Escrito por Luis Alejandro Pebe, miembro del Consejo Editorial de Conexión Ambiental
Actualmente, 5 defensores ambientales peruanos han sido asesinados en lo que va del año. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿Por qué ellos son las víctimas? Ellos son las voces de denuncia y protesta contra actos ilícitos que suceden en nuestro territorio nacional como es la tala indiscriminada de árboles y la minería ilegal. Los criminales tratan de silenciar a los ciudadanos que se encargan de preservar los ecosistemas, ya que sin ellos podrán seguir cometiendo sus delitos con impunidad y destruyendo los espacios silvestres. Vale la pena destacar que este es un problema a nivel global y que se necesita tomar medidas rápidamente para prevenir estos homicidios. Ergo, el Acuerdo de Escazú es una alternativa que implementa un marco normativo regional que protege y reivindica la lucha de estos ambientalistas. Por medio del presente artículo, se expondrá acerca de las realidades, que las mafias que atentan contra el medio ambiente, quieren hacer pasar desapercibidas; y cómo este tratado internacional podría garantizar los derechos fundamentales a los activistas ecológicos para que sigan cumpliendo su labor.
LA REALIDAD QUE SE QUIERE SILENCIAR
Los defensores ambientales son un elemento trascendental para salvaguardar los espacios silvestres. Estos ciudadanos se rigen por un ideal de no violencia; además, muchos de ellos son personas que cuentan con estudios superiores, mientras que otro grupo lo hace por vocación de servicio comunitario. Ellos buscan la sostenibilidad y desarrollo del planeta. Cabe añadir que muchos forman parte de los pueblos originarios de las zonas afectadas por actividades ilegales, y lidian con los delitos contra el medio ambiente que se cometen en sus espacios [1]. En otros términos, son figuras ambientalistas que son voz de denuncia contra organizaciones criminales de índole ambiental. Asimismo, se encuentran en una situación de vulnerabilidad gracias a las mafias que se oponen a su actividad fiscalizadora. Acorde al Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas (UNEP), cada semana globalmente mueren 3 activistas ambientales de este tipo [2]. De esta manera, esta cifra demuestra el gran riesgo en el que sus vidas se encuentran.
En Perú, estas voces de denuncia se encuentran relacionadas con dos aspectos principales: la tala de árboles indiscriminada y la minería ilegal. Por un lado, la deforestación ilícita es el proceso en el cual las personas que no cuentan con los requisitos normativos pertinentes, empiezan a explotar los árboles [3]. Ergo, esta actividad perjudica gravemente el estado de los ecosistemas de tipo forestal. Sin embargo, dicho acto no se puede dar sin un contexto idóneo que lo legitime. Esta atmósfera ideal se construye gracias a un alto nivel de incidencia de actos criminales [4]. Si hay en el territorio una constante manifestación delictiva, se crea una especie de autorización tácita que permite a las personas sentirse libre para abusar de los derechos de otros y en este caso del medio ambiente.
En base a lo expuesto por Global Witness, desde el 2009 hasta el 2019 hubo aproximadamente 2,5 millones de metros cúbicos de madera que fueron deforestados ilegalmente [5]. Vale la pena añadir que esta cifra explica el estado crítico actual en el que se encuentran los bosques del Perú. Una cifra sorprendente consiste en que el comercio de la tala ilícita esta valorizado en 112 millones de dólares anualmente [6]. Ello demuestra que se generan grandes pérdidas económicas para la nación peruana.
Por otro lado, la minería ilegal es otro de los objetos de denuncia de los defensores ambientales. Este delito consiste en hacer proyectos de explotación minera en ecosistemas donde dicha actividad está restringida. También, se considera como crimen cuando se usa instrumentos no autorizados, [7] ya que puede generar un impacto peligroso en los espacios donde suceda dicha actividad. Además, el Ministerio de Ambiente (MINAM) señala que esta forma de minería ilícita está presente en cada una de las regiones del Perú [8].
El Amazonas es uno de los espacios más afectados. Esto se debe al uso de un equipo no autorizado para la extracción de metales preciosos y al empleo desproporcional de mercurio que termina afectando a todos los organismos vivos en los ecosistemas [9]. Así, debe destacarse que la vegetación de la zona se encuentra en grave riesgo. Por ejemplo, en Madre de Dios, debido a este acto ilícito se han deforestado más de 50 000 hectáreas de bosque [10]. Este ejemplo evidencia que la selva de nuestro país no es ajena a dicho crimen.
En línea con lo anterior, en el 2012, Perú registró una alta pérdida económica debido a la minería ilegal. Este es un problema latente, que, si bien concierne mucho al sector social y ambiental, también tiene mucha relación con lo económico. El acto minero ilícito genera pérdidas anuales que se estiman entre 250 millones y 500 millones de dólares. Las cantidades son exorbitantes puesto que los criminales evaden el pago de impuestos que les correspondería por realizar dichas actividades [11]. Por consiguiente, el dinero nunca llega al Estado, ni a las autoridades tributarias competentes, y mucho menos beneficia a la sociedad.
ESCAZÚ Y LA REINVINDICACIÓN DE LOS DEFENSORES AMBIENTALES
El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional de gran valor para los derechos humanos, el Derecho Internacional y Derecho Ambiental. Este Acuerdo es el primer tratado a nivel latinoamericano que relaciona estos ejes, y los integra en un solo instrumento. No obstante, este se ha dado luego de más de 5 años de negociación, y fue culminado recién desde hace 2 años atrás. Asimismo, usa como referencia la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo [12]. En consecuencia, es el resultado de un arduo trabajo con cimientos de cooperación internacional.
El Acuerdo de Escazú es diferente a muchos tratados, ya que cuenta con ciertas cualidades que lo hacen único y novedoso. Por un lado, su enfoque radica en los derechos humanos de los defensores ambientales. Por otro lado, exige derechos colectivos como es el acceso a la información, inclusión a la vida política y a la justicia [13]. Debido a estas razones, se afirma lo importante que es para proteger y reivindicar a los activistas que están en situaciones riesgosas.
Si bien hay muchas partes en el Acuerdo de Escazú que merecen ser resaltadas, este análisis se basa en la explicación de los mecanismos de protección para los defensores ambientales que establece dicho tratado internacional. En su artículo 9, este tratado se refiere a la defensa humanitaria que deben tener estos activistas. En primer lugar, se busca crear una atmósfera de armonía donde puedan desempeñar sus actividades sin ningún tipo de agresión. En segundo lugar, se respetan los derechos políticos democráticos y fundamentales que les otorguen los ordenamientos jurídicos de su país de origen. En tercer lugar, se garantiza la investigación y sanción por cualquier ataque que puedan sufrir durante la realización de sus labores de protección del medio ambiente [14]. Es primordial que las naciones cooperen en la ratificación del documento previamente mencionado, así como en la implementación de los contenidos del mismo.
Ahora bien, Perú estuvo presente en el proceso de creación del tratado e incluso fue uno de los países firmantes [15]. Sin embargo, hoy, el Congreso archivó su ratificación debido a presiones económicas, prejuicios, desconocimiento sobre la materia de dicho documento y la carencia de una voluntad política ambientalista. Muchas personas se preguntan: ¿Por qué Perú necesitaría del Acuerdo de Escazú? Por un lado, en base a las cifras de un estudio de Global Witness, se registró que entre el 2002 y 2014 hubo 57 asesinatos de defensores ambientales en el territorio peruano. Otro dato que preocupa es que más de 30 defensores fallecidos fueron en el 2010 y 2014 [16]. Es decir, con el transcurrir del tiempo, la violencia hacia estos activistas ha ido aumentando. Como se ha señalado anteriormente, ello se debe a que este grupo es la voz de denuncia contra actos ilegales que perjudican los ecosistemas de nuestro país.
Acorde a la Defensoría del Pueblo, en el 2020 han sido asesinados 5 defensores ambientales en territorio peruano. Los nombres de los activistas muertos en lo que va del año son Arbildo Meléndez Grandes, Benjamín Ríos Urimishi, Gonzalo Pío Flores, Lorenzo Wampagkit Yamil y Roberto Carlos Pacheco Villanueva [17]. El Acuerdo de Escazú brinda garantías suficientes para que personas como estos activistas puedan seguir llevando a cabo sus labores con normalidad en un ambiente seguro, y donde puedan tener certeza de que su voz de denuncia será tomada en cuenta.
Finalmente, los altos niveles de conflictividad en el Perú también exponen a los defensores ambientales en un estado de vulnerabilidad constante. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) afirma que una de las razones más importantes para ratificar este acuerdo es que únicamente en Perú, más de la mitad de conflictos son de índole socioambiental y surgen principalmente en comunidades nativas de las distintas regiones [18]. Por ende, tener un instrumento como este previene agresiones en el desarrollo de tales disputas.
A MODO DE CONCLUSIÓN
Los defensores ambientales son ciudadanos que tienen un compromiso firme con la sostenibilidad, preservación y desarrollo de los espacios ecológicos de la región. Por consiguiente, rechazan enfáticamente actos ilícitos como es la minería ilegal y la tala de arboles indiscriminada que perjudican nuestros espacios silvestres. De esta manera, se vuelven enemigos directos de las organizaciones criminales que cometen estos delitos ambientales. Por todo lo anterior, se requiere urgentemente un marco normativo que proteja de manera efectiva los derechos humanos de estos activistas medioambientales, y que garanticen el respeto de estándares mínimos de alcance internacional. Ergo, que el Congreso peruano haya archivado la ratificación del Acuerdo de Escazú es inconcebible. Las organizaciones ilegales (y sus aliados a nivel gubernamental) buscan que estas realidades sean silenciadas, y era necesario que Escazú ayude a reivindicar esas voces que, injustamente, ya no están.
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Imagen obtenida por https://www.reporteindigo.com/reporte/defensores-ambientales-condenados-a-muerte-violencia-impunidad-criminalizacion/
[1] Leather, B. (13 de julio de 2017). Environmental defenders: who are they and how do we decide if they have died in defence of their environment?. En The Guardian. Recuperado el 17 de septiembre de 2020, de https://www.theguardian.com/environment/2017/jul/13/environmental-defenders-who-are-they-and-how-do-we-decide-if-they-have-died-in-defence-of-their-environment
[2] Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Humanas. (s.f). Defensores del medio ambiente: al frente de la batalla por un planeta limpio. En Unenvironment.org. Recuperado el 17 de septiembre de 2020, de https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/defensores-del-medio-ambiente-al-frente-de-la-batalla-por-un
[3] Comité Forestal SNI & Comité de Madera e Industria de la Madera ADEX. (3 de mayo de 2017). ¿Qué se entiende por tala ilegal?. En Gestión. Recuperado el 17 de septiembre de 2020, de https://gestion.pe/blog/perspectiva-forestal/2017/05/que-se-entiende-por-tala-ilegal.html/
[4] Greenpeace. (s.f). Tala ilegal y madera de conflicto. En Greenpeace.org. Recuperado el 17 de septiembre de 2020, de http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/trabajamos-en/bosques/amazonia/tala-ilegal-y-madera-de-/
[5] Gil, T. (21 de enero de 2019). Tala ilegal en la Amazonía: la dura advertencia a Perú por los “niveles desenfrenados” de esta práctica y la postura del gobierno al respecto. En BBC. Recuperado el 17 de septiembre de 2020, de https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46912405
[6] Gil, T. (21 de enero de 2019). Op, cit.
[7] Ministerio del Ambiente. (s.f). Diálogos Ambientales: Minería ilegal y minería informal. En Minam.gob.pe. Recuperado el 17 de septiembre de 2020, de http://www.minam.gob.pe/prensa/wp-content/uploads/sites/44/2013/12/dialogo-con-la-prensa-2_minereia_ilegal.pdf
[8] Andina. (9 de marzo de 2012). Minería informal afecta a 21 regiones de la costa, sierra y selva. En Andina.pe. Recuperado el 17 de septiembre de 2020, de https://andina.pe/agencia/noticia-mineria-informal-afecta-a-21-regiones-de-costa-sierra-y-selva-403392.aspx
[9] Sierra, Y. (17 de enero de 2019). Minería ilegal: la peor devastación en la historia de la Amazonía. En Mongbay. Recuperado el 17 de septiembre de 2020, de https://es.mongabay.com/2019/01/mapa-mineria-ilegal-amazonia/
[10] Ministerio del Ambiente. (s.f). Los Bosques en cifras… . En Minam.gob.pe. Recuperado el 17 de septiembre de 2020, de http://www.minam.gob.pe/bosques/los-bosques-en-cifras/
[11] Andina. (9 de marzo de 2012). Op, cit.
[12] Civicus. (s.f). ESCAZÚ: ‘The work of civil society made a huge difference’. En Civicus.org. Recuperado el 17 de septiembre de 2020, de https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/3728-escazu-the-work-of-civil-society-made-a-huge-difference
[13] Civicus. (s.f). Op, cit.
[14] Naciones Unidas (2018). Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. En Cepal. Recuperado el 18 de septiembre de 2020, de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf
[15] Barnaby, B. (27 de julio de 2020). El Acuerdo de Escazú y la importancia de fortalecer los derechos ambientales y el desarrollo sostenible. En Instituto de Democracia y Derechos Humanos. Recuperado el 18 de septiembre de 2020, de https://idehpucp.pucp.edu.pe/notas-informativas/el-acuerdo-de-escazu-y-la-importancia-de-fortalecer-los-derechos-ambientales-y-el-desarrollo-sostenible/?fbclid=iwar2blaplq9z8ouz_9wdhghsmjov8hamz8p5ik3jdg0fzn1h1ifwih7wyiee
[16] Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. (s.f). Defender la Amazonía es muerte y persecución para los Pueblos Indígenas. En Aidesep.org.pe. Recuperado el 18 de septiembre de 2020, de http://www.aidesep.org.pe/noticias/defender-la-amazonia-es-muerte-y-persecucion-para-los-pueblos-indigenas
[17] Redacción. (14 de septiembre del 2020). “Bajo ningún supuesto puede permitirse el sacrificio de más vidas”: Defensoría exige al Estado protección a defensores ambientales. En RPP. Recuperado el 18 de septiembre de 2020, de https://rpp.pe/peru/actualidad/defensoria-exige-al-estado-proteccion-a-defensores-ambientales-bajo-ningun-supuesto-puede-permitirse-el-sacrificio-de-mas-vidas-noticia-1292550
[18] Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. (31 de julio de 2020). Basta de mentiras, ratifiquemos el Acuerdo de Escazú. Recuperado el 18 de septiembre de 2020, de http://derechoshumanos.pe/2020/07/basta-de-mentiras-ratifiquemos-el-acuerdo-de-escazu/
