LA DEBIDA DILIGENCIA COMO NUEVO FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA INDUSTRIA MINERA 

Por: Mhia Carpio Silva

La actividad minera constituye un motor fundamental de la economía peruana y, al mismo tiempo, coexiste con el riesgo innegable de generar impactos ambientales de alto calibre: desde la contaminación de cuerpos de agua y suelos, hasta la afectación de los medios de vida de las comunidades. Esa tensión se aprecia con nitidez en Madre de Dios. Según una investigación de Mongabay Latam publicada en marzo del presente año, por lo menos 215 concesiones mineras aprobadas por el Estado atraviesan cinco ríos de la región y permanecen activas; a la par, 153 derechos mineros se encuentran sobre territorios indígenas (Salazar, 2026). 

Por ello, desde hace años ha ganado gran visibilidad el papel de la industria minera en materia de derechos humanos. El debate no se circunscribe al plano nacional, sino que también toma lugar en la academia, en los organismos internacionales, y en la sociedad civil, quienes han buscado fijar parámetros de conducta para las empresas en el sector. El antecedente más antiguo son las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para empresas multinacionales, aprobadas inicialmente en 1976 y revisadas en distintas ocasiones; su última actualización, difundida el 8 de junio de 2023, es la primera desde el 2011. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2023). Dicho tránsito, de la recomendación voluntaria a la exigibilidad de la conducta, constituye el punto de partida para determinar qué puede reclamarse jurídicamente a una empresa minera.

Sin ir más lejos, el 28 de mayo de 2026, el alcalde de la provincia de Pasco, Julio César Rupay, presentó una demanda de amparo contra Volcan Compañía Minera y sus subsidiarias. Según EarthRights International, organización que asesora a la parte demandante, el proceso busca que el Poder Judicial reconozca el daño ambiental y los suelos contaminados con metales pesados, en aras de que se dispongan medidas i) que eviten que la contaminación continúe y que ii) exijan un diagnóstico de salud y seguimiento médico de la población afectada (Actualidad Ambiental, 2026). El caso se encuentra en una etapa inicial, y aún resulta incierto. Si bien no constituye un litigio climático en sentido estricto, sino más bien de contaminación y salud, el quid del asunto reside en la lógica detras: exigir diligencia a quien desarrolla una actividad riesgosa.  

Este panorama invita a realizarnos una pregunta importante: qué papel cumple la debida diligencia cuando el daño ya ocurrió. ¿Esta debería ser considerada una buena práctica corporativa, o debería más bien convertirse en el estándar de conducta con el que los jueces miden, y eventualmente condenan, a las empresas por el perjuicio que ocasionan? En el Perú, la pregunta posee un matiz importante, ya que el daño derivado de actividades riesgosas se rige por responsabilidad objetiva (en virtud del artículo 144 de la Ley General del Ambiente).

Bien conocemos que los tribunales tienden a enfrentar tres preguntas primarias al momento de evaluar la responsabilidad por daños: ¿el daño era previsible? ¿la empresa pudo y debió prevenirlo? ¿cumplir el permiso administrativo la exime de resposabilidad? No obstante, resulta indispensable considerar que, cuando la diligencia se convierte en el parámetro para contestar esas preguntas, deja de ser un simple complemento de la gestión empresarial: si bien reconocemos en una primera instancia que no determina por si sola la existencia de responabilidad, destacamos que aporta criterios para responder dichas preguntas (ej.: puede influir en cómo se prueba el nexo causal y se mide la reparación).

¿Qué se entiende por debida diligencia? 

La debida diligencia es un proceso mediante el cual las empresas informan, identifican, evalúan y responden a los impactos negativos reales y potenciales de sus propias operaciones y de sus cadenas de suministro (Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, 2024). La OCDE lo organiza en distintos pasos: integrar la conducta empresarial responsable en las políticas y los sistemas de gestión; identificar y evaluar los impactos adversos; cesar, prevenir y mitigar; hacer seguimiento; comunicar; y reparar o colaborar en la reparación.

En clave de derechos humanos, el referente propuesto por el Sistema Universal de Derechos Humanos son los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, adoptados en 2011, que articulan el marco de proteger, respetar y remediar. En una primera instancia, podría sostenerse que estos no crean obligaciones jurídicamente vinculantes para las empresas: son un estándar de soft law que orienta, por un lado, la conducta empresarial, y, por otro, las obligaciones estatales. No obstante, la diligencia en materia de derechos humanos es un mandato que se dirige a los Estados principalmente por poseer empresas a su propiedad o bajo su control, o que reciban importantes apoyos y servicios de organismos estatales (Naciones Unidas, 2011, p.7). Este es un aspecto importante a evaluar, considerando que en nuestro país el margen de participación empresarial por parte del Estado no es pequeño, existiendo empresas como Activos Mineros S.A.C., Enaco S.A. o Petroperú S.A.

En suma, la pregunta planteada en líneas anteriores no admite una respuesta simple. La debida diligencia dejó de ser un simple complemento de la gestión empresarial, para pasar a funcionar cada vez más como un parámetro para determinar si una empresa pudo y debió evitar el daño. El caso de Cerro de Pasco contra Volcan, todavía sin sentencia, no resolverá por sí solo esa discusión, pero la instala en el territorio peruano. Desde otra perspectiva, los Principios Rectores recuerdan, además, que el Estado no es un espectador cuando es dueño de empresas como AMSAC, Enaco o Petroperú. La conclusión, en tal sentido, aborda una doble dimensión.

BIBLIOGRAFÍA:


Actualidad Ambiental. (2026, 28 de mayo). Alcalde de Pasco demanda a minera Volcan por contaminación y pide reparación por daños ambientales. https://www.actualidadambiental.pe/alcalde-de-pasco-demanda-a-minera-volcan-por-contaminacion-y-pide-reparacion-por-danos-ambientales/

Naciones Unidas. (2011). Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar” (HR/PUB/11/04). https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2023). Líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales sobre conducta empresarial responsable. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/7abea681-es

Salazar Vega, E. (2026, 23 de marzo). Amazonía peruana: 215 concesiones mineras afectan ríos y comunidades indígenas de Madre de Dios. Mongabay Latam. https://es.mongabay.com/2026/03/amazonia-peruana-concesiones-mineras-afectan-rios-comunidades-indigenas-madre-de-dios/

Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. (s. f.). Debida diligencia. https://www.subrei.gob.cl/ejes-de-trabajo/cer/debida-diligencia

Vargas Saavedra, M. I. (2025). La responsabilidad civil extracontractual por daño ambiental producto de la minería en el Perú: Desafíos en la configuración, imputación y cuantificación. Revista Pacha: Derecho y Visiones, 5(2). https://doi.org/10.56036/rp.v5i2.99

Mhia Wendy Carpio Silva

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