La madrugada del 27 de abril de 2026, la tranquilidad del distrito de Pariahuanca (Huancayo, Junín) se quebró cuando los acuicultores del sector de Cabracancha descubrieron un escenario desolador: millones de truchas flotaban sin vida en las pozas de captación hídrica. La mortandad masiva arrasó con el sustento de decenas de familias, estimándose una pérdida total de entre 2 y 2.5 millones de truchas (aproximadamente 120 toneladas de biomasa). El perjuicio económico directo supera los 7.2 millones de soles, dejando a los productores locales en la quiebra absoluta.
Tras días de incertidumbre, un informe pericial de la Oficina de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP) trajo certezas y encendió las alarmas: los análisis de laboratorio confirmaron la presencia de ácido cianhídrico, siendo este un derivado directo del cianuro, tanto en los tejidos de los peces como en las muestras de agua de los pozos. El cianuro es un compuesto químico de altísima toxicidad que no tiene origen natural en la cuenca y se utiliza de manera intensiva en la minería para la lixiviación (separación) del oro.
La presencia de este veneno dirigió las sospechas de las comunidades campesinas y del Frente de Defensa local hacia las concesiones mineras ubicadas en las partes altas de la cuenca, señalando específicamente a proyectos como la minera Oro Negro. Los dirigentes cuestionan fuertemente al Estado por haber otorgado más de 34 derechos y petitorios mineros en una cabecera de cuenca ecológicamente frágil.
El impacto va mucho más allá de la acuicultura. Pariahuanca fue declarada formalmente en 2021 como una de las pocas Zonas de Agrobiodiversidad del Perú, debido a su rol como despensa agrícola de la Sierra Central. La cuenca del Yuracyacu riega los campos de cultivo de más de 15,000 pobladores.
El alcalde distrital y los gremios agrarios han lanzado una advertencia crítica: el cianuro pone en riesgo inmediato más de 90 hectáreas de palta de exportación, además de cultivos de café y granadilla. Durante el 2025, los agricultores lograron abrirse paso con éxito en los mercados de China y Europa. Si las trazas de contaminación persisten o el agua es vetada por los organismos sanitarios internacionales, el comercio exterior de la región colapsará, profundizando la crisis económica. Como medida de emergencia, la municipalidad ha solicitado suspender el uso del río para riego y consumo humano por 90 días.
La indignación de la población se ha duplicado debido a lo que consideran una falta de transparencia y una alarmante lentitud por parte del Estado. Mientras el peritaje de la PNP demostró científicamente el envenenamiento por cianuro, los gremios locales denunciaron que un informe posterior de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) intentó minimizar la tragedia sugiriendo que el agua se encontraba dentro de los «Estándares de Calidad Ambiental (ECA)» normales.Ante este cruce de versiones y la falta de responsables identificados, la Defensoría del Pueblo ha tenido que intervenir formalmente, exigiendo a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) celeridad en las investigaciones penales para sancionar el delito ambiental.
