Entre el 22 y el 26 de septiembre de 2025 se realizó la 37.ª Convención Minera PERUMIN. Durante el evento, el director de la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión del MINAM, Yury Pinto, señaló que la minería informal había provocado, hasta 2014, la pérdida de unas 100 000 hectáreas de bosques, además de daños irreparables en ríos y lagos debido a la contaminación por mercurio. Se estima que en las últimas dos décadas se vertieron alrededor de 3 000 toneladas de este metal.
De acuerdo con un estudio del Monitoring of the Andes Amazon Program (MAAP), hasta mediados de 2025 la cifra de áreas deforestadas podría haber ascendido a 139 169 hectáreas en toda la Amazonía peruana, concentrándose el 97,5 % de esta pérdida en la región de Madre de Dios. Paralelamente, se calcula un vertimiento anual de 27 toneladas de mercurio en los ríos de este departamento.
La minería ilegal no solo impacta el medio ambiente, sino también a las poblaciones y comunidades aledañas. La intoxicación por mercurio, el surgimiento de economías ilícitas —como la trata de personas y la explotación sexual— y los conflictos entre grupos armados ponen en riesgo la seguridad de miles de habitantes de la selva peruana.
Frente a este panorama, el gobierno anunció una Estrategia Nacional contra la Minería Ilegal, con el objetivo de reforzar la fiscalización del tráfico de minerales y la captura y sanción de las bandas criminales vinculadas a esta actividad. ¿Será suficiente?
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