioambientales por medios económicos no va a favorecer a las comunidades, puesto que, si se retorna a la actividad minera, comunidades como Conga podrían perder su acceso al agua, y varios ciudadanos del Corredor Minero Sur volverían a ser detenidos por delitos de crimen organizado sin haber incurrido necesariamente en ellos. La negociación del Estado, aparte de mancillar derechos fundamentales, demuestra que el Estado prefiere el desarrollo económico al desarrollo social de todo el territorio peruano.
Imagen de portada obtenida de: www.cajamarca-sucesos.com/2011/actualidad_regional_11/actualidad_regional_noviembre_2011.htm
Referencias bibliográficas:
[1]Gestión (2020). Antapaccay: logran acuerdo para levantar medida de fuerza en Espinar. Recuperado el 13 de Agosto de 2020 en: https://gestion.pe/peru/antapaccay-logran-acuerdo-para-levantar-medida-de-fuerza-en-espinar-noticia/
[2] El País (2011). Una región peruana se levanta contra un proyecto minero. Recuperado el 13 de Agosto de 2020 en: https://elpais.com/internacional/2011/11/25/actualidad/1322213531_198294.html
[3]Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (2020). Minera Yanacocha estima operar hasta el 2039 con proyecto de sulfuros. Recuperado el 13 de Agosto de 2020 en:
[4]Punto Final (2011). El Precio del Oro. Recuperado el 14 de Agosto de 2020 en: https://www.youtube.com/watch?v=mu_7PZT3GmA
[5]Pólemos (2016) Conga: la actual situación del conflicto. Recuperado el 14 de Agosto de 2020 en: https://polemos.pe/conga-la-actual-situacion-del-conflicto-los-aspectos-juridicos-sociales-mas-relevantes/
[6]Gestión (2020). Reactivación de proyectos Conga y Tía María tienen que darse en algún momento. Recuperado el 14 de Agosto de 2020 en: https://gestion.pe/economia/coronavirus-peru-reactivacion-de-proyectos-conga-y-tia-maria-tienen-que-darse-en-algun-momento-sostiene-titular-del-minem-covid-19-nndc-noticia/?ref=gesr
[7] Instituto de Defensa Legal (2019). Las Bambas: seis preguntas y respuestas a un conflicto que no termina. Recuperado el 14 de Agosto de 2020 en:https://idl.org.pe/las-bambas-seis-preguntas-y-respuestas-de-un-conflicto-que-no-termina
[8]Wayka (2019). Conflicto de las Bambas. Recuperado el 14 de Agosto del 2020 en: https://wayka.pe/video-el-conflicto-de-las-bambas
[9]Andina (2019). Las Bambas: claves de acuerdos entre gobierno, minera y comuneros. Recuperado el 14 de Agosto en: https://andina.pe/agencia/noticia-las-bambas-claves-de-acuerdos-entre-gobierno-minera-y-comuneros-747802.aspx
[10]Servindi (2017). El Principio de Preferencia de sanciones distintas al encarcelamiento. Recuperado el 14 de Agosto de 2020 en: https://www.servindi.org/actualidad-noticias/21/08/2017/el-principio-de-preferencia-de-sanciones-distintas-al-encarcelamiento
[11]La República (2020). En este año hay 36 conflictos sociales que amenazan al gobierno. Recuperado el 14 de Agosto de 2020 en: https://larepublica.pe/sociedad/2020/02/02/en-este-ano-hay-36-conflictos-sociales-que-amenazan-al-gobierno-lrsd/
