En su 29va entrega, el Consejo Editorial de Conexión Ambiental presenta las cuatro noticias más relevantes relacionadas al Derecho Ambiental durante la semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre.
1. Realizan operativo contra la minería ilegal en el Río Madre de Dios
La minería ilegal es una de las actividades que el Estado busca eliminar del territorio nacional. Por ende, realiza distintas operaciones para salvaguardar los recursos de los ecosistemas del país. El anterior fin de semana, se realizó una intervención fiscalizadora con los organismos competentes en Madre de Dios [1].
Este operativo tuvo como resultado la eliminación de 29 dragas que fueron encontradas en el ecosistema acuático [2]. Lo anterior se dio como respuesta a las actividades ilícitas que se venían desempeñando en el río Madre de Dios. En consecuencia, el espacio silvestre se encontraba en estado de vulnerabilidad al estar expuesto a tales infraestructuras y maquinarias, las que generan repercusiones negativas en el ambiente.
Vale la pena destacar que, el uso de dragas no está permitido desde inicios de la década pasada, y ello está estipulado expresamente en el Decreto de Urgencia N° 012-2010. Esta medida se tomó ante los efectos nocivos de tales implementos sobre el ecosistema [3]. Por tanto, si existe una regulación que limita este accionar, los incumplimientos a la misma no pueden quedar impunes.
Referencias:
[1] SPDA Actualidad Ambiental. (1 de diciembre de 2020). Minería ilegal: destruyen 29 dragas que operaban en el río Madre de Dios. Recuperado el 6 de diciembre de 2020, de https://www.actualidadambiental.pe/mineria-ilegal-destruyen-29-dragas-que-operaban-en-el-rio-madre-de-dios/
[2] SPDA Actualidad Ambiental. (1 de diciembre de 2020). Op, cit.
[3] SPDA Actualidad Ambiental. (30 de mayo de 2016). ¿Por qué las dragas están prohibidas en la Amazonía? ¿Cómo funcionan y qué impacto generan?. Recuperado el 6 de diciembre de 2020, de https://www.actualidadambiental.pe/dragas-impacto-amazonia-mineria-ilegal/
2. El Estado y Aidecopab: La exigencia de justicia por los tres indígenas muertos en el Lote 95 y la solicitud de mayor presencia en la comunidad
Durante el enfrentamiento con la Policía Nacional del Perú el día 8 de agosto del 2020 a las afueras del Lote 95 ubicado en Loreto, tres indígenas perdieron la vida. Desde ese entonces, James Pérez Pacaya, presidente de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación (Aidecopab), exige que se haga justicia y se dé una investigación profunda para esclarecer las circunstancias de la muerte de los tres miembros de su comunidad. Además, también solicita que se den medios para poder resarcir a los heridos de este enfrentamiento [1].
Desde la denuncia, los órganos jurisdiccionales como el Ministerio Público han iniciado las investigaciones para dar con el paradero de los responsables y someterlos a investigación para esclarecer si tuvieron o no agencia en las muertes [2]. No obstante, los pedidos desde el Aidecopab al Estado no se limitan a las muertes de los tres indígenas, puesto que requieren que se respeten los acuerdos a los que se acogieron y que no se repitan los acontecimientos de violencia ejercida hacia ellos por la Policía Nacional del Perú [3].
Referencias:
[1] Ideele (2020). Aidecopab pide justicia por muerte de tres indígenas durante protesta del 8 de agosto en Lote 95. Recuperado el 6 de diciembre del 2020: https://www.ideeleradio.pe/lo-mas-visto/aidecopab-pide-justicia-por-muerte-de-tres-indigenas-durante-protesta-del-8-de-agosto-en-lote-95/?fbclid=IwAR2YbDXJPRrGWtBqX9v_FChWO0Qk8vD2rGBaDcDsy6uVk2rF424juysxBMM
[2] Ojo Público (2020). Conflicto en el Lote 95: Necropsias a indígenas confirman que murieron por impactos de bala. Recuperado el 6 de diciembre del 2020: https://ojo-publico.com/2028/necropsias-confirman-que-indigenas-murieron-por-impactos-de-bala
[3] Ideele (2020). op.cit.
3. OEFA ordena paralizar actividades y multa a empresa de palma aceitera “Ocho Sur P. S.A.C”
La Subdirección de Fiscalización en Actividades Productivas (SFAP) de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) inició el pasado mes de julio un procedimiento administrativo sancionador contra la empresa de palma aceitera Ocho Sur P. S.A.C (antes Plantaciones Pucallpa); por una serie de infracciones ambientales que se le acusaba de cometer en el llamado Fundo Tibecocha (Nueva Requena, Coronel Portillo, departamento de Ucayali). Mediante la Resolución Directoral Nº 01304-2020-OEFA-DFAI, de fecha 24 de noviembre, el OEFA confirmó las infracciones ambientales, y declaró la responsabilidad de Ocho Sur P. S.A.C. Por tanto, ordenó la paralización de sus actividades y el pago de una multa de 2080.552 UIT, monto ascendente a 8, 946, 373.60 nuevos soles. Las conductas infractoras encontradas fueron:
i) Realizar actividades agrícolas (cultivo intensivo de palma aceitera) sin contar con un instrumento de gestión ambiental, aprobado por la autoridad competente.
ii) No realizar medidas para evitar o impedir que aquellos elementos o sustancias que, por sus concentraciones y/o prolongada permanencia, que utiliza en el desarrollo de sus actividades de cultivo de palma puedan tener efectos adversos al suelo de aptitud forestal.
iii) Disponer de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos que genera como consecuencia de su actividad, en lugares no autorizados por la autoridad competente.
iv) No contar con un almacén central para el almacenamiento de residuos sólidos peligrosos, incumpliendo lo establecido en el Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. [1]
Asimismo, cabe indicar que, esta plantación de palma aceitera, cuenta con una extensión aproximada de 7 mil hectáreas, y es parte del territorio ancestral de la comunidad nativa de Santa Clara de Uchunya. Por tal motivo, la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya viene exigiendo desde años atrás la recuperación de su territorio a las diferentes autoridades judiciales y administrativas. Así, las comunidades señalan que sus tierras les fueron arrebatadas por un grupo de traficantes que luego las vendieron a la mencionada empresa, la cual realizó una deforestación progresiva y a gran escala.
Por tanto, en el procedimiento administrativo de OEFA tanto la comunidad Santa Clara de Uchunya como la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (Feconau) han participado como terceros con interés legítimo. Por todo ello, se ha señalado que “Este es un caso emblemático de cómo una comunidad indígena en la Amazonía peruana viene resistiendo a las agresiones de la agroindustria transnacional. Ahora corresponde al Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, en segunda instancia administrativa, confirmar las sanciones.” [2]
Referencias:
[1] SPDA Actualidad Ambiental. 04/12/2020. “OEFA multa con S/ 9 millones a empresa Ocho Sur P. y ordena paralizar actividades”. Recuperado el 06 de diciembre de 2020, de: https://www.actualidadambiental.pe/oefa-multa-con-s-9-millones-a-empresa-ocho-sur-p-y-ordena-paralizar-actividades/
[2] IDL Instituto de Defensa Legal. 03/12/2020. “OEFA ordena paralizar actividades de Ocho Sur P. y la multa con 9 millones de soles”. Recuperado el 06 de diciembre de 2020, de: https://www.idl.org.pe/oefa-ordena-paralizar-actividades-de-ocho-sur-p-y-la-multa-con-9-millones-de-soles/
4. Deforestación en Tamshiyacu: más de 2 mil hectáreas de bosque primario deforestadas
Según el último reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), más de 2 mil hectáreas de bosque primario de la zona de Tamshiyacu (Loreto) han sido deforestadas, debido a las actividades de la empresa United Cacao [1]. Esta situación es de larga data y ha ido en aumento exponencialmente, en perjuicio del ambiente y de la población en general.
Así, en el año 2012, previo al inicio de las labores de United Cacao, se tenía un aproximado de 17 hectáreas de bosque deforestadas y, en el año 2013, con el ingreso de la referida empresa, la deforestación ascendió a 1606 hectáreas [2]. Este patrón continuó, hasta alcanzar 2340 hectáreas deforestadas para el año 2015 y 2380 para octubre de 2020. United Cacao fue sancionada en el 2019 por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), debido a que no contaba con el instrumento de gestión ambiental (IGA) aprobado, y también se le impuso medidas correctivas que incluían la paralización de sus trabajos.
Asimismo, Cacao del Perú Norte S.A.C, subsidiaria de United Cacao, fue sentenciada por delitos relacionados a la deforestación en Tamshiyacu, el 25 de julio de 2019 [3]. Esta sentencia es histórica, no solo porque materializa las acciones concretas para luchar contra actividades que afectan nuestros bosques primarios y los campesinos locales, sino que marca un precedente en justicia ambiental. No obstante, para que ello se concrete, se necesita que la Sala de Apelaciones pueda confirmar las sentencia, en aras de la construcción de la justicia ambiental que se busca.
Referencias:
[1] Actualidad Ambiental (2020). Tamshiyacu: nuevas imágenes muestran la deforestación causada del 2013 al 2020. Actualidad Ambiental. https://www.actualidadambiental.pe/tamshiyacu-nuevas-imagenes-muestran-deforestacion-causada-hasta-el-2020/
[2] Actualidad Ambiental. Op, cit.
[3] Rodriguez, A. (2020). Deforestación en Tamshiyacu: “No hay precedentes de justicia ambiental como en este caso. Actualidad Ambiental. https://www.actualidadambiental.pe/deforestacion-en-tamshiyacu-no-hay-precedentes-de-justicia-ambiental-como-en-este-caso/
