Uno de los grandes desafíos por superar en el Perú, un país megadiverso y pluricultural, es el reforzamiento de una institucionalidad ambiental que involucre a todos los sectores, a la sociedad civil y que vaya de la mano con el enfoque de desarrollo sostenible para fomentar el equilibrio entre la eficiencia económica, la equidad social y la conservación del ambiente (Gamio, 2014).
En efecto, para superar este desafío se necesita, además, una confluencia de fuerzas y una sólida voluntad política, pues los intentos se están llevando a cabo. Hay tantos avances como retrocesos y, en la cruda realidad, estos últimos se observan con mayor frecuencia e indignación.
¿Por qué sería importante fortalecer la capacidad institucional del país en materia ambiental? Sabemos que, el derecho fundamental a un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, reconocido en el artículo 2°, inciso 22) de la Constitución, se encuentra ligado, a su vez, a los derechos fundamentales a la vida y a la salud de las personas, pues no es posible que la especie humana (ni ninguna otra) desarrolle su vida en condiciones dignas si el ambiente que las rodea no es el adecuado (Calle, 2012).
El gobierno es quien, en primera línea, se encarga de planificar, fomentar y ejecutar las medidas, políticas y acciones conducentes a lograr la protección de estos derechos. Si el Estado no tiene una maquinaria ordenada, coordinada y lista para cumplir con sus metas, objetivos y misiones permanentes, entonces mucho menos será capaz de desenvolverse ante las contingencias que caracterizan la dinámica ambiental ligadas a actividades antrópicas (económicas, productivas, etc.) o los desastres naturales.
En el presente trabajo sostenemos que el papel de la generación de información ambiental precisa, pertinente y accesible al público, así como la mejora tecnológica, la especialización y concientización en temas ambientales con un enfoque de desarrollo sostenible contribuyen al fortalecimiento y mejora de la institucionalidad ambiental en el Perú.
Pulgar-Vidal (2010) entendía la institucionalidad como la capacidad para gestionar las regulaciones, generar su cumplimiento y facilitar su entendimiento. Relacionándolo a lo ambiental, ello demandaría contar con una especie de sistema funcional que articule a los distintos órganos que ejercen determinadas funciones y que deben regirse por las directrices y los lineamientos de un ente rector para que sea posible una coordinación indispensable y multinivel (local, regional y nacional).
Esta institucionalidad, por supuesto, es un proceso sistemático, permanente y uniforme de consolidación de principios que se materializan a través de medios e instrumentos aplicados por las respectivas instituciones con la finalidad de contribuir al desarrollo sostenible (Balvin, 2017).
Nos percatamos de nuestra escasísima capacidad institucional ambiental cuando no vemos un horizonte, ni sabemos hacia dónde queremos llegar o qué es lo que se debe realizar ante un evento en específico, entre muchas otras desorientaciones.
El hecho más trascendental, a lo largo de este año, fue el derrame de hidrocarburo ocurrido en el mar de ventanilla; era de esperar que, además, de palparlo nosotros mismos como ciudadanos, la Unidad de Emergencias Ambientales de las Naciones Unidas concluyera en su informe de hallazgos y recomendaciones que el gobierno peruano tiene dificultades en determinar cuál era el mejor mecanismo para la conducción y coordinación de las acciones de respuesta ante emergencia ambientales de gran magnitud. Saltan a la vista los desafíos en coordinación y articulación sectorial y entre instituciones para llegar a un respuesta eficiente y conducente a paliar el desastre ambiental y las acciones de respuesta ante la inacción de los agentes involucrados. (Gestión, 2022).
Tenemos muchos ejemplos para retratar las deficiencias de organismos, instituciones o gestiones, cuyas acciones u omisiones fragmentan la institucionalidad ambiental y dificultan la protección y conservación del ambiente, sobre todo, la toma de decisiones alejadas de un enfoque con desarrollo sostenible. Ante ello, debemos preguntarnos qué nos hace falta para revertir esta situación y por qué es importante contar con una sólida institucionalidad ambiental.
La institucionalidad ambiental facilita la ejecución de políticas en los sectores y los distintos niveles de gobierno, impacta sobre la gobernabilidad permitiendo que el Estado se haga camino al andar. A su vez, ello genera una retroalimentación para ir avanzando a lo nuevo y dejar ir lo desfasado que sea incompatible con el desarrollo sostenible de nuestro país.
Frente a ese panorama, una de las variables a tener en cuenta, y de forma urgente, es la generación de información ambiental de calidad, pues para la toma de decisiones se necesita disponer de información confiable, accesible, actualizada y pertinente, más si en asuntos ambientales es vital contar con una base técnica-científica e interdisciplinaria.
Si bien contamos con el Sistemas Nacional de Información Ambiental, ello resulta insuficiente para determinar, por ejemplo, información útil para poder explotar con un enfoque territorial e intercultural los recursos hidrobiológicos y ejecutar proyectos en cuencas hidrográficas, o realizar el correcto uso de los recursos forestales. Aunado a ello, la calidad de esa información impacta en la disminución o proliferación de conflictos socioambientales que se pueden originar por una desatinada decisión.
Por otro lado, contar con información supone su generación a través de investigaciones concisas y útiles que no se guían en modelos exportados, sino que reflejan la verdadera realidad de nuestros ecosistemas. Es así, que contar con sistemas de generación de información dentro de la administración pública es imprescindible para un ámbito tan dinámico como el del sector ambiental.
Lo mencionado anteriormente, será posible de manera eficiente si nuestro país logra la mejora tecnológica y continua. Brasil es un ejemplo de ello, la reserva Mamirauá, ubicada al noroccidente de Manaos, es la primera del país -y de toda la cuenca Amazónica- en estar monitoreada en tiempo real con sensores que, por medio de la bioacústica y las imágenes de cámaras trampa, ofrecen una perspectiva de la salud del ecosistema que abarca a 1,2 millones de hectáreas, en donde habitan más de 10.000 pobladores indígenas (El Espectador, 2022).
Este increíble panorama requiere de una respuesta «contundente y sólida» por parte del Estado. Estamos conscientes de que la mejora tecnológica no es de un día a otro, mucho menos, si no se tiene data de lo que es realmente prioritario solucionar. Una institucionalidad es coherente si conoce su ubicación dentro del aparato estatal, las competencias de las entidades están definidas y sobre todo se cuenta con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para ejecutar acciones.
Dentro de esta variable se debe considerar que la tecnología a implementar respete los objetivos de desarrollo sostenible y fortalezca, a su vez, la gestión ambiental tomando en consideración los criterios de huella de carbono y huella ecológica que ello demande.
Andaluz (2011), señaló, con mucha razón que, no es necesario crear una nueva institucionalidad, sino mejorar y fortalecer la existente, coordinando las tareas que el sistema ha repartido en los respectivos entes para que en sus ámbitos y materias de competencia ejerzan sus atribuciones ambientales, pero bajo una política ambiental clara y una normativa ambiental completa y adecuada. Reconocemos que la nueva política ambiental se ha esforzado por mejorar muchos aspectos desplazados por la anterior y eso representa un gran avance; sin embargo, tiene que ser gestionada adecuada y oportunamente por quienes son responsables de ello. Así en los siguientes párrafos resaltamos la importancia de que las autoridades sean líderes en el sector y conozca sus funciones y responsabilidades.
No se puede querer lo que no se conoce, en esa línea, la especialización y concientización en temas ambientales vendría a ser la base angular de nuestro sistema ambiental tan diverso e interdisciplinario.
En primer lugar, porque las autoridades deben conocer sus competencias, deben ser proactivos y sin importar la profesión que ostentes deben tener presente los principios básicos de la gestión ambiental en nuestro país. Las entidades jurisdiccionales o administrativas tienen que estar preparadas, capacitadas y especializadas en el tema, no solo porque es intrínseco a su función, sino también porque son personas que viven de los recursos obtenidos en la naturaleza para existir: asumir una responsabilidad funcional y humanitaria.
En segundo lugar, la tendencia humana es el miedo hacia el cambio, por tanto, la sociedad civil tiene que estar informadas de los pro y contras de las políticas, planes, agendas y normas que se impulsen dentro del gobierno, para que así puedan ejercer su derecho de participación ciudadana y brinden su opinión para los consensos, puesto que ellos son los que sufren los efectos de la medidas implementadas y muchas veces pueden estar renuentes a la puesta en marcha de acciones que signifiquen un avance, pero que vayan en contra de paradigmas.
Es seriamente importante, la capacitación y difusión, orientados hacia la formación de la conciencia pública sobre las reglas ambientales y su cumplimiento.
Por supuesto, estas mejoras deben enmarcarse desde un enfoque de desarrollo sostenible, fundamentalmente, porque evaluar el desarrollo sostenible de una economía es fundamental para los países altamente dependientes de la venta de sus recursos naturales como el Perú, Así llegaremos y permaneceremos en la senda del desarrollo sostenible (Orihuela & Rojas, 2017).
A modo de conclusión, entendemos que alcanzar el tan esperado equilibrio entre el ambiente, las actividades económicas y el hombre no se logra en un corto plazo; no obstante, podemos empezar con enfrentar el desafío que representa la mejora y reforzamiento de la institucionalidad ambiental. Cuando la generación de información ambiental, el avance tecnológico y la especialización sean una constante dentro del aparato estatal peruano, paso a paso iremos formando los cimientos para sostener ese equilibrio.
Referencias
Andaluz-Westreicher, C. (1). La institucionalidad ambiental que necesitamos. Advocatus, (025), 83-93. https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Advocatus/article/view/385
Balvín Landeo, L. E. (2018). Institucionalidad ambiental y gestión de conflictos socioambientales en la región Junín: caso Morococha. Socialium, 2(1), 42–50. https://revistas.uncp.edu.pe/index.php/socialium/article/view/535
Calle, F. (2012). El Derecho Ambiental y el Tribunal Constitucional del Perú. Lex. 10(9), 227-240. http://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/LEX/article/view/335
El Espectador (09 de junio de 2022). La primera área protegida monitoreada de la Amazonia. https://www.elespectador.com/ambiente/bibo/la-primera-area-protegida-monitoreada-de-la-amazonia/
Gamio, P. (2014). La prevención en el derecho ambiental peruano. En la fiscalización ambiental en el Perú. Odiaga. https://www.gob.pe/institucion/oefa/informes-publicaciones/1113628-la-fiscalizacion-ambiental-en-el-peru
Gestión (21 de febrero de 2022). Derrame de petróleo de Repsol: Unidad de Emergencias Ambientales de Naciones Unidas emitió su informe. https://gestion.pe/peru/derrame-de-petroleo-de-repsol-unidad-de-emergencias-ambientales-de-naciones-unidas-emitio-su-informe-repsol-rmmn-noticia/?ref=gesr
Orihuela Romero, C. E., & Rojas Torres, R. N. (2017). Desarrollo sostenible en el Perú: Evidencia del periodo 1994-2015. Anales científicos, 78(2), 130–138. https://revistas.lamolina.edu.pe/index.php/acu/article/view/1049
Pulgar Vidal, M. (2010). Responsabilidad social y política ambiental: complementariedades y retos. Derecho PUCP, (64), 217-229. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/3026
