Escrito por Alejandra Mego Montoya, estudiante de Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y miembro de la Comisión de Investigación de la Red Universitaria Ambiental (RUA). Interesada en la investigación académica con un enfoque en la justicia ambiental y gobernanza del Sur Global.
Introducción:
Actualmente, la energía –que se ha sostenido a partir de combustibles fósiles– resulta tan crucial para llevar a cabo nuestras actividades cotidianas como para el desarrollo económico y social. Precisamente, las fuentes fósiles como el carbón, gas y petróleo continúan siendo predominantes en su contribución a la producción de la energía mundial (Evans & Viisainen, 2024). No obstante, el uso de estos combustibles fósiles representa un factor clave que explica el cambio climático. – Según Naciones Unidas (s.f.-b), más del 75% de los gases de efecto invernadero y el 90% del CO2 son causados por los combustibles fósiles. En ese sentido, la comunidad internacional ha impulsado la “transición energética” como iniciativa que promueva un giro integral hacia la sostenibilidad. Sin embargo, este denota un proceso complejo que supone la solución de desafíos, el aprovechamiento de oportunidades y el trabajo conjunto entre los diferentes actores.
Por ello, el presente artículo plantea la siguiente pregunta de análisis: ¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades que enfrenta América Latina en el proceso de transición hacia una economía verde y un modelo de energía sostenible? En este marco, en primer lugar, se abordará el marco conceptual y político de la transición energética y la economía verde. En segundo lugar, se plantearán los desafíos estructurales que obstaculizan la transición energética en América Latina. Finalmente, se realizará un análisis de las oportunidades y estrategias exitosas que la región puede aprovechar para lograr una transición justa y sostenible.
1. Marco conceptual y político de la transición energética y la economía verde
1.1. Transición energética y economía verde desde la interdisciplinariedad
Sobre el concepto de transición energética existe cierto consenso científico. Especialistas describen dicho concepto como “el proceso de migración hacia una matriz diversificada que progresivamente pueda reemplazar la demanda de energías fósiles” (Saccucci & Reinoso, 2024, p. 185). De ahí que, es preciso que este sea un cambio transformador en la forma de producir, distribuir y consumir energía. Asimismo, supone mejorar la eficiencia energética (Saccucci & Reinoso, 2024). Es decir, acompañar la transición con un desarrollo tecnológico conjunto que suponga un cambio de fuente de energía eficaz. No obstante, la transición energética no solo supone el manejo de energías limpias, sino una consolidación integral e interdisciplinaria de la búsqueda de desarrollo sostenible. Para ello, resulta clave el concepto de transición justa, entendido —según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo India (2025)— como un proceso transformador que prioriza la equidad, la inclusión y el desarrollo humano. Por tanto, la transición busca la transformación del sistema energético hacia una matriz diversificada que supere la demanda de combustibles fósiles, mejore la eficiencia energética y garantice la equidad e inclusión de los sectores más vulnerables que dependen de los sistemas de producción actuales.
Por otro lado, la introducción de otros conceptos clave como el de “economía verde” ha sido de alta relevancia. Dicho concepto fue manejado ampliamente en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río + 20), celebrada en 2012. No obstante, es gracias al Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) que se introduce la interdisciplinariedad del concepto (National Geographic, 2023). Este la definió como aquella economía que resulta en un mejor bienestar humano y equidad social, en donde el desarrollo se entiende como un proceso de coevolución entre conocimiento, valores, organización, tecnología y reducción de riesgos ambientales (Gorini 2022, p. 1). En ese sentido, se introduce la necesidad de la conjunción integral de ámbitos económicos, sociales y ambientales para alcanzar metas de desarrollo sostenible y demuestra que la mirada interdisciplinaria es intrínseca al desarrollo de una economía verde.
1.2. Marcos normativos internacionales que promueven la transición energética
En la actualidad, el cambio climático es uno de los mayores retos globales. Por ello, dentro de un marco de cooperación, la acción conjunta ha resultado fundamental para la consolidación de marcos normativos internacionales que promuevan la transición energética y el desarrollo sostenible. Por un lado, la primera propuesta de balance mundial sobre la transformación de fuente energética se establece en la 28.ª Conferencia de las Partes (COP 28) de Dubai en 2023. En ella, se establece triplicar la capacidad mundial de energía renovable y duplicar la mejora anual en eficiencia energética para 2030, basándose en una transición justa, ordenada y equitativa que permita dejar atrás los combustibles fósiles (UNDP, 2025). En ese sentido, es necesario que los esfuerzos mundiales converjan de manera gradual para eliminar la dependencia de combustibles fósiles. Esta normativa ha sido definida en acuerdos multilaterales. Por ejemplo, el Acuerdo de París, jurídicamente vinculante que entró en vigor en 2016, buscó limitar el calentamiento mundial, preferiblemente a 1,5 °C en comparación con los niveles preindustriales (Naciones Unidas, s.f.-b). Con ello, supuso el desarrollo de una causa común entre Estados para combatir el cambio climático.
Por otra parte, la Agenda 2030 ha consolidado la construcción de consensos internacionales que proporcionan un mandato a los organismos multilaterales, y a su vez sitúan las políticas nacionales en un proceso voluntario de “multilateralización” de las mismas (Naciones Unidas, 2015). Precisamente, este acuerdo supuso que sus Estados miembro adoptaran 17 ODS. Uno de ellos es el séptimo objetivo, el cual busca garantizar el acceso a una energía limpia, sostenible y asequible. Este desarrollo de energía limpia, busca aumentar la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas para garantizar el acceso universal a una electricidad asequible en 2030. Es así que, la inversión en energía renovable también es indispensable para consolidar la eficiencia energética en toda su integridad. Adicionalmente, se promueve un marco de colaboración entre actores internos y la mejora de la cooperación regional e internacional (Norte‑Sur, Sur‑Sur y triangular) en materia de ciencia, tecnología e innovación (Naciones Unidas, 2015). En ese sentido, se promueve el intercambio de conocimiento, tecnología e infraestructura para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles a regiones en desarrollo como América Latina.
2. Principales desafíos estructurales para una transición justa y sostenible en América Latina
Materializar la transición energética supone implementar políticas públicas que deben ser incorporadas según la realidad de cada país, la cual supone retos diferentes en cada caso. En primera instancia, la heterogeneidad estructural, reflejada en una amplia desigualdad socioeconómica interna, se evidencia en el déficit de ingreso per cápita en comparación a países desarrollados (Allub & Álvarez, 2024, p. 336). Esta precaria distribución del ingreso se traduce en pobreza, problemas de planificación laboral e informalidad, los cuales son incompatibles con el proceso de transición energética, dado que estos problemas estructurales perpetúan una estructura económica poco dinámica y viceversa. De hecho, la mayoría de trabajadores en la región están concentrados en ocupaciones no sostenibles, esto si acceden a un trabajo (Allub & Álvarez, 2024, p. 341). Asimismo, muchas empresas informales operan al margen de la regulación estatal, lo que significa que quedarían excluidas de marcos regulatorios que penalicen las emisiones de CO₂ y tienden a tener baja productividad (Allub & Álvarez, 2024, p. 349). Por consiguiente, la transición energética no se dará de manera óptima con una mala asignación y gestión de recursos o con la falta de políticas de reasignación laboral.
Por otra parte, otro desafío refiere a la baja capacidad de implementación y uso adecuado de las tecnologías pertinentes. Dado que la infraestructura está relacionada con la sostenibilidad y la seguridad, se requiere de equipos técnicos capacitados que preparen estándares para construir y operar su equipamiento. De hecho, las tecnologías limpias siguen parámetros específicos para su correcto funcionamiento y para la estabilidad de los sistemas eléctricos (Perczyk, Rabinovich & Caratori, 2024, p. 03). Por ello, es necesario superar barreras de planificación y tener un plan de gestión para que las inversiones sean inteligentes, pertinentes y eficientes. Adicionalmente, el acceso a infraestructura de transporte, distribución eléctrica y telecomunicaciones, para el funcionamiento holístico de dichas tecnologías, es inexistente o muy precario (Perczyk, Rabinovich & Caratori, 2024, p. 04). Por consiguiente, dado que el uso adecuado de estas tecnologías requiere una operacionalidad máxima y un alcance integral en las diversas zonas del país, resulta indispensable abordar soluciones en materia de infraestructura y planificación.
Ahora bien, los desafíos mencionados responden a un problema estructural relacionado con la institucionalidad. De hecho, solo con políticas integrales y sólidas se mejoran las capacidades estatales de fiscalización. Asimismo, estas nuevas tecnologías necesitan de un continuo trabajo regulatorio que permita el desarrollo de instancias de planeamiento a nivel regional y nacional. Cabe aclarar que, “las regulaciones de los sistemas energéticos en la región, refieren en su mayoría a la década de 1990, y no consideran en general la introducción de las nuevas tecnologías y sus particularidades” (Perczyk., Rabinovich & Caratori, 2024, p. 04). En ese sentido, es un desafío particular de los organismos internos de cada país alinearse con los compromisos internacionales. Por tanto, en términos institucionales es requerido fortalecer y ajustar las regulaciones de los sistemas energéticos y el procedimiento alrededor de la promoción de manejo de tecnología e infraestructura.
3. Oportunidades y estrategias para una transición justa y sostenible: América Latina y la promoción de energías renovables y empleos verdes.
Al mismo tiempo, así como existen problemas estructurales, también se evidencian oportunidades importantes que deben ser aterrizadas e ilustradas como posibles canales hacia la transición energética sostenible en nuestra región. Por un lado, la transición energética supone una mayor demanda de materias primas indispensables para producir tecnologías limpias, las cuales se encuentran en la región. Por ejemplo, Perú tiene grandes reservas de minerales críticos para la transición energética, como cobre (10% de las reservas mundiales), zinc (8.1%) y plata (18%) (Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, 2024). Asimismo, América Latina ha registrado avances en relación con el desarrollo de energías renovables. En particular, la energía eólica y la solar fotovoltaica han incrementado su participación en la matriz energética. Un claro ejemplo, es Uruguay, donde la energía eólica ha demostrado su competitividad al reducir los costos de producción de energía. (Perczyk, Rabinovich & Caratori, 2024, p.7-8). Por consiguiente, el sector de energía renovable y la materia prima de minerales son fuente estratégica para el desarrollo de la industria energética sostenible en la región.
Por otra parte, la cooperación multilateral también resulta una gran oportunidad para la transición energética. De hecho, un informe de investigación de la Fundación Torcuato di Tella enfatiza cómo la cooperación regional y la integración energética permiten aprovechar los recursos existentes de forma óptima y reemplazar el uso de combustibles fósiles (Perczyk, Rabinovich & Caratori, 2024). Esto se da debido a que el manejo de esta nueva industria sostenible necesita gran inversión financiera y de logística; por tanto, la cooperación entre actores es clave. Por ejemplo, los bancos multilaterales posibilitan el manejo conjunto de nuevos caminos energéticos en una región de ingreso medio, debido a que permite movilizar asistencia y recursos externos a través de financiamientos (préstamos, garantías) y asistencia técnica para diversos actores (Molinari & Val, 2024). Por tanto, la cooperación ofrece beneficios, como es el acceso a condiciones financieras de corto plazo que incrementan las oportunidades hacia una transición energética integral.
Por último, incursionar en el sector del hidrógeno verde supondría grandes beneficios. Este vector energético, presente en la naturaleza como materia prima, requiere un proceso de electrólisis y el uso de energía renovable para su transformación en hidrógeno verde utilizable como combustible (Rivera, 2024, p. 85). En ese sentido, dado que el desarrollo de combustible se da a partir de un recurso (agua) de fácil acceso y manejo tecnológico, resulta un proceso accesible para los países de la región. Adicionalmente, “su combustión no libera dióxido de carbono, sino solo vapor de agua” (Rivera, 2024, p. 61). Por tanto, promover el hidrógeno verde supondría un gran paso en la transición energética. Asimismo, existen diversos sectores en los que puede insertarse como parte de la cadena de valor. Por ejemplo, puede utilizarse en vehículos, en el transporte de largas distancias o como reemplazo del hidrógeno gris y azul en las industrias química y petroquímica (Energía y Sociedad, 2024), lo que evidencia su rentabilidad en diversos sectores. Así, con la salvedad de los desafíos para concretar un sector de hidrógeno verde integral, su versátil potencial como vector energético descarbonizado es evidente.
Conclusiones
En conclusión, el concepto de transición energética se refiere a la transformación del sistema energético actual hacia uno sostenible que fomente el desarrollo integral. Esto supone una mayor eficiencia energética a través de tecnologías avanzadas y energías limpias. Asimismo, su integralidad comprende la noción de energía verde, la cual introduce esa conjunción entre el sector económico, social y ambiental. De esta manera, se concretiza su dimensión holística e interdisciplinaria que supone un proceso transformador hacia una mayor equidad, inclusión y desarrollo humano. No obstante, al ser un reto global, se necesita de un conjunto de actores internacionales que construyan marcos normativos para promover la transición energética. Por ello, esfuerzos multilaterales como la 28ª Conferencia de Partes, el Acuerdo de París y la Agenda 2030, orientaron una causa común entre Estados para combatir el cambio climático con esfuerzos graduales para eliminar la dependencia de combustibles fósiles. Así, se promovieron políticas nacionales de acceso universal a energías limpias a través de cooperación internacional para un intercambio de conocimientos y coordinación.
Asimismo, los avances en torno a la transición energética son desiguales, ya que América Latina debe atender desafíos estructurales de fondo. En la región, la heterogeneidad estructural socioeconómica consolida la brecha de desarrollo, la cual dificulta la transición energética. Además, la precariedad de infraestructura exacerba las barreras de planificación y gestión previa al manejo de tecnologías con estándares adecuados. Finalmente, la precariedad institucional dificulta la actualización de regulaciones, el procedimiento de promoción y perjudica las capacidades estatales. Sin embargo, América Latina ya ha tenido avances en la industria de energías renovables. Adicionalmente, tiene acceso a reservas de minerales que aumentan su demanda en el proceso de producción de tecnologías limpias. Por otro lado, la cooperación multilateral entre Estados y actores diversos genera avances conjuntos y dinámicas de ayuda mutua. Por último, ámbitos como el hidrógeno verde son rentables y de fácil manejo tecnológico, por lo que, como región, también tenemos oportunidades que deben ser aprovechadas como vías efectivas para el desarrollo sostenible a través de la transición energética.
Referencias bibliográficas
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