1. Introducción:

La temperatura media mundial de la tierra está directamente relacionada con la concentración de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera [1]. En principio, estos gases se producen naturalmente y tienen papel de especial relevancia al impedir que parte del calor solar regrese al espacio, lo cual vuelve la Tierra habitable. Sin embargo, el crecimiento de la población asociado al estilo de vida, ha implicado que estos gases incrementen su volumen considerablemente, lo cual provoca temperaturas elevadas y es allí cuando surge la problemática del Cambio Climático.

Así las cosas, con el paso de los años se han construido mecanismos para la reducción de GEI y, como parte de los mismos, ubicamos al crédito de carbono. Tal instrumento económico debe ser analizado en la medida que, como señala el Ministerio del Ambiente, el Perú cuenta con un enorme potencial para desarrollar el llamado “mercado de carbono” al poseer 66 millones de hectáreas de bosques [2]. La relevancia se encuentra, como se busca desarrollar en los siguientes acápites, en el impacto que tiene el mercado mencionado en los proyectos y negocios del Perú, y más aún, en el panorama internacional, al facilitar el acceso a fondos ambientales, fortaleciendo la competitividad de las empresas así como la responsabilidad social ambiental.

2. Créditos de carbono: definición, historia y lógica económica

En resumidas cuentas, un crédito de carbono es una unidad que representa una tonelada de carbono (CO2) equivalente absorbida o evitada en la atmósfera [3]. Los créditos en cuestión pueden ser generados por proyectos con potencial emisión de GEI, sobre los cuales será determinante la cantidad de CO2 que absorben o la cantidad que logran evitar de su emisión. Así, tales créditos pueden ser vendidos a terceros, con la finalidad de que estos puedan compensar las propias emisiones de sus proyectos. Con lo cual, cobra relevancia el Mercado Internacional de Carbono, como el conjunto de operaciones a través de las cuales se negocian los derechos de emisión, reducción y captura de GEI, los cuales apuntan a que los países cumplan sus obligaciones de reducción de emisiones, mitigando los efectos perjudiciales en el medio ambiente de una manera rentable

Para comprender la relevancia de los créditos de carbono, basta con trasladarnos no muy lejos en el tiempo, a la década de 1990, la cual habría sido la más cálida del último milenio [4]. Frente a este panorama, se estableció la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC), del cual el Perú es parte desde 1992. A partir de este instrumento, se formuló el Protocolo de Kyoto, también suscrito por el Perú, mediante el cual las partes se comprometieron a reducir las emisiones de GEI [5]. Así, se implementaron mecanismos para alcanzar el objetivo mencionado, dentro de los cuales nos centraremos en los Mecanismos de Implementación Conjunta (MIJ) y los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL). Respecto de cada mecanismo, se distinguen dos tipos de créditos de carbono distintos que forman parte del comercio de emisiones. Bajo este régimen, los países Partes o personas jurídicas a las que éstos hayan autorizado, pueden intercambiar en el mercado los distintos tipos de unidades contables [6]. 

Por un lado, los MIJ implican transacciones de Emissions Reduction Unit (URE, por sus siglas en español: Unidades de Reducción de Emisiones) que son la cantidad equivalente a una tonelada de CO2 que se deja de emitir a la atmósfera por la puesta en marcha de un proyecto de aplicación conjunta por parte exclusiva de países desarrollados [7]. En este caso, los países que efectúan las inversiones se benefician del menor costo de la inversión y de las URE que obtienen. Por el lado de los países receptores de las inversiones, estos se benefician de aquellas realizadas en su país y de la nueva tecnología se implemente a partir de los proyectos. 

Por otro lado, los MDL implican los denominados Certified Emission Reduction (CER, cuyas siglas convergen con las del español: Certificados de Emisiones Reducidas), que representan una tonelada de CO2 que deja de emitirse a la atmósfera y que ha sido generada y certificada mediante el esquema del MDL[8]. Este último mecanismo permite que los países con metas de reducción de emisiones de GEl, puedan adquirir los CERs de proyectos ejecutados en países en vías de desarrollo, lo cual es el punto que diferencia a los MIJ, que involucran a los países del Anexo 1 del Protocolo de Kyoto, países con economías en transición de mercado, tanto por sus escenarios de emisiones, como por su estructura económica que convierte en atractivas y eficientes las inversiones en estos países. .

Así, las reducciones de emisiones de GEl provenientes de proyectos que involucran CERs, o UREs, materializan los bonos de carbono que pueden ser vendidos en el mercado de carbono (voluntario o regulado) y son comprados típicamente por países industrializados. Así, por un lado, los países inversores podrán encontrar mecanismos para cumplir con los objetivos del Protocolo de Kyoto a un menor costo, mientras que, por otro lado, los países receptores tendrán incentivos (ingresos adicionales, mayor rentabilidad, mayor promoción del perfil de la empresa a nivel internacional) para contribuir al desarrollo sostenible por la disminución de emisión de GEI. 

Cabe mencionar, que el crédito al carbono se enmarca en la teoría económica, la cual considera a los GEI como una externalidad negativa a nivel global, al ser un costo impuesto a otros, no considerado por los individuos que generan el daño; con lo cual, el cambio climático es el resultado de una falla de mercado derivada de esta externalidad que afecta a otros sin que esto se refleje en los precios de mercado de los bienes y servicios. En consecuencia, los mercados sobreproducen bienes y servicios intensivos en carbono, pues los costos de emisiones de GEI no tienen un precio de mercado que se incluya en las transacciones. En ese sentido, para corregir la externalidad negativa “los contaminadores deben internalizar los costos de los daños que generan y esto se logra aplicando instrumentos que le pongan un precio a la externalidad”[9]. De esta manera, para restaurar la eficiencia de mercado y lograr que los actores sean responsables del costo social de sus actos es preciso introducir incentivos (premios o castigos) que hagan que los emisores internalicen los costos de sus daños.

3. Marco Legal aplicable:

Para este punto, debe señalarse, que tanto los CERs, los ERUs y, en líneas generales, el Comercio de Emisiones, no cuentan con un marco legal específico. En el caso de ambos, sin embargo, aplica el marco general del Protocolo de Kyoto, el cual si bien no establece la naturaleza jurídica de dichos instrumentos, les brinda definición. Ahora bien, en el caso de los ERUs, el artículo 7 del Reglamento de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2019-MINAM, señala que el Ministerio del Ambiente, como autoridad nacional en materia de cambio climático, conduce, evalúa y monitorea la implementación de la Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación de los bosques; y la función de la conservación de reservas forestales de carbono, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono, en adelante REDD+; asignándosele, además, funciones para su implementación. En esta línea, se dispuso la publicación del proyecto de “Lineamientos para la implementación de REDD+ y la gestión de sus Unidades de Reducción de Emisiones y Remociones de Gases de Efecto Invernadero (URE)”, mediante Resolución Ministerial Nº 011-2022-MINAM. Tales lineamientos, los cuales serán analizados en un próximo trabajo, se enfocan en el sector forestal  y son de especial relevancia al  ser que los bosques, en especial los tropicales, capturan el carbono de la atmósfera para almacenarlo en el suelo y la vegetación, teniendo un alto valor en la mitigación y adaptación al cambio climático [10]. 

En cuanto a la naturaleza jurídica, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Ley No. 26821, establece en su artículo 22, sobre la naturaleza jurídica del derecho de aprovechamiento sostenible sobre los recursos naturales, que  las leyes especiales deberán contemplar en forma precisa los atributos que se conceden, sean éstos de carácter real o de otra naturaleza. Al respecto, como se mencionó, en el Perù no existe una norma especial que regule a plenitud los créditos de carbono. En ese sentido, se ha discutido la naturaleza jurídica de tales créditos, asimilándolos a autorizaciones o concesiones, títulos de crédito, instrumentos financieros, valores inmobiliarios, entres otros [11]. Sobre esta discusión, baste con señalar que los créditos de carbono pueden ser considerados como bienes muebles incorporales que pueden ser negociados libremente, con la posibilidad de establecer regulaciones particulares[12]

En líneas generales, el comercio de emisiones tiene un desarrollo incipiente desde la ley peruana. Como referencia, el panorama internacional viene reflejando una mayor preocupación por el mercado regulado, en donde los Estados obtienen y entregan derechos de emisión o compensaciones para cumplir con objetivos predeterminados a partir de iniciativas de fijación de precios de carbono. Tal es el caso de Colombia, a partir de la creación del Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión de GEI –Ley 1931 de 2018. También, en Chile, el Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático (CC), establece Normas nacionales GEI y certificaciones de reducción de emisiones, con lo cual se suma al Mercado Nacional de Carbono. En esta línea, la normativa peruana se encuentra en proceso de implementación, siendo que no se han establecido estrategias de fijación de precios. Así las cosas, el desarrollo de normas relativas a precios de carbono deberán apuntar a brindar un marco regulado con titularidades claras.

Conclusiones:

En el presente trabajo se ha buscado precisar qué se entiende por créditos de carbono desde una perspectiva económica, su relevancia actual y cómo se ha plasmado en la legislación peruana. Si bien el paso de los años, así como nos ha llevado a la apremiante situación climática actual, también ha permitido determinar, a partir de una perspectiva económica, que se considere a las emisiones de GEI como una externalidad negativa que debe ser aminorada mediante la implementación de mecanismos como son los créditos de carbono. Tal herramienta ha encontrado distintas manifestaciones a partir de los mecanismos planteados en el Protocolo de Kyoto, dentro del marco surgido a partir del Comercio de Emisiones, propio de un Mercado Internacional de Carbono. Si bien al día de hoy se cuenta con mercados voluntarios y regulados en cuanto a créditos de carbono, corresponde al sistema legal peruano ir acoplándose a las circunstancias, como bien se viene realizando en países latinoamericanos, en lo referido por ejemplo, a precios de carbono. 

Referencias:

[1] Naciones Unidas. (s/f). Desafíos GLOBALES Cambio climático. Recuperado de: https://www.un.org/es/global-issues/climate-change

[2] Rumbo Minero. (2011, septiembre). Una oportunidad todavía no aprovechada. El Mercado de los bonos de carbono en el Perú. Recuperado de: http://ww. rubioboletines. pe/php/archivos_noticias/2011-10-11-1318355315-BODa McdoCarbonoRumbo_Minero_set_2011.pdf

[3] Climate Trade. (s/f). ¿Qué son los créditos de carbono ‘buenos’ o ‘malos’? Recuperado de: https://climatetrade.com/es/que-son-los-creditos-de-carbono-buenos-o-malos/#:~:text=Un%20cr%C3%A9dito%20o%20bono%20de,su%20emisi%C3%B3n%20a%20la%20atm%C3%B3sfera

[4] Op. Cit. Rumbo Minero.

[5] Artículo 1

[6] Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (s/f). Los Mecanismos de Flexibilidad. Recuperado de: https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mecanismos-de-flexibilidad-y-sumideros/los-mecanismos-de-flexibilidad/ 

[7] Manzur, Y. & M. Alva. (2013). Bonos de Carbono: una oportunidad de desarrollo para el Perú. Tesis para optar por el Título de Licenciadas en Derecho. 

[8] Ibid.

[9] PEÑA, P. G. (Editor). (2021). Derecho internacional ambiental 12 reflexiones para una nueva década. LIMA. Ius et Veritas.

[10] Reyes, C. (2021, 11 de agosto). Apuntes generales sobre el marco legal de REDD+ en el Perú. Recuperado de: http://tdaunmsm.com/2021/08/11/apuntes-generales-sobre-el-marco-legal-de-redd-en-el-peru/ 

[11] Op. Cit. Manyur, Y. & M. Alva

[12] Peña, P. (2014). El marco legal peruano para implementar REDD+. SPDA. Lima.