Autor: Roger Michell Yucra Jacinto
Environmental Law
La minería ilegal constituye una de las actividades con mayor impacto sobre los ecosistemas amazónicos, debido a que sus efectos no solo afectan los recursos naturales, sino también a las especies animales que dependen de estos espacios para su supervivencia. Desde una perspectiva jurídica, esta problemática evidencia una tensión entre el derecho ambiental tradicional, enfocado en la protección del ambiente como bien colectivo, y el derecho animal, que cuestiona la consideración de los animales únicamente como elementos del ecosistema. En el Perú, el artículo 2 inciso 22 de la Constitución reconoce el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado para la vida, mientras que la Ley General del Ambiente (Ley N.° 28611) establece principios como prevención, responsabilidad y restauración ambiental. Sin embargo, surge la necesidad de evaluar si estos mecanismos responden adecuadamente frente al daño concreto ocasionado a los animales afectados por actividades extractivas.
Asimismo, aunque la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N.° 29763) reconoce la importancia de la biodiversidad, la protección jurídica de la fauna continúa desarrollándose principalmente desde una perspectiva ecosistémica. Por ello, la afectación suele analizarse mediante criterios como pérdida de hábitat o alteración del equilibrio ecológico, sin considerar necesariamente daños específicos como desplazamiento, lesiones o muerte de animales determinados. En este sentido, Frías (2023) sostiene que la reparación frente a delitos contra la fauna silvestre requiere comprender la complejidad del daño ambiental, debido a que sus consecuencias poseen dimensiones ecológicas y jurídicas que no pueden reducirse únicamente a una valoración económica.
Por otro lado, esta problemática resulta especialmente relevante en zonas como Madre de Dios, donde la minería ilegal ha provocado deforestación, degradación del suelo y contaminación por sustancias como el mercurio, afectando tanto los ecosistemas como la supervivencia de diversas especies. Al respecto, el Tribunal Constitucional del Perú (2025) ha reconocido que la protección ambiental constituye una obligación constitucional y que las actividades económicas deben desarrollarse bajo principios de prevención y protección ambiental. Asimismo, ha señalado que los impactos derivados de actividades mineras pueden comprometer diversos componentes ambientales, incluyendo la flora, fauna y recursos hídricos.
Sin embargo, desde el enfoque del derecho animal, la protección ambiental presenta una limitación al centrarse principalmente en la conservación del ecosistema y no necesariamente en el animal como individuo afectado. En este sentido, Nussbaum (2007), mediante el enfoque de capacidades, sostiene que los animales poseen capacidades propias que deben ser consideradas dentro de una concepción más amplia de justicia. De manera complementaria, Francione (2009) cuestiona los sistemas jurídicos donde los animales continúan siendo tratados principalmente como objetos de protección subordinados a intereses humanos. Bajo estas perspectivas, la minería ilegal no representa únicamente una pérdida de biodiversidad, sino también una afectación directa sobre seres sintientes capaces de experimentar daño y sufrimiento.
Finalmente, el reto del derecho ambiental peruano consiste en desarrollar un modelo que integre la conservación de los ecosistemas con una protección más amplia del bienestar animal. Esto no implica reemplazar los mecanismos existentes, sino fortalecerlos mediante criterios que permitan reconocer la afectación de la fauna dentro de los procesos de fiscalización, sanción y reparación ambiental. En esta línea, la Guía de valoración económica de daños por delitos ambientales de minería ilegal, tala ilegal y tráfico ilegal de fauna silvestre, aprobada mediante Resolución Ministerial N.° 074-2022-MINAM, representa un avance al establecer criterios para valorar daños derivados de actividades ilícitas. No obstante, continúa siendo necesario fortalecer la dimensión animal dentro de la responsabilidad ambiental, superando una visión exclusivamente antropocéntrica y promoviendo una protección jurídica más integral.
BIBLIOGRAFÍA:
Cárdenas Lizarbe, C. (2026). Derecho penal ambiental y criminalidad en el Perú: análisis académico sobre la investigación criminal contra delitos de minería ilegal, tala ilegal y tráfico de especies de flora y fauna. La Voz Jurídica. Revista de Derecho de la UARM, (5), https://revistas.uarm.edu.pe/index.php/lavozjuridica/article/view/491
Francione, G. L. (2009). Animals as persons: Essays on the abolition of animal exploitation. Columbia University Press.
Frías, J. (2023). Medidas adicionales para reparar el daño: otros aspectos para fijar la reparación en los delitos de tráfico ilegal de especies de fauna silvestre. Sapientia & Iustitia, (5), 139-154. https://doi.org/10.35626/sapientia.5.3.40
Ministerio del Ambiente del Perú. (2022). Resolución Ministerial N.° 074-2022-MINAM: Aprueban la “Guía de valoración económica de daños por delitos ambientales de minería ilegal, tala ilegal y tráfico ilegal de fauna silvestre”. Diario Oficial El Peruano. https://busquedas.elperuano.pe/api/visor_html/2050813-1
Nussbaum, M. C. (2007). Frontiers of justice: Disability, nationality, species membership. Revista escandinava de investigación sobre discapacidad, 9(2),133-136.https://doi.org/10.1080/15017410601003171
Tribunal Constitucional del Perú. (2025). Sentencia 102/2025: Caso de la prórroga de vigencia del proceso de formalización minera integral (Expediente N.° 00017-2023-PI/TC). Tribunal Constitucional del Perú. https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2025/00017-2023-AI.html
Vásquez, J. (2025). Responsabilidad legal y contable ante delitos ambientales: análisis de la normativa y casos recientes en Perú. Justicia Ambiental, 5(8), 187-222. https://doi.org/10.35292/justiciaambiental.v5i8.1382
