El agua no solo es un activo, es un “oro azul» para el Perú: ¿Por qué son vitales los recursos hidrográficos?

Escrito por: Ana Paula Panduro Toledo, estudiante de Derecho en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y miembro del Consejo Editorial de Conexión Ambiental.

En el Perú, el agua trasciende su definición como recurso natural para convertirse en un «oro azul» estratégico, cuya gestión define la viabilidad de nuestra seguridad alimentaria y estabilidad económica. Debido a una geografía de contrastes, donde la abundancia amazónica choca con la aridez crítica de la costa, los recursos hidrográficos no solo representan un activo ambiental, sino el eje de la paz social y la resiliencia ante el cambio climático.

Bajo el marco legal que la reconoce como patrimonio inalienable de la Nación, entender su valor vital exige mirar más allá del grifo. Debemos comprender que cada gota depende de la salud de nuestras cabeceras de cuenca y de una gobernanza que priorice la vida por encima de la demanda.

Los recursos hidrográficos constituyen el conjunto de cuerpos de agua, tanto superficiales como subterráneos, que fluyen o se almacenan en el territorio: desde los glaciares y lagunas altoandinas hasta los ríos y acuíferos. En el contexto peruano, estos no son elementos aislados, sino componentes de un sistema dinámico que sostiene la biodiversidad. Su importancia radica en que funcionan como el soporte vital para la vida en las zonas más áridas del país y actúan como el motor primario de nuestras actividades productivas.

Para gestionar estos recursos, el territorio se organiza en 159 cuencas hidrográficas, agrupadas en tres vertientes: Pacífico, Amazonas y Titicaca. Existe una asimetría crítica: la vertiente del Pacífico posee solo el 2% del agua dulce, pero abastece al 60% de la población. Estas cuencas funcionan como «organismos vivos» donde lo que ocurre en la parte alta (cabecera) impacta directamente en la calidad y cantidad de agua abajo.

Este panorama se agrava por la contaminación derivada de la minería informal, vertimientos industriales y aguas servidas, afectando críticamente a las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín (CHIRILU). En estas zonas, la deforestación en las partes altas impide que el suelo actúe como una «esponja» natural, lo que provoca que el agua de lluvia se pierda por escorrentía, arrastre sedimentos y desestabilice el ciclo hidrológico. Esta pérdida de capacidad de regulación hídrica potencia los efectos de la contaminación directa, ya que no existe un flujo natural suficiente para diluir la carga de contaminantes que se vierten en los cauces.

Bajo este contexto de vulnerabilidad, la degradación de los recursos se manifiesta a través de focos específicos que alteran la química natural del agua de formas devastadoras. El sector industrial intensifica la crisis mediante el vertido de metales pesados como el mercurio, el plomo y el cadmio, los cuales son bioacumulables y letales para los ecosistemas. A esto se suma el impacto de la agroindustria, que utiliza fertilizantes nitrogenados y fosfatados a gran escala; estos químicos, al filtrarse hacia los cuerpos de agua, provocan la eutrofización, un proceso que agota el oxígeno y crea «zonas muertas» donde la vida acuática es imposible.

Además que, en el caso de la infraestructura urbana y las actividades extractivas terminan por ejercer una presión insostenible sobre las fuentes de agua dulce. Las redes de alcantarillado deficientes liberan patógenos fecales y contaminantes emergentes, como residuos de medicamentos y microplásticos, que las plantas de tratamiento convencionales no logran filtrar. Simultáneamente, la minería contribuye con el drenaje ácido, elevando la acidez del agua y liberando arsénico en los acuíferos. Estos conflictos no solo degradan el medio ambiente, sino que reducen drásticamente la disponibilidad de agua potable, desencadenando crisis de salud pública y tensiones sociales por el acceso a este recurso vital.

Dado que el agua es el insumo crítico para la agroexportación, la generación hidroeléctrica y la industria, la normativa peruana exige que los usuarios trascienden la mera extracción. Bajo este enfoque, se promueve la participación activa en la conservación mediante retribuciones económicas, garantizando que el ciclo no se rompa por la presión de la demanda. Una cuenca saludable no solo garantiza agua en sequía, sino que es determinante para la seguridad nacional al prevenir desastres como huaicos e inundaciones.

Desde una perspectiva jurídico-administrativa, la gestión de los recursos hídricos en el Perú se erige sobre su naturaleza de bien de dominio público hidráulico, lo cual inviste al Estado de una tutela especial, inalienable e imprescriptible bajo el marco de la Ley de Recursos Hídricos (N° 29338). Esta gobernanza se articula mediante un sistema de competencias concurrentes liderado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) como ente rector técnico-normativo con potestad para el otorgamiento de derechos de uso y la fiscalización del recurso; la Sunass, en su calidad de organismo regulador encargado de la supervisión de los servicios de saneamiento para garantizar la sostenibilidad tarifaria y la calidad del servicio de agua potable; y el Senace, como autoridad responsable de la certificación ambiental que dota de viabilidad jurídica y ecosistémica a los proyectos de inversión de gran envergadura. Finalmente, este engranaje administrativo se instrumentaliza a través del Plan Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) y los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE), los cuales constituyen herramientas de fomento y gestión económica destinadas a garantizar la conservación de las fuentes naturales mediante la internalización de costos ambientales y la seguridad jurídica de los acuerdos de retribución.

La preservación de las fuentes de agua en el Perú es un imperativo de supervivencia. La solución requiere un enfoque integral que combine infraestructura natural, gestión eficiente desde el Derecho Administrativo y una cultura del agua que nazca desde la acción individual hasta la política nacional. Gestionar el agua de forma responsable no es solo una tarea técnica, sino un imperativo ético para asegurar la resiliencia del país ante los desafíos globales y garantizar la vida de las futuras generaciones.

Fuentes: