La Amazonía peruana es uno de los espacios ecológicos con más biodiversidad a nivel internacional. Por ende, es una zona estratégica y fundamental para combatir la crisis ambiental. Las autoridades deben implementar iniciativas legales con el objetivo de conservarla. Sin embargo, no solo debe garantizar la sostenibilidad de este espacio, sino también buscar que el crecimiento económico coopere con su desarrollo multidimensional. Este objetivo solo será posible a través de los proyectos de inversión que se generen en la Amazonía. En el presente texto, se explicará cómo la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, Ley Nº27037, fomenta la actividad empresarial socioambiental.
LA SOSTENIBILIDAD: EL ENFOQUE AMBIENTAL DE LA AMAZONÍA
La sostenibilidad es una variable trascendental para salvaguardar el medio ambiente. Actualmente, debería ser el principio central en los debates públicos y en la agenda política ambiental. Desde el ámbito jurídico, las leyes y normas deben seguir los lineamientos ambientales constitucionales. El artículo 69 de la Constitución Política de 1993 determina que “el Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada [1]”. De este modo, se debe respetar que toda iniciativa empresarial está condicionada al respeto del ecosistema amazónico. La especificación del artículo previamente mencionado radica en la extrema vulnerabilidad e importancia que tiene esta zona ecológica.
En el 2007, el Tribunal Constitucional (TC) peruano realizó un hito en el reconocimiento de los derechos ambientales a nivel nacional. En la sentencia del Expediente Nº 03343-2007-PA/TC, el TC manifiesta lo siguiente: “El uso sostenible de los recursos naturales comporta la utilización de componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de dicha diversidad (…) [2]”. En otras palabras, estableció que la sostenibilidad es un elemento esencial para el desarrollo económico y la prevención de la destrucción de los ecosistemas. Al respecto, es necesario mencionar que el desarrollo sostenible no impide las actividades económicas, sino que orienta a que los sectores sean responsables con el medio ambiente.
Bajo esta línea, la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía tiene como objetivo “(…) promover el desarrollo sostenible e integral de la Amazonía, estableciendo las condiciones para la inversión pública y la promoción de la inversión privada [3].” De esta forma, cumple con lo que señala la Constitución y lo que determina el Tribunal Constitucional. En un contexto de crisis ambiental, las instituciones públicas y privadas están en la obligación de que sus proyectos sean de carácter sostenible. Por consiguiente, se debe incentivar medidas para construir una economía ambiental en el Perú. Cabe precisar que la Ley Nº 27037 es uno de los primeros pasos en materia legal ambiental que busca consolidar este tipo de economía.
La Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía tiene principios que sirven como fundamento para que el crecimiento económico se oriente a una economía ecológica. Por un lado, el artículo 4 inciso 1 señala lo siguiente: “La conservación de la diversidad biológica de la Amazonía y de las áreas naturales protegidas por el Estado” [3]. En otros términos, la biodiversidad y los ecosistemas tienen que ser protegidos ante cualquier actividad privada o pública que pueda vulnerar estos espacios. Por otro lado, el artículo 4 inciso 2 establece un lineamiento multidimensional del concepto de la sostenibilidad, debido a que estará “basado en el aprovechamiento racional de los recursos naturales, materiales, tecnológicos y culturales” [3]. Lamentablemente, este precepto no se cumple con la realidad. La Amazonía tiene diversas problemáticas como los delitos ambientales como la deforestación o la minería ilegal que perjudican frecuentemente los recursos naturales, y vulneran los derechos de las poblaciones originarias.
EL PROGRESO: EL ENFOQUE SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA AMAZONÍA
El régimen económico del país “(…) se ejerce en una economía social de mercado [1]”. La Constitución de 1993 demuestra el vínculo entre el ámbito social y el económico. De esta forma, como señalan Kresalja y Ochoa, “(…) los objetivos sociales se encuentran en el mismo nivel que los objetivos económicos de la eficiencia (…) [4]”. En otras palabras, el crecimiento no puede ser ajeno al desarrollo multidimensional del país. Ergo, el vivir en un ambiente equilibrado en donde se busquen reducir las alteraciones dentro de los ecosistemas que alteren los modos de vida de la ciudadanía debería ser objetivo de desarrollo. El respeto a los derechos fundamentales debe guiar el desarrollo social, ya que garantizan la autorrealización del ser humano.
La actual Constitución señala en su artículo 58 que “la iniciativa privada es libre” [1]. En otras palabras, existe la libertad económica para los agentes dentro del mercado. Cabe precisar que el Estado debe “(…) crear las condiciones mínimas para que las actividades económicas privadas se desarrollen de manera libre (…) [5]” como lo establece la sentencia del TC sobre el Expediente Nº 10063-2006-PA/TC. Sin embargo, la libertad también tiene límites. Las entidades privadas deben respetar la sección ambiental de la Constitución. No deben ignorar que la sostenibilidad es un mandato constitucional dentro de la Amazonía y que debe ser un principio para el ejercicio de las actividades económicas.
El rol de la actividad estatal dentro de la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía es un ejemplo de la influencia de tener la economía social de mercado. Para iniciar, señala que la institución estatal debe cumplir con su ”(…) rol de promoción de la inversión privada, mediante la ejecución de obras de inversión pública y el otorgamiento al sector privado de concesiones de obras (…); así como el desarrollo de las actividades forestal y acuícola en la Amazonía (…) [3]”. De esta manera, fomenta el crecimiento económico y a su vez respeta la libertad económica de las empresas. No obstante, el “rol de promoción social, asegurando el acceso a salud, educación, nutrición y justicia básicas en la zona, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población amazónica [3]”. Por ende, cumple con la naturaleza social del régimen económico social. Es decir, la ley considera ambos ámbitos, que resultan interdependientes.
Entonces, la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía es una iniciativa económica que busca la sostenibilidad del país. Sin embargo, fomenta al sector empresarial a realizar actividad económica bajo estándares ambientales. Por ende, brinda un beneficio importante que es la exoneración del Impuesto General a las Ventas a las personas que realizan ciertas operaciones en la Amazonía relacionadas como son las siguientes: “(…) venta de bienes que se efectúe en la zona para su consumo en la misma; (…) servicios que se presten en la zona, (…) contratos de construcción o (…) primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos en dicha zona [3]”. De esta forma, se incentiva que aumente la actividad empresarial de este tipo al existir esta ventaja en la Amazonía.
A MODO DE CONCLUSIÓN
La Amazonía peruana se debe respetar. La Ley Nº 27037 colabora en la búsqueda de la sostenibilidad y el progreso socioeconómico a nivel nacional. Por consiguiente, se deben implementar más medidas de este tipo. La sociedad civil debe exigir al Estado que se garantice la conservación de los ecosistemas y promover tanto el crecimiento como el desarrollo de la economía. La Ley de Promoción de la Inversión de la Amazonía es una manifestación legal que permite demostrar ambas exigencias en una sola ley. Las empresas deben cuidar el medio ambiente y el Estado debe fiscalizar su actividad sin vulnerar su libertad económica.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] Constitución Política de Perú. (Const). (1993). https://pdba.georgetown.edu/Parties/Peru/Leyes/constitucion.pdf
[2] Tribunal Constitucional del Perú (2007). Sentencia recaída en el expediente 03343-2007-PA/TC. https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/03343-2007-AA.pdf
[3] Congreso del Perú. (1998). Ley Nº27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. Lima: Congreso de la República. https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H782566
[4] Kresajla, B. & Ochoa, C. (2016). Derecho constitucional económico. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial PUCP.
[5] Tribunal Constitucional del Perú (2006). Sentencia recaída en el expediente 10063-2006-PA/TC. https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/10063-2006-AA.pdf
