Escrito por Nadia Blas Rodriguez, miembro de la Comisión de Conexión Ambiental del Equipo de Derecho Ambiental
I. Introducción
A pesar de que el Perú es un país altamente diverso, con regiones y culturas que albergan la historia del país, es difícil, sino imposible, decir que tiene los mecanismos adecuados para garantizar su protección ante el rápido desarrollo del mundo. Si bien la Constitución Política del Perú consagra en su artículo 2 inciso 22 el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, aquellas personas que buscan que este derecho se cumpla se exponen a peligros que el Estado no ha logrado frenar.
Entre los años 2002 y 2020 se reportaron 96 defensores ambientales asesinados en el Perú [1], lo cual ha demostrado la peligrosidad de la lucha por los derechos en el país. Aunque a lo largo de la última década se ha buscado implementar mecanismos para resguardar a los defensores ambientales, en la realidad no presentan una eficacia suficiente y mas bien los dejan en una situación de desprotección, la cual se ha agravado con la llegada de la pandemia de la Covid-19 al país.
II. Crimen, Covid-19 y la lucha por la supervivencia de los defensores ambientales
La Amazonía peruana, debido a su densidad y riqueza en recursos explotables, se ha vuelto el territorio del crimen organizado. Existe una clara relación con la muerte de defensores ambientales con la comisión de hechos delictivos [2], dichas actividades ilegales en varias ocasiones van a invadir los territorios de las comunidades indígenas residentes en la Amazonía o afectarlas con la contaminación y riesgos que producen.
Las comunidades indígenas tienen una especial conexión con su territorio, pues es la fuente de su subsistencia, cultura y conocimientos generacionales; sin embargo, ello se opone a los fines lucrativos con el que lo ven en la actividad ilegal. Y es que actividades como la tala, caza y minería ilegal, tráfico de personas, narcotráfico y otras actividades que se desarrollan en las regiones del interior del país ponen en peligro la vida cotidiana de las comunidades locales. Crímenes que, a pesar de la pandemia de la Covid-19 expandiéndose rápidamente por el país, persistieron [1]. Es ante la falta de una adecuada protección que los defensores ambientales han decidido alzar su voz, lo cual a varios les ha costado la vida.
La cuarentena e inmovilidad declarada a nivel nacional por la pandemia no fue impedimento para que tales crímenes sigan invadiendo la Amazonía peruana y continuaran las hostigaciones a los defensores ambientales [3]. Al contrario, cabe recordar que las comunidades indígenas fueron dejadas de lado cuando se reportaron los primeros casos de la Covid-19 en el Perú, puesto que no se establecieron políticas adecuadas a tiempo para prevenir que los contagios lleguen a las comunidades y, cuando el número de contagiados incrementó alarmantemente, los recursos necesarios como medicinas tardaron en llegar.
Mientras el Estado y los líderes indígenas se enfocaban en tratar de impedir el avance de la pandemia, las actividades ilegales de explotación se asentaban o retornaban a sus territorios. Si bien la Operación Mercurio logró que en el sector La Pampa Madre de Dios se lograra reducir la minería ilegal, la tala ilegal y extracción de petróleo aumentaban considerablemente en otras regiones [3]. Así, la respuesta del Estado no bastó para frenar ni la pandemia ni el crimen organizado en la Amazonía.
III. Herramientas de protección y sus limitaciones
La tala, minería y otras actividades ilegales están a la orden del día para las comunidades indígenas, ya que una vez estas se instalan en sus cercanías no hay quien no corra peligro. Incluso si los líderes o defensores ambientales han tomado valor para denunciar dichas actividades, las consecuencias no han sido favorables. Por el contrario, debido a la corrupción entre las autoridades, es fácil para los criminales obtener los nombres de quienes denuncian tales actos [4]. Así, en un intento de poner a salvo a sus comunidades los denunciantes ponen en riesgo sus vidas por “soplones”.
Para brindar una mejor protección a los defensores, se implementó el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 – Protocolo de protección de personas defensoras de derechos humanos y el registro sobre situaciones de riesgo; sin embargo, presentaban limitaciones en el actuar intersectorial [2]. Así, se presentan problemas para definir las obligaciones de las autoridades correspondientes en cada caso, lo cual ralentiza cualquier medida de protección.
Hasta noviembre del 2020, se habían presentado 21 solicitudes de activación del Procedimiento de Alerta Temprana, de las cuales 7 alegaban la defensa de los derechos de comunidades indígenas y 6 de derechos ambientales [2]. No obstante, en octubre del mismo año dos líderes indígenas de la OARU también solicitaron el procedimiento, pero consideraron que las acciones brindadas fueron ineficientes.
En el 2021, mediante Decreto Supremo N° 004-2021-JUS, se creó el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos [5]. Sin embargo, los planteamientos del mecanismo no fueron realizados de forma adecuada, lo que causó desorden en la actuación entre los Ministerios y que los dirigentes de las comunidades no percibieran aporte alguno de este [6]. Ejemplo de ello es en el ámbito económico, en el que a pesar de que las amenazas a los defensores suelen hacerse contra sus familiares, solo se establece el presupuesto para salvaguardar al defensor, mas no a su familia. Ello deja en claro cómo no se ha percibido la realidad del peligro que corren los defensores, pues si bien las amenazas pueden ir contra su vida, dicho hostigamiento puede – y es lo que suele pasar – extenderse hasta los familiares.
Aún después de que los defensores ambientales pierdan su vida defendiendo su causa, no existe una justicia como tal. La consulta del medio OjoPúblico al Ministerio Público reveló que los 10 casos de defensores ambientales asesinados entre los años 2020 y 2021 estaban siendo llevados como homicidio calificado, dejando de lado que sus muertes fueron causadas por su oposición a actividades ilegales dentro de sus territorios [7]. Ello termina invisibilizando la lucha de los defensores y, de nuevo, dejando de lado los problemas a los que se enfrentan las comunidades indígenas.
IV. A modo de conclusión
La diversidad de recursos de la Amazonía peruana ha atraído a criminales que, creyendo correctamente que tendrán territorio libre para realizar sus actividades ilegales, se han establecido en la zona. El peligro, si bien afecta a las comunidades cercanas en sí, recae con un grado especial en los defensores ambientales, puesto que en la búsqueda de retirar a los criminales de sus territorios por la vía judicial, terminan poniendo en riesgo sus vidas.
Aunque el número de defensores ambientales asesinados y amenazas sigue creciendo cada año, el Estado ha logrado ofrecer medidas adecuadas que los protejan y resguarden de posibles tragedias a aquellas personas que solo buscan mantener la paz y seguridad en sus comunidades. Con herramientas ineficaces y crimen organizado cada vez más violento, el Perú quedó fuera del acuerdo de Escazú, el cual pudo haber facilitado la solución de estos problemas de protección.
Referencias:
[1] Proyecto Prevenir. (2022, 07 de febrero). Infografia: Las personas defensoras ambientales en la Amazonía peruana. En USAID del pueblo de los Estados Unidos de América. https://preveniramazonia.pe/infografia-las-personas-defensoras-ambientales-en-la-amazonia-peruana/
[2] Gamboa, C. y Quispe. C. (2021, 8 de marzo). Retos para una protección efectiva de defensores ambientales de cara al Bicentenario. En Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). https://dar.org.pe/retos-para-una-proteccion-efectiva-de-defensores-ambientales-de-cara-al-bicentenario/
[3] Mongabay. (2021, 4 de enero). Las deudas ambientales de Perú en 2020: asesinatos de defensores, ilegalidad durante la pandemia y Acuerdo de Escazú enviado al archivo. https://es.mongabay.com/2021/01/las-deudas-ambientales-de-peru-asesinatos-de-defensores-ilegalidad-durante-la-pandemia-y-acuerdo-de-escazu-enviado-al-archivo/
[4] Mongabay. (2019, 19 de marzo). Perú: seis defensores ambientales explican cómo es vivir amenazado por la minería ilegal. https://es.mongabay.com/2019/03/peru-defensores-ambientales-amenazados/
[5] Decreto Supremo N° 004-2021-JUS. Lima, 21 de abril de 2021. https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-crea-el-mecanismo-intersectorial-para-la-decreto-supremo-n-004-2021-jus-1946184-4/
[6] Leonardo, J. (2022, 22 de abril). DEFENSORES AMBIENTALES: PROBLEMAS DE BUROCRACIA IMPIDEN EFECTIVIDAD DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN. En Convoca. https://convoca.pe/agenda-propia/defensores-ambientales-problemas-de-burocracia-impiden-efectividad-del-mecanismo-de
[7] Santos, G. (2022, 1 de mayo). Los retos para proteger a los defensores de derechos humanos en el Perú. En OjoPúblico. https://ojo-publico.com/3459/los-retos-para-proteger-defensores-de-derechos-humanos-en-el-peru
