Escrito por Gabriel Flores, miembro del Consejo Editorial de Conexión Ambiental.
Recientemente, por la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del 9 de agosto, el portal Mongabay recogió la importancia y urgencia de reconocer los derechos relacionados a los territorios, actividades, y saberes ancestrales de los pueblos indígenas en Latinoamérica. Ello en atención a la serie de demandas irresueltas que estas comunidades han exigido a los gobiernos durante décadas, sobre todo actualmente por las afectaciones que ha ocasionado la pandemia del COVID-19.
En dicho artículo, Yvette Sierra nos recuerda la lejanía con la que son tratados los pueblos y comunidades indígenas, y las consecuentes carencias con las que conviven: “la falta de recursos, acceso a servicios como la educación, atención de salud, la vulnerabilidad en la que se encuentran por el cambio climático, las presiones sobre su territorio, son algunas de las deudas pendientes, acentuadas con la pandemia” [1].
Son estos problemas los que claramente se ven reflejados en una serie de casos de los que hemos sido testigos durante décadas: el asesinato de varios defensores ambientales indígenas, las afectaciones consecuentes de un sistema de salud frágil del que dependen, la variedad de casos graves de trata de personas, la minería y la tala ilegal y sus consecuencias, el tráfico de fauna silvestre que afecta la conservación, biodiversidad, y el modo de vida de los pueblos que dependen de estas especies, etc. Por ello, los pueblos indígenas, a lo largo de Latinoamérica, se ven enfrentadas a las carencias cimentadas en un sistema que no ha hecho los suficientes esfuerzos por acercarse a sus ciudadanos, a los problemas y a las afectaciones medioambientales que no encuentran soluciones cercanas, tanto en la afectación de los ecosistemas, como de los recursos naturales y la biodiversidad, como a la explotación de sus tierras y el aseguramiento de su supervivencia frente a este virus mortal.
A partir de estos problemas a las que las comunidades indígenas se ven expuestas, es que Mongabay cita cinco líneas estratégicas para “mirar con esperanza” el futuro de los pueblos indígenas en la Amazonía: estas estrategias fueron esbozadas desde la Cumbre Mundial del Clima de este año, realizadas en abril, que fue promovida por distintas organizaciones indígenas conjunto al Departamento de Estado, el Departamento de Tesoro, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, y los representantes del Congreso norteamericano.
¿Cuáles son las estrategias desarrolladas por los líderes indígenas, y cómo se contrastan con la situación en el Perú?
- La protección efectiva de sus territorios
Un primer punto estratégico que examina el artículo concluye que son los pueblos indígenas quienes mejor conservan los bosques, y aun así, persisten problemáticas de reconocimiento legal de sus tierras, y la titulación de los territorios de los pueblos originarios.
Para desarrollar esta situación muchas veces ignota en medios masivos, el portal Convoca ha logrado entrevistar a tres líderes indígenas sobre los 200 años de independencia, y lo que ha significado esta conmemoración para los pueblos originarios, tomando en cuenta el olvido, en muchos casos, del Estado respecto al reconocimiento de las tierras, costumbres, y la dificultad de proveer servicios básicos en estos sectores, y los problemas medioambientales en los que se ven expuestos.
Desde la recopilación de entrevistas que realiza Fiorella Montaño, se recoge, por ejemplo, que una de las principales luchas de los pueblos representados por el Gobierno Territorial Autónomo Nación Wampis, establecida el 29 de noviembre de 2015, es el reconocimiento de su territorio, que abarca 1 millón 627 mil hectáreas, pero que actualmente solo son usados 37 mil hectáreas. De acuerdo con el portal, las tierras de las comunidades indígenas en nuestro país se han visto reducidas con el pasar de los años, y esta lucha de los pueblos originarios se multiplica cada vez más por la inacción de las autoridades por solucionar la variedad de casos de tráfico de tierras, deforestación, erosión del suelo, etc. El portal comunica, en ese sentido, la existencia de un fenómeno de fragmentación del territorio indígena, que se ha visto formalizado desde el Estado, por lo que Gil Inoach, abogado originario del pueblo Awajún, expone que esta reducción de tierras disminuye la capacidad de expansión de las comunidades, y en muchas ocasiones, las termina arrinconando” [3].
De la misma manera, el diario La Región de Iquitos, a partir del trabajo de Ángela Rodríguez, conversó con Jorge Pérez Rubio, presidente electo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), en el que se reconoció la agenda de los pueblos indígenas y sus prioridades en los próximos 5 años.
Tras elegirse a la nueva Junta Directiva de esta organización, el presidente electo de la Asociación, el líder huitoto Pérez, expuso que su gestión priorizará los ejes temáticos de salud intercultural, educación bilingüe, la defensa de los lideres indígenas asesinados por traficantes madereros y de tierras, narcotraficantes, etc., estableciendo concretamente como pilar de la gestión la titulación de los territorios ancestrales de los pueblos originarios, que incluye como prefacio la creación de reservas indígenas para los pueblos indígenas en aislamiento, considerando la pandemia y las graves afectaciones que ha tenido frente a estas comunidades.
Estos planteamientos que expone Pérez, según el diario, ya han sido presentadas como demandas al Gobierno entrante, específicamente al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, encargado de los temas de titulación de territorios, en los que la problemática principal que el Estado debe revisar con urgencia consiste en revisar los títulos habilitantes de reservas indígenas, entre otras cuestiones, como las concesiones forestales, la protección de bosques de producción permanente, etc.
Un gran avance que el Estado peruano ha desarrollado a partir de las denuncias que reclaman las comunidades nativas en el país es la reciente creación de garantía de propiedad otorgada a través de 58 títulos de propiedad para mas de 1490 familias nativas, beneficiando a 4725 personas dedicadas a la agricultura familiar. De acuerdo con el portal oficial del Diario El Peruano, la directora general de la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural (Digespacr) Helen Figueroa, se ha trabajado en conjunto en conjunto a los Gobiernos Regionales y grupos de agricultores, así como comunidades nativas y campesinas, para concretar y viabilizar la titulación de sus tierras, “brindando protección y preservación de su territorio ancestrales” [5]. Así, se cumplen con las disposiciones de la Ley N° 24656, Ley General de Comunidades Campesinas, que determina el cuadro normativo por el cual, a partir de su artículo 1, se “garantiza la integridad del derecho de propiedad del territorio de las comunidades campesinas”, expone el diario.
Por otro lado, parte de los temas pendientes a resolver respecto a la protección de los territorios de los pueblos originarios es la conservación de estas tierras, sus recursos naturales, y la Amazonía en general. Por tanto, resulta fundamental examinar el Convenio 168 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, por lo que significa el reconocimiento a los pueblos originarios por su derecho al territorio indígena, que es un “derecho colectivo […] que implica tener el reconocimiento y protección de la totalidad de hábitats de las regiones que ocupan o utilizan, así como el reconocimiento de las formas de administrar o de usar la tierra, según los conocimientos propios de los pueblos” [6].
Entonces, el derecho al territorio indígena reconoce el derecho a la utilización, administración y conservación de los recursos naturales existentes en el territorio indígena, reconocimiento que se ve enfrentando a los constantes casos de deforestación, trafico ilegal, etc., en la Amazonía. Concretamente, el Estado tiene el reto de propiciar soluciones idóneas para los tantos casos de trafico de tierras que amenazan la conservación en la Amazonia, así como otros conflictos referidos a los territorios de los pueblos originarios, la deforestación, y la depredación de las tierras que corresponden a los pueblos que lo cuidan.
2. El respeto a la Consulta Previa
Una vez contemplada la necesaria protección de la titulación de las tierras a los pueblos originarios, a través del ya revisado Convenio 169 de la OIT, se pueden determinar los objetivos necesarios para superar prácticas discriminatorias que afectan a los pueblos originarios y sus territorios, y posibilitar su participación en las decisiones que los afectan, como por ejemplo, al cumplir con las disposiciones de la Consulta Previa a las comunidades indígenas sobre las actividades económicas que se llevarán a cabo dentro o cerca de sus territorios.
El Convenio se torna, en todo caso, en el pilar fundamental para cumplir con el respeto a la Consulta Previa para los pueblos indígenas, pues se debe entender que el principal objeto de este proceso, según el Convenio, refiere al consentimiento libre, y con conocimiento de causa, por los pueblos originarios sobre las actividades que se llevaran a cabo en sus territorios, y que pueden afectarlos.
Claramente, parte de la meta de la Consulta Previa es que se realicen diálogos formales, de buena fe, y a través de instituciones representativas, para solicitar a los pueblos originarios el consentimiento informado para explotar los recursos de los subsuelos y la tierra de estas comunidades. El propósito del consentimiento es otorgar a los pueblos los derechos que se les reconoce sobre los recursos naturales de sus tierras, que requieren protección. Por ello, la participación que se suscribe con el proceso de consulta posibilita la entrega de beneficios que se reporten de las actividades económicas que se lleven a cabo, así como el cumplimiento de obligaciones resultantes de la responsabilidad civil que pueda surgir debido a indemnizaciones por eventuales o posibles daños.
Por tanto, es obligación de los participantes de la Consulta Previa, así como del Estado peruano, el establecer y garantizar los medios de participación libre, que garanticen estas cuestiones, para si obtener una aplicación adecuada de este proceso, que finalmente posibilite la participación de los pueblos originarios sobre las actividades que pueden tener un impacto practico, así como jurídico, en estas zonas.
3. Amenazas y asesinatos a líderes indígenas
Seguramente quienes estén leyendo este apartado estén familiarizados con el Acuerdo de Escazú, que estuvo en el ojo del debate mediático en estos últimos años, por las implicancias internacionales que se remiten al generar un cuadro normativo comparado para la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales en la región, así como la creación de herramientas de acceso y participación de la ciudadanía en materia medioambiental, tanto para la creación de políticas públicas, como para acceder a la información de estos recursos.
Específicamente, el Acuerdo de Escazú representa, para la protección del medio ambiente, la colocación de la democracia como eje fundamental para los Estados de derecho, y la ciudadanía, pues concreta la relación entre la protección del medio ambiente con los derechos fundamentales, como la vida, la libertad de expresión, o derechos conexos como la participación política pública.
En ese sentido, la protección jurídica que ofrece el Acuerdo en el caso de los defensores ambientales se configura como un avance necesario para la toma de medidas idóneas que los Estados que la suscriben tendrían que adoptar para modificar la situación precaria de indefensión actual que muchos defensores ambientales en Latinoamérica atraviesan. Esta situación se ve reflejada en la mención del artículo que presenta Agencia Andina [10], en el que se expone que América Latina es la región con mayor cantidad de líderes ambientales e indígenas asesinados, puesto que según Front Line Defenders [11], en el 2020 asesinaron al menos a 331 líderes en el mundo, siendo 264 de ellos defensores en la región. En nuestro territorio, de acuerdo al diálogo que la Agencia mantiene con Lizardo Cauper, expresidente de Aidesep, se ha conocido que desde abril del 2021 hasta julio de 2021 han sido asesinados 10 defensores de en la Amazonia, pese a la existencia de denuncias presentadas a las autoridades que exponían el desamparo en el que estas personas se encontraban.
Por tanto, es importante reconocer que el Estado peruano a dispuesto, frente al archivamiento de la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del congreso pasado, el Decreto Supremo (DS) N° 004-2021-JUS que crea el mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. A través de este mecanismo, se ha desarrollado un marco normativo supletorio a lo que hubiera ocurrido con la ratificación de Escazú para la defensa de los derechos humanos, mediante lo formulado por el inciso d) del artículo 3 de este cuerpo, que expone que el DS desarrolla acciones orientadas a las conservación y protección del medio ambiente, los territorios de los pueblos indígenas u originarios, los recursos naturales, ya las personas defensoras de derechos humanos frente a los actos contra los mismos, que atente su integridad física, sexual, psicológica, etc., a través de medidas de protección del que son beneficiarias las mismas personas y sus familiares.
Resulta fundamental, con los indicadores de violencia que sufren las y los defensores ambientales actualmente, que el Estado peruano adopte medidas de protección más integrales, que formulen acciones efectivas e idóneas para eliminar los riesgos a los que enfrentan, sobre todo, las personas defensoras ambientales de las comunidades y pueblos indígenas, aplicando enfoques de género, y así evitar que los riesgos, sin acciones mas efectivas por parte de las autoridades, se tornen como inevitables frente a la protección del medio ambiente.
4. El destino de los fondos climáticos y 5. El valor de los conocimientos ancestrales
De acuerdo con Sierra [1], se ha presentado recientemente, a través de la Coalición LEAF, el mecanismo para reunir financiamiento climático hasta el 2026, con al menos $1 billón para iniciativas y esfuerzos público-privados dedicados a “proteger los bosques tropicales, en beneficio de millones de personas que dependen de ellos, y apoyar el desarrollo sostenible”. Sin embargo, como se detalla en el artículo, se han reunido estudios que concluyen que solo el 1% de dichos fondos arriban a territorios y pueblos indígenas.
Como ya vimos, resulta esencial para la protección íntegra de la Amazonía el recojo de las voces de los pueblos indígenas para la creación de mecanismos más efectivos que mitiguen los efectos del cambio climático, pues son los conocimientos tradicionales que utilizan estos pueblos la mejor forma de conocer las formas más idóneas para proteger el medio ambiente, y generar resiliencia frente a los efectos del cambio climático.
Por ello, es importante recordar que el Perú está comprometido a tomar acciones dedicadas a mitigar sus emisiones de gases de efecto invernadero (GE), pues así se suscribió desde el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, mediante el cual el país suscribe este compromiso. El país, en ese sentido, ha desarrollado acciones y mecanismos de financiamiento climático nacional y regional, esbozados a través de la “Estrategia Nacional ante el Cambio Climático”, las “Estrategias regionales de cambio climático”, el “Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático”, el “Programa de Inversión Forestal FIP-Perú”, entre otros.
Dentro de estos planteamientos, resulta fundamental reconocer que el Plan de Inversión Forestal FIP-Perú, como examina Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (en adelante, DAR) [12] es uno de los proyectos de inversión climática internacional para el cambio climático, que incluye mecanismos de financiamiento dedicado para pueblos indígenas, especializados en desarrollar proyectos e iniciativas propias de las organizaciones indígenas nacionales. Es así que el DAR explana la necesidad esencial de los fondos climáticos climáticos que ofrecen instancias internacionales como REDD+ y Forest Investment Program (FIP), y Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) para incluir en los lineamientos nacionales la participación ciudadana de las organizaciones indígenas en el desarrollo de estos mecanismos necesarios para luchar contra el cambio climático, en tanto esta inclusión conlleva a generar compromisos importantes de financiamiento para la “conservación de bosques, que incluye salvaguardas para los pueblos indígenas” [14]. Efectivamente, la participación ciudadana plena y efectiva de los pueblos indígenas deben encontrarse dirigidas a priorizar las propuestas establecidas desde organizaciones indígenas para cumplir las metas establecidas dedicadas a reducir las emisiones de GEI, y mitigar los efectos del cambio climático.
Además de la necesaria implementación de la participación ciudadana de las poblaciones indígenas para la creación de herramientas dedicadas especialmente a la protección del medio ambiente en estas zonas, es que resulta fundamental la valorización de los conocimientos ancestrales y tradicionales para la gestión integral de las herramientas orientadas a mitigar los efectos del cambio climático. En ese sentido, el Estado peruano debe cumplir con el mismo marco regulatorio creado específicamente a las obligaciones expuestas previamente, desde la Ley Marco sobre el Cambio Climático, que desarrolla en sus principios en el aspecto de la lucha contra el cambio climático el tomar en cuenta los conocimientos tradicionales, valorando los conocimientos de los pueblos indígenas y tomar su visión de desarrollo en armonía con la naturaleza en el diseño de medidas de mitigación y adaptación contra el cambio climático.
A través de este cuerpo normativo, como se detalla en el art. 3 del mismo, se requiere implementar en las herramientas creadas referidas al cambio climático y los efectos que provoca una perspectiva que permita adaptar los conocimientos tradicionales de los pueblos originarios dedicados a recuperar el medio ambiente, mediante un enfoque intergeneracional, intercultural, de derechos humanos, como obligaciones que el Estado debe adoptar en materia de protección de la biodiversidad, los derechos humanos, que tome en cuenta la necesaria priorización de las poblaciones más vulnerables. Entonces, los instrumentos de planificación especializadas en la lucha contra el cambio climático requiere una gestión más integral que incluya los conocimientos y prácticas ancestrales y tradicionales de los pueblos indígenas para crear medidas de mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático sobre los pueblos indígenas.
Recordemos que, según EUROCLIMA+ [15], el programa financiado por la Unión Europea para promover el desarrollo sostenible frente al cambio climático, los pueblos indígenas en Perú contribuyen a la mitigación del cambio climático. A partir de ello, el Estado ha incorporado la conformación de la Plataforma de Pueblos Indígenas para enfrentar el Cambio Climático como parte de la agenda dedicada a generar un sistema que gestione, articule, y difunda las medidas de adaptación y mitigación desarrolladas desde los pueblos indígenas para enfrentar estos desafíos.
Al respecto, aún quedan retos por superar desde las autoridades y la ciudadanía por reconocer los derechos y grandes contribuciones que se les reconoce y aportan a la protección del medio ambiente, por lo que el reconocimiento de la participación necesaria que debe ser incluida entre los lineamientos políticos nacionales como internacionales son un primer paso para implementar programas, proyectos y actividades orientadas a la reducción de los efectos del cambio climático, la protección de la conservación y la biodiversidad, la deforestación y el cambio de uso de suelo, así como otros avances sostenibles. De este modo, se podrá crear un cambio progresivo direccionado a generar una sociedad que establezca como matriz principal la protección y regeneración del medio ambiente, que incorpore dentro de sus planes a todos y todas.
Referencias:
[1] Sierra Praeli, Yvette (2021). Reconocimiento de sus territorios, respeto a los saberes ancestrales y cese a la violencia: el llamado urgente de los pueblos indígenas. Fecha de consulta: 18 de agosto de 2021
es.mongabay.com/2021/08/dia-internacional-pueblos-indigenas-amazonia/
Sierra, Yvette (2020). Pueblos indígenas: los más vulnerables frente al avance del coronavirus en América Latina – Mongabay Latam.
es.mongabay.com/2020/03/pueblos-indigenas-coronavirus-america-latina/
[2] Castañeda Vita, Sebastián. Dolor y rituales ancestrales: retratos de la pandemia en la Amazonía peruana – Reportaje fotográfico. Fecha de consulta: 18 de agosto de 2021
es.mongabay.com/2021/08/retratos-pandemia-amazonia-peruana-reportaje-fotografico/
[3] Montaño, Fiorella (2021). Bicentenario: ¿Algo que festejar para los pueblos indígenas?. Convoca.pe. Fecha de consulta: 19 de agosto de 2021
https://convoca.pe/agenda-propia/bicentenario-algo-que-festejar-para-los-pueblos-indigenas
[4] Diario La Región (2021). ¿Cuáles son las prioridades de los pueblos indígenas en los próximos 5 años?. Fecha de consulta: 18 de agosto de 2021
https://diariolaregion.com/web/cuales-son-las-prioridades-de-los-pueblos-indigenas-en-los-proximos-5-anos/
[5] Diario Oficial El Peruano (2021). ¡Un justo reconocimiento! Garantizan derecho a la propiedad a las comunidades nativas en el país. Fecha de consulta: 18 de agosto de 2021
https://elperuano.pe/noticia/126375-un-justo-reconocimiento-garantizan-derecho-a-la-propiedad-a-comunidades-nativas-en-el-país
[6] Camero, Pilar; Gonzales, Isabel (2021). Cartilla 2: Los pueblos indígenas y su derecho al territorio y a los recursos naturales. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR: Lima. Fecha de consulta: 19 de agosto de 2021.
https://dar.org.pe/wp-content/uploads/2018/06/Cartilla-2-Pueblos-indigenas-y-derecho-al-territorio-aprobada-14-05_18_R.pdf
[7] Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (2017). [Investigación] El tráfico de tierras amenaza la conservación en la Amazonia peruana. Fecha de consulta: 19 de agosto de 2021.
https://www.actualidadambiental.pe/investigacion-el-trafico-de-tierras-amenaza-la-conservacion-en-la-amazonia-peruana/
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (2020). SPDA: Comisión de Relaciones Exteriores archivo el Acuerdo de Escazú sin sustento sólido. Fecha de consulta: 20 de agosto de 2021.
https://www.actualidadambiental.pe/comision-relaciones-exteriores-archivo-acuerdo-de-escazu/
[8] Dammert, Juan Luis (2019). Tráfico de tierras en Ucayali: apuntes para comprender el fenómeno. Fecha de consulta: 19 de agosto de 2021.
https://peru.oxfam.org/latest/blogs/tr%C3%A1fico-de-tierras-en-ucayali-apuntes-para-comprender-el-fen%C3%B3meno
[9] Redacción Gestión (2021). Pueblos indígenas solicitan medidas de protección para personas defensoras de la Amazonia. Fecha de consulta: 19 de agosto de 2021
https://gestion.pe/peru/pueblos-indigenas-solicitan-medidas-de-proteccion-para-personas-defensoras-de-la-amazonia-noticia/?ref=gesr
[10] Agencia Andina (2021). Día de los Pueblos Indígenas: piden medidas de protección para defensores ambientales. Fecha de consulta: 19 de agosto de 2021.
https://andina.pe/agencia/noticia-dia-los-pueblos-indigenas-piden-medidas-proteccion-para-defensores-ambientales-856960.aspx
[11] Front Line Defenders (2021). Análisis Global 2020. Fecha de consulta: 20 de agosto de 2021.
https://www.frontlinedefenders.org/es/resource-publication/global-analysis-2020
[12] Huamaní, Suyana (2016). Financiamiento Internacional para el Cambio Climático en Perú. Lima: Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). Fecha de consulta: 20 de agosto de 2021.
https://dar.org.pe/archivos/publicacion/171_libro_gflag.pdf
[13] Ministerio del Ambiente (2020). Minam aprueba conformación de la Plataforma de Pueblos Indígenas para enfrentar el Cambio Climático. Fecha de consulta: 20 de agosto de 2021.
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/305324-minam-aprueba-conformacion-de-la-plataforma-de-pueblos-indigenas-para-enfrentar-el-cambio-climático
[14] Coalición LEAF. Fecha de consulta: 20 de agosto de 2021.
https://leafcoalition.org/es/
[15] Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. (2020). Los pueblos indígenas de Perú contribuyen a la mitigación del cambio climático
https://www.fiiapp.org/noticias/los-pueblos-indigenas-de-peru-contribuyen-a-la-mitigacion-del-cambio-climatico/
