Tras 25 años de la celebración, resulta pertinente evaluar si en nuestro país se ha podido concretizar la protección de los derechos de los pueblos indígenas. La diversidad de los pueblos indígenas es apreciable. Existen más de 5000 grupos distintos en 90 países, quienes hablan 7000 lenguas en el mundo aproximadamente [1]. Asimismo, representan más del 5% de la población mundial, pero, lamentablemente, se encuentran dentro de los sectores más vulnerables y perjudicados de nuestra sociedad.
Desde el año 1995, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió establecer el 09 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos indígenas. Ello en conmemoración a la primera reunión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas.
Mediante la Resolución 49/214, la Asamblea General buscó promover el goce de los derechos de las poblaciones indígenas y, a la vez, expresar la “importancia de fortalecer la capacidad humana e institucional de los mismos”, junto con el reconocimiento “del valor y la diversidad de las culturas y formas de organización social de las poblaciones indígenas en el mundo” [2]. No obstante, 25 años después, las pretensiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas no han logrado materializarse en nuestra realidad.
Este contexto se desarrolla en el marco de la globalización económica, la cual afecta directamente los derechos, recursos y condiciones de vida de los pueblos indígenas [3], quienes, debido a su marginación histórica, se desenvuelven en un contexto de condiciones desfavorables y claramente negativas para ellos. Según lo referido por Leopoldo Maldonado, abogado especializado en Derechos Humanos, a pesar de su posicionamiento como actores relevantes en el foro internacional, las realidades nacionales tienden a resquebrajar aún más la situación de exclusión social, política, jurídica y económica en la que viven los pueblos indígenas [4].
A pesar de ello, podemos identificar un avance normativo en cuanto a la reivindicación de derechos de los pueblos indígenas, quienes tienen derechos humanos colectivos respaldados por normas legales internacionales. Entre ellas destacan el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como también la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Situándonos en un plano más local, en nuestro país, también se han desarrollado diversos instrumentos específicos que regulan los derechos de los pueblos indígenas, tales como la Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y Situación de Contacto Inicial (Ley 28736), la Ley que establece el Régimen de Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas Vinculados a los Recursos Biológicos (Ley 27811), entre otros.
Sin embargo, esta labor legislativa no es suficiente. Se necesita de un esfuerzo mayor que logre reivindicar los derechos de los pueblos indígenas. Si bien existe un trabajo por parte de las instituciones nacionales e internacionales, no se puede pasar por alto el trabajo de las organizaciones y pueblos indígenas, pues son ellos quienes defienden y exigen el cumplimiento de sus derechos, en base a sus necesidades y vivencias.
En ese sentido, mientras los pueblos indígenas no tengan participación y voz a nivel político, jurídico y social, no podremos hablar de un desarrollo integral; por tanto, se debe generar un marco inclusivo que admita y acepte sus diversas posiciones, lo cual permitirá un desarrollo inclusivo e integral.
Existen otros retos a los cuales se enfrenta la agenda indígena en el Perú. Uno de ellos es el fomento de la economía indígena, el cual se basa en la diversidad ligada a costumbres y tradiciones ancestrales que permita un adecuado manejo de la biodiversidad para la producción. Resulta necesario que se cuente con un respaldo del Estado, que permita las condiciones favorables para un adecuado ciclo productivo. También, destaca la necesidad de un respeto a la autonomía y jurisdicción indígena que permita un respeto efectivo de las autoridades, de sus costumbres y de la jurisdicción indígena.
Así, podemos rescatar que en esta fecha no solo se conmemora el reconocimiento a los pueblos indígenas, sino también el aporte que brindan a nuestra sociedad y lo importante que es trabajar en un marco de reivindicación de sus derechos. En la mayoría de los casos, debido a los efectos capitalistas de la globalización, los pueblos indígenas ven vulnerados sus costumbres, tradiciones o espacios, e incluso, sus derechos. En este sentido, es de relevancia hacer un llamado a la sociedad, para que se promueva un trabajo conjunto integral, que permita solucionar los diversos obstáculos que los pueblos indígenas enfrentan.
Bibliografía:
[1] Naciones Unidas. Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 9 de agosto.
https://www.un.org/es/events/indigenousday/
[2] Asamblea General . (1995). Decenio Internacional de las Poblaciones.
https://undocs.org/es/A/RES/49/214
[3] Bello, A. y Aylwin, J. (2008). Globalización, Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Temuco, Chile.
https://cpalsocial.org/documentos/387.pdf
[4] Maldonado, L. (2009). Estado, globalización y derechos indígenas: una mirada a la situación de los pueblos indígenas en México. Revista IIDH, 395.
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r25554.pdf
[5] El Peruano. Exponen avances a favor de los pueblos indígenas. (27 de abril de 2019).
https://elperuano.pe/noticia-exponen-avances-a-favor-de-pueblos-indigenas-77974.aspx
