Escrito por Brisa Goycochea, estudiante de la Facultad de Derecho PUCP y miembro del Consejo Editorial
Buenas prácticas empresariales en el sector ambiente
Los conflictos sociales nos llevan a discutir y analizar la relación entre las comunidades campesinas y las empresas. En el presente trabajo se abordarán los diversos objetivos, ejes y alcances de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el sector minero a nivel nacional e internacional como método de gestión y diálogo de conflictos.
La RSE es un instrumento de socialización entre la empresa, los trabajadores y las comunidades campesinas que permite ejecutar programas sociales como parte de su aporte al desarrollo sostenible de la zona y forja canales de comunicación con los grupos interesados (Medrano et al, 2019). Este instrumento, forma parte de las buenas prácticas empresariales en el sector medio ambiente, la cual ayuda a la convivencia armónica entre los actores sociales y afianza el clima organizacional de la empresa, pues permite que se dialoguen estrategias en la resolución de conflictos futuros relacionados o no con la actividad de la empresa.
Objetivos y alcances de la RSE en el Perú
Las entidades con programas de RSE se plantean objetivos en los que invierten en sus integrantes, adquieren nuevos equipos, utilizan sistemas de seguridad, crean mecanismos para recoger sugerencias, optimizan su impacto en la comunidad y el ambiente, identifican las carencias de su colectividad, efectúan cambios para tratar de solucionar situaciones de crisis y orientan al trabajador para encontrar oportunidades de empleo mediante capacitaciones.
En el caso peruano, el alcance del RSE se orienta como un mecanismo de solución de conflictos internos, respecto a temas relacionados con la salud, la educación, la infraestructura y afines. Los programas se realizan en zonas de extrema pobreza y muchas veces sustituyen las obligaciones del Estado, pues se atienden las demandas ciudadanas y mejoran la calidad de vida de las personas.
Medrano (2019) explica que en la confección de estos planes de RSE se debe analizar la realidad cultural y económica del área en la que se desarrollará el proyecto, así como consultar a sus representantes, interlocutores e instituciones.
La implementación de la RSE en el territorio nacional
En el país el desarrollo de la RSE se evidencia en las acciones que realizan las empresas en coordinación con sus partes interesadas. Las empresas dedicadas a la industria extractiva de minerales identifican a sus stakeholders dentro de niveles y variedades de grupos de interés, tales como el Estado, los proveedores, los clientes, los trabajadores, los accionistas, las ONGs, la comunidad, etc.
La RSE, según Medrano, propone una visión ética corporativa, en la que las empresas consideran no sólo cuestiones económicas, sino que promueven el respeto de los derechos humanos de los pobladores. A nivel nacional e internacional varias empresas cuentan con programas de RSE, que permiten un diálogo constante con las comunidades campesinas y pueblos indígenas a través de políticas de desarrollo sostenible.
La Minera Kolpa, productora y comercializadora de cobre (Cu), plomo (Pb) y zinc (Zn), por ejemplo, ejecuta sus proyectos mediante ejes estratégicos de salud, educación, cultura y desarrollo productivo. Los proyectos que se realizan en las áreas de influencia (directa e indirecta) cuentan con un Centro Médico ubicado en la unidad Minera, Programas de empleo local, Programas educativos, Talleres de Gastronomía, Apoyo a instituciones educativas, Campañas de Sanidad Animal, Construcción de cobertizos y Apoyo al Ecoturismo. Todas las acciones realizadas por la empresa se orientan al cumplimiento de políticas relacionadas con el mejoramiento del diálogo con las comunidades y el fortalecimiento de las relaciones institucionales.
El reporte de conflictos sociales N° 228 de febrero de 2023 de la Defensoría del Pueblo detalla que la minera posee un conflicto reactivado con la comunidad campesina de Huachocolpa. En la actualidad el reporte N° 235 de septiembre de este año no reporta que el conflicto haya escalado, ello puede indicar que existe un diálogo constante por parte de la empresa y la comunidad y que los proyectos se vienen manejando en base a desarrollo sostenible, negociación y respetando los derechos de las personas.
Por otro lado, la Minera Pan American Silver, productora de oro (Au), por ejemplo, respecto a salud y bienestar sigue los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 y 8 de la ONU y cuenta con un Protocolo de Seguridad y Salud de TSM. Asimismo, respecto a comunidades campesinas y pueblos Indígenas sigue el objetivo 4, que les permite gestionar riesgos e impactos potenciales, identificar oportunidades y desarrollar programas que proporcionarán beneficios mutuos y duraderos mediante la ejecución de líneas de base participativas, estudios culturales y evaluaciones de percepción, los cuales sirven para responder preguntas de las comunidades respecto a impactos reales o percibidos de la actividad minera. Asimismo, posee compromisos sociales respecto a economía, desarrollo del capital humano, inclusión y diversidad.
En ambos informes del 2023, mencionados anteriormente, de la adjuntía para la prevención de conflictos sociales y la gobernabilidad, no se encuentra a la empresa como partícipe de conflictos sociales. Sin embargo, el reporte N°142 de diciembre del 2015 señala que fue actor primario en un conflicto con comunidades campesinas de Junín y Pasco. En este caso, también se evidencian conflictos pasados por la naturaleza de la actividad extractiva, sin embargo, al no haber indicios de reportes por parte de la Defensoría, ello puede indicar un buen manejo de las situaciones por parte de la empresa, en base a los objetivos de desarrollo sostenible.
Como bien se ha podido evidenciar, las empresas mencionadas integran voluntariamente (artículo IX del D.S. 040-2014-EM) las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y las relaciones con sus interlocutores por medio de las políticas y/o ejes de desarrollo sostenible mencionadas. Sin embargo, los conflictos sociales siempre van a existir, debido a que el giro del negocio de las empresas extractivas implica grandes cambios en los ecosistemas, al ser estas de intervención directa. Por ello, el diálogo es un elemento crucial para que estos cesen y no reaparezcan meses después.
Instrumentos de gestión de desarrollo sostenible en la RSE
Carlín Villareal (2022) señala que la responsabilidad social de la empresa juega un papel importante y va de la mano con una adecuada gestión de las ecuaciones clave: minería, sociedad y medio ambiente. Es importante resaltar que, si bien existe un temor de las comunidades a la minería por todos los conflictos sociales y ambientales que ocasiona, la responsabilidad por las protestas sociales, por lo general se atribuye a la contaminación ingente que ocasionan los mineros ilegales e informales, en 21 de las 25 regiones de nuestro país (Zevallos, 2020). Ello es caldo de cultivo para que se creen conceptos erróneos respecto a la actividad minera, los cuales contemplan intereses políticos y mal manejo de programas de RSE por algunas empresas mineras.
Para evitar que se realicen prácticas antiéticas, las compañías mineras deben asegurar proteger el entorno ambiental, la seguridad física, la salud y el bienestar de sus empleados y colaboradores directos. Así como fortalecer las relaciones con las comunidades aledañas mediante un Plan de Responsabilidad Social (PRS), el cual les permita seguir y controlar el cumplimiento de las acciones que realizan en las áreas mediante la ejecución de valores y principios éticos que permitan proteger el medio ambiente.
Este plan debe incluir medidas de control ambiental y función preventiva que permitan evitar la ocurrencia de impactos identificados desde el inicio de actividades y hasta la culminación del proyecto. La inclusión de estas ayudará a que se dialogue de manera transparente, ordenada y sobre todo preventiva respecto de conflictos futuros. El órgano público encargado de velar por el cumplimiento de estos planes es la Gerencia de Gestión Ambiental en las municipalidades, la cual es responsable de las siguientes acciones:
i) Gestión de los desperdicios,
ii) Administración y crecimiento responsable de los parques y jardines de uso público,
iii) Promoción del conocimiento de una cultura ambiental,
iv) Desarrollo de tareas de clasificación en el origen, reaprovechamiento y reciclaje de los restos sólidos,
v) Implantación de estrategias ambientales en el entorno de su competencia,
vi) Impulsar una educación ambiental sostenible de recursos naturales y la protección de los ecosistemas
vii) Fomentar la participación de la comunidad a fin de asegurar un entorno saludable a través de los servicios públicos ofrecidos de manera adecuada y eficiente.
De ese modo, el trabajo para lograr el desarrollo sostenible de la zona en cuestión tiene que ser articulado, pues el desempeño y compromiso de la empresa minera ante la existencia de conflictos latentes en las zonas mineras podrá evidenciarse mientras los planes de acción dispuestos por el gobierno municipal sean valorados por las comunidades.
Planes de Responsabilidad Social (PRS) y organizaciones promotoras
Este mecanismo, denominado PRS, es de gran importancia porque recordemos que un profesional de minería destina incluso más del 50% de su labor en asuntos vinculados con responsabilidad social, ello debido a que los conflictos sociales son latentes en las zonas mineras, según Carlín Villareal (2022). De ese modo, para el desarrollo del RSE también es importante que se valoren positivamente los planes de acción dispuestos por el gobierno municipal.
Cabe destacar que a las principales organizaciones que promueven un desempeño ético de las empresas industriales y mineras con RSE son las siguientes: i) Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE), que agrupa a las empresas del sector minero-energético, ii) Perú2021, una entidad orientada a la promoción de un manejo empresarial viable difundiendo estrategias destinadas a asegurar el desarrollo sostenible, iii) el IPAE (Instituto Peruano de Administración de Empresas), iv) la CONFIEP (Confederación de Instituciones y Empresas Privadas), y v) la SIN (Sociedad Nacional de Industrias).
RSE en América latina y el mundo ¿obligación o alternativa?
Arteaga & Gómez (2015) señalan que la RSE debe ser entendida como parte de un sistema nacional de gobernanza que incluye tanto al sector estatal como a los políticos, el sector privado y las organizaciones no lucrativas. Los autores también mencionan la gobernanza, la cual incluye un enfoque integral, en el que se plantean i) relaciones políticas (entre el gobierno y la sociedad civil) ii) relaciones comerciales (entre la sociedad civil y la industria) y iii) relaciones regulatorias (entre el gobierno y la industria). Juan Arroyo (2012), por su parte, ilustra algunos ejemplos de países involucrados en gobernanza internacional y responsabilidad social ambiental.
En Francia y Reino Unido se obligan a las sociedades privadas a presentar balances sociales y ambientales al respecto. Reino Unido en la actualidad posee un Ministerio sobre Responsabilidad Social y tiene una política promotora muy amplia al respecto. En Bélgica y Holanda se crean incentivos para que el sector privado se involucre más con la Responsabilidad Social. Bélgica desde el 2002, por ejemplo, ha instaurado una “etiqueta social voluntaria” para promoverla.
En China, desde el 2006 se enfatiza la responsabilidad social ambiental corporativa por medio de una “He Xie She Hui” o “sociedad armoniosa”, en el que se exigen ciertos derechos laborales. Todo ello debido a factores como daños medioambientales y problemas de salud pública, los cuales forman parte de la expansión económica en el país. Canadá y Suecia son ejemplos internacionales en cuanto a promoción de la RSE.
En Chile, por su parte, la intervención del RSE estatal busca dar el ejemplo eliminando comportamientos discriminatorios, creando cuotas de nominación en cargos de decisión para las mujeres y buscando que los sectores incentiven la RSE. En Argentina, las medidas obligan a las empresas a presentar balances sociales anuales, se crean certificados y premios anuales para incentivar las acciones de RSE. En Brasil se presentó un proyecto de ley que reglamenta la RSE para capital nacional y extranjero.
Entonces, a partir de estos ejemplos, cabe preguntarse si la RSE resulta una obligación o una alternativa. En algunos casos es opcional y en otros obligatorio dependiendo de las políticas que implemente el país. Sin embargo, es importante resaltar que tan solo en el año 2012, se registraron más de 200 conflictos socioambientales en América Latina, de los cuales los centrales son los de Mina Invierno en Chile, el de Famatina en Argentina, Cerro Colorado en Panamá, Santurbán en Colombia, Aratirí en Uruguay, Crucitas de Cutris en Costa Rica y Fruta del Norte en Ecuador (Henriquez, 2011; Ortiz & Reyes, 200). Asimismo, mencionar que, lamentablemente, en todos los casos la RSE ingresa ex post, es decir, luego de producido el desacuerdo y escalado el conflicto (Arroyo, 2012).
Diferencias entre Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
Arteaga & Gómez (2015) definen a la Responsabilidad Social Empresarial o Responsabilidad Social Corporativa (RSE/RSC) como la contribución activa y voluntaria de la empresa al mejoramiento social, económico y ambiental, la cual se ubica más allá del cumplimiento de las normas e intenta conciliar el interés empresarial con el interés social, económico y ambiental. En esta, el desarrollo de un conjunto de actividades se enfoca en la sostenibilidad como principio fundamental de una empresa, más allá de su mera función económica.
Entonces, la RSE prioriza al ser humano, su salud y su felicidad por sobre el aspecto mercantilista para que las utilidades se den de forma sostenible. Este mecanismo se logra a través de la inversión en i) proyectos caritativos, ii) programas comunitarios y iii) otros esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los empleados, clientes, proveedores y la comunidad en general. El reto de la RSE consiste en que desde los directivos de las empresas hasta jóvenes profesionales se involucren en los proyectos para que de esa manera el diálogo con las comunidades campesinas sea articulado de acuerdo con los principios éticos de la formación profesional.
Por otro lado, la RSC se refiere a la práctica de las empresas de adoptar una cultura de ética y valores que tomen en cuenta el impacto de los negocios en la sociedad, por medio de la capacitación constante de sus empleados. Este mecanismo incluye la adopción de políticas de negocios que tengan en cuenta los intereses de los empleados, la protección del medio ambiente, el cumplimiento de las leyes, la contribución a la sociedad y el respeto de los derechos humanos.
La ONU explica que la RSC es el compromiso voluntario que las empresas hacen para la mejora social, económica y ambiental. De ese modo, la RSC se define como sinónimo de transparencia de los inversores, de buen gobierno corporativo de las sociedades cotizadas, códigos éticos e iniciativas de acción social. Las organizaciones sociales desarrollan su misión a la vez que establecen vías de comunicación con la Administración y las empresas.
A simple vista ambos conceptos parecen similares, sin embargo, la principal diferencia consiste en que el ámbito de la responsabilidad social de la empresa es interno y externo a la empresa, y se extiende a todas sus operaciones en el país de origen y en el extranjero, así como a la dinamización de sus proveedores y subcontratistas, para que éstos a su vez, observen los mismos criterios de responsabilidad en su actividad. Mientras que en las Corporaciones también existe la tendencia a la implantación de la Responsabilidad Social, porque les ayuda en el marketing, mejora su imagen corporativa y potencia su percepción de poder en el entorno global. En estos casos hablamos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
Normativa nacional e internacional sobre RSE y RSC
- Responsabilidad Social Corporativa – RSC Nacional
Laos Delgado (2017) precisa que los programas de RSE previenen la existencia de conflictos sociales que afecten el desarrollo de la empresa a nivel financiero y evitan la interrupción de acciones de desarrollo en las comunidades alcanzadas por un proyecto minero. Ello, conforme al artículo 20º de la Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, que señala que el aprovechamiento de recursos naturales por parte de particulares da lugar a una retribución económica que se determina por criterios económicos, sociales y ambientales.
Asimismo, el autor señala que las organizaciones empresariales requieren adecuar sus proyectos de responsabilidad social a los objetivos de la empresa sin afectar su cadena de valores. Todo ello de acuerdo al DS N°040-2014-EM, denominado Reglamento de protección y gestión ambiental para las actividades de explotación, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento minero, se realiza en el marco de la gestión de las actividades mineras y debe seguir ciertos lineamientos (Título Preliminar, artículo I al X).
- Responsabilidad Social Corporativa – RSC Internacional
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) explica que la Responsabilidad Social Corporativa es un elemento central en la estrategia empresarial tendiente a la construcción de una cultura corporativa. Existen normas relevantes que orientan a la RSE y la RSC, por ejemplo, la ISO 26000, la cual proporciona una compresión básica de la Norma Internacional voluntaria, denominada Guía de responsabilidad social. Esta norma tiene como objetivo contribuir a un desarrollo sostenible de la sociedad, en el cual las organizaciones están sujetas a un mayor escrutinio por las diferentes partes interesadas denominadas “Stakeholders”.
La Guía elaborada por la Organización Internacional de Normalización señala que al aplicar la normativa mencionada “las organizaciones deben tener en cuenta la diversidad social, ambiental, legal, cultural, política y organizacional, así como las diferencias en las condiciones económicas, y al mismo tiempo ser coherentes con las normas internacionales de comportamiento”. Ello es fundamental para que exista diálogo entre los involucrados, pues permite que las empresas reconozcan i) la responsabilidad social dentro de su esfera de influencia e ii) identifiquen y comprometan a las partes interesadas. Los temas más tratados en esta normativa son los siguientes:
- Derechos Humanos: Situaciones de riesgo, Gobernanza y resolución de agravios, Discriminación y grupos vulnerables, Derechos económicos, sociales y culturales, Diálogo social, Principios y Derechos fundamentales en el trabajo.
- Derecho Laboral: Salud y Seguridad en el trabajo y Empleo y relaciones laborales.
- Medio Ambiente: Prevención de la contaminación, uso sostenible de los recursos, mitigación del cambio climático y adaptación al mismo, Protección del medio ambiente, biodiversidad y restauración de hábitats naturales.
- Buenas prácticas empresariales: Lucha contra la corrupción, Participación política responsable, Competencia leal, Promoción de la responsabilidad social en la cadena de valor y Respeto de los derechos de propiedad.
- Derecho del Consumidor: Mercadeo justo, información objetiva e imparcial y prácticas contractuales justas, Protección de la salud y la seguridad de los consumidores, Consumo sostenible, Servicio al consumidor, apoyo y resolución de quejas y disputas, Protección de datos de los consumidores y privacidad y Acceso a los servicios esenciales, Educación y sensibilización.
- Participación y desarrollo de la comunidad: Participación de la comunidad, Educación y cultura, Creación de empleo y desarrollo de capacidades, Desarrollo y acceso a la tecnología, Creación de riqueza e ingresos y Salud e Inversión social.
Recordemos que esta normativa no es una certificación, es decir, no es una norma de sistema de gestión y no contiene requisitos como tal.
- Responsabilidad Social de la Administración Pública (RSA)
La Organización de Naciones Unidas (s.f.) señala que dentro del sector público debe existir cohesión social y desarrollo de buenas prácticas. Los cuales deben estar orientados con los siguientes valores: honestidad, conducta solidaria, humildad, pragmatismo y coraje. Arroyo (2012) detalla que existen tres tipos de estados ante la responsabilidad social empresarial: i) estado ausente, ii) estado mediador, iii) estado promotor y iv) estado socio de las empresas RSE.
En la construcción de una nueva cultura responsable con la sociedad y el medioambiente que evite conflictos con las comunidades campesinas y pueblos indígenas es importante reconocer el rol del estado. Arroyo (2012) cataloga al Estado peruano como mediador en la RSE, porque actúa como árbitro en los conflictos que relacionan a las empresas y las comunidades campesinas. El objetivo principal del país, mediante el desarrollo de políticas públicas, es mitigar los conflictos e incentivar la inversión orientando a las empresas en la obtención de licencias sociales, las cuales permitirán canalizar los recursos de la inversión pública en proyectos comunitarios.
En otras palabras, en el Perú, los casos de RSE surgen como fruto de una demanda social y tienen para las empresas por lo general un carácter pragmático, de prevención o gestión de conflictos. En diciembre de 2021, la Defensoría del Pueblo explica que existían 98 conflictos socioambientales activos, de los cuales 63 estaban relacionados al sector minero y 23 al de hidrocarburos. Estas acciones de protesta colectiva en el Perú se manifiestan como plantones, encadenamientos, bloqueos de vías, marchas, movilizaciones, los cuales ascendieron a 250, alcanzando un pico en noviembre del mismo año.
Un estudio a nivel departamental realizado por el Banco Central de Reserva (BCR) destaca que, por ejemplo, Áncash, región que aporta cerca del 17 por ciento del PBI minero, registró caídas de su inversión minera de 41,5 y 49,4 por ciento en los periodos 2014-2016 y 2017-2019. Las reducciones coinciden con el hecho de que esta región fue la que más tuvo conflictos socioambientales mineros en el periodo 2008-2012 (aproximadamente 10 conflictos). Por el contrario, las regiones tales como La Libertad y Moquegua, donde ocurrió una menor cantidad de conflictos sociales sí registró un crecimiento positivo de la inversión minera. En ambas regiones, con menos de 2 conflictos sociales entre 2008-2012, la inversión minera se incrementó en 8,7 y 54,1 por ciento entre 2014-2016, respectivamente (Banco Central de Reserva s.f).
Entonces el rol del estado representado por la Administración Pública es imperativo para la resolución de conflictos sociales que involucren a comunidades indígenas y pueblos indígenas, pues permite que el PBI incremente. Ello se logra a través de la implementación de políticas públicas que integren “buenas prácticas empresariales” orientadas a la promoción de una RSE que integre valores y estrategias de desarrollo sostenible.
Conclusiones
Entonces, los conflictos sociales pueden manejarse con buenas prácticas empresariales por parte de los actores, pero para ello es necesario el diálogo previo e informado entre la empresa y las comunidades. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) juega un rol importante, a nivel nacional e internacional, pues se establecen medidas preventivas basadas en el respeto de los pobladores, sus derechos humanos y el cuidado del medio ambiente. De ese modo, existe una visión ética corporativa, en la que las empresas consideran no sólo cuestiones económicas. Finalmente, es importante que la RSE sea usada de manera transparente.
Referencias Bibliográficas
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