El presente artículo es uno de los artículos más destacados del curso Medio Ambiente, Recursos Naturales y Derecho, por haber integrado el Derecho Ambiental en conjunto con el Análisis Económico del Derecho, y Gestión y Regulación Minera. Los autores son Antonella Tello y Ana Paula Retuerto, estudiantes de la Facultad de Derecho, y Daniel Robles, estudiante de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la PUCP.

1. Introducción: Una mirada, rumbo hacia una conciencia verde

Como consecuencia de la expansión del Covid-19, el mundo ha sufrido una intensa recesión hacia los diversos sectores que contribuyen al desarrollo nacional, específicamente, en los ámbitos económicos, sanitarios, ambientales y políticos. Ante este contexto, los gobiernos, como los latinoamericanos, han optado por medidas de emergencia, las cuales no han sido lo suficientemente significativas como para contrarrestar la presente crisis. En ese sentido, el Perú no ha sido la excepción a dicho patrón ni a las consecuencias que se han desencadenado por el virus.

Este panorama ha permitido dar a relucir los distintos niveles de desigualdad social, económica, política y cultural. De igual forma, en el sector salud se han observado falencias y limitaciones para hacer frente al brote, por lo que la lucha contra esta problemática resulta compleja. Adicionalmente, uno de los sectores que no ha tenido especial relevancia es el sector ambiental, pese a que la situación actual lo amerita. Si bien es cierto, por la política de aislamiento social y dado la paralización de más del 50% de las distintas actividades económicas, se registró una mejora notable en la calidad del medio ambiente; esto no significa que se hayan optado medidas legislativas en aras de mejorar este sector. Razón por la cual, se formula la cuestión sobre si es factible implementar bases legislativas con el fin de lograr una sostenibilidad a futuro. A continuación, se expondrán las ideas mencionadas y se detallarán los posibles planteamientos para hacer frente a la situación actual aplicando una visión que funda los cimientos de un desarrollo ecológico en el Perú.

2. Una mirada a la recuperación económica según el medio ambiente en el contexto actual de la pandemia.

Antes de la pandemia, la COP 26 del 2020 resultaba prometedora para el sector ambiente pues se esperaba anuncios dirigidos a cerrar las brechas y lograr los compromisos propuestos en París, con el fin de no exceder los niveles preindustriales en más de 2°C a miras del 2100. Sin embargo, todo esto se vio truncado tras la pandemia y el mundo se vio inmerso en una situación de incertidumbre.Es probable que los países no tengan la capacidad de asumir dichos compromisos, pues se priorizaría la economía y medidas sociales relacionadas a la salud. Si bien el panorama es complicado, el director general de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) mencionó que “una opción entre la salud pública y la economía es una dicotomía falsa”. Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las políticas de recuperación contengan una aproximación ambiental que permita englobar al ser humano y al planeta como una unidad (One Health). La finalidad de este enfoque es lograr una mejoría próxima en las modalidades de desarrollo económico de manera que no se generen daños permanentes a la naturaleza.

En este sentido, debemos tomar en cuenta que las consecuencias del COVID-19 permite reconocer y acelerar las posibilidades de optar por un desarrollo sostenible contribuyendo con la protección del medio ambiente en el corto, mediano y largo plazo.

2.1 La necesidad de incorporar la variable ambiental para lograr un desarrollo sostenible

Tanto para la comunidad internacional como para los espacios regionales se ha generado una sensación de urgencia con el fin de seguir una ruta sostenible, pues no hay duda que los temas ambientales son transversales al conjunto de políticas públicas. Un ejemplo que demuestra esta predisposición y promete sentar bases para conseguir un desarrollo sostenible es el modelo European Green Deal. Este modelo no solo trata de añadir una serie de políticas verdes, sino intenta transformar el modelo productivo; permitiendo estimular el crecimiento, fundamentalmente, a través de una transformación de infraestructura social. Por lo tanto, más que un principio de adición implica un principio de transformación con miras a lograr una economía ecológicamente sostenible y socialmente justa.

En consonancia con ello, la Unión Europea (UE) pretende lograr un rescate económico optando por la variable ambiental como protagonista; promoviendo que sus miembros se conviertan en “climáticamente neutros” al 2050 con una serie de incentivos económicos. En este sentido, este Pacto Verde Europeo debe ser considerado como un referente de la dirección futura que busca el beneficio de la sociedad. Solo de esta manera se evitará grandes externalidades provenientes de la inacción ante una emergencia climática global. Extrapolando hacia un contexto local, el Perú necesita una hoja de ruta delimitada que permita vincular dos objetivos: contener el cambio climático mediante la descarbonización de la economía y reducir la desigualdad; tal como se ha expuesto desde la década de los treinta con la política del Green New Deal a cargo de Franklin D. Roosevelt y, ahora, con el European Green Deal.

Si bien el contexto peruano enfrenta diversas dificultades particulares (altos índices de corrupción, delincuencia, diversidad cultural); éstas deben ser tomadas en cuenta con el fin de conseguir una sociedad con políticas y leyes acordes a realidades concretas, y no universalizar normas occidentales que puedan afectar realidades distintas. Por consiguiente, se requiere de una voluntad política y propuestas regenerativas para llevar a cabo un enverdecimiento de las actividades hacia la consolidación de un desarrollo sostenible.

3.Transición hacia una economía verde en el Perú

3.1.  ¿Qué se entiende por Economía Verde? ¿Cuál es su relevancia en la actualidad?

Durante el siglo pasado la extracción de recursos naturales se realizaba prioritariamente con fines industriales, buscando convertir la materia prima hacia algún objeto que pueda ser aplicable en el sector privado o público. Esta tasa de extracción permitió, según Campos (2010), que la economía mundial se cuadruplique beneficiando a millones de personas. No obstante, el incremento de ingresos significó, para ese determinado escenario, un crecimiento sin control de la capacidad de extracción de los países, lo que a su vez provocó, una disminución exponencial de la cantidad de materia económicamente rentable que subyace en el suelo y subsuelo. Un ejemplo de esto es el cobre (Cu), el cual producto de una intensa actividad extractiva minera permitió que las leyes de este commodity decrezcan obteniendo un perfil de evolución negativa (Anexo A).

Este concepto de producción considerando únicamente el valor monetario, también llamado “economía marrón”, ha sido evaluado y redireccionado internacionalmente hacia un modelo económico donde no solo se busque un beneficio en el capital, sino que también se busque un beneficio colectivo, social y ambiental. El concepto de sostenibilidad y conciencia ambiental, el cual fue introducido políticamente por las Naciones Unidas en la “Cumbre de la Tierra” de Río de Janeiro en junio de 1992, propuso generar una conciencia del desarrollo en el ámbito político, social, económico y ambiental. Proponiendo que este sea el medio para alcanzar la igualdad social y de bienes; la conservación del medio ambiente; y asegurar una calidad de vida hacia las generaciones futuras.

Por lo que es esencial el entender que la economía verde, según Cargi & Schilirò (2011), es aquella que se apoya en tres estrategias principales: la reducción de las emisiones de carbono; una mayor eficiencia energética y el uso de recursos naturales; y la prevención de la pérdida de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Esto es, desarrollar un concepto integral y práctico buscando, mediante el análisis y apoyo a las políticas de inversión, incentivar los sectores verdes y erradicar los escenarios económicos hostiles con el ambiente.

3.2. Propuesta de una economía verde como herramienta para la recuperación mundial

Esta economía ecológica se postula como el medio para alcanzar el desarrollo sostenible, facilitando diversas oportunidades para desarrollar económicamente a un país. Como lo señala el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el enverdecimiento de las acciones que contribuyen a la economía nacional tiene la capacidad de reducir la pobreza y permite invertir en el capital natural del que dependen los más desfavorecidos. Asegurando mediante un enfoque económico-ambiental la conservación de ingresos y diversidad ecológica para las futuras generaciones.

Es necesario mencionar que el postulado propuesto por Campos (2010) señala que la transición de una economía verde será muy diferente en cada nación, ya que se debe considerar la configuración específica del capital natural y humano de los países y su grado relativo de desarrollo. Es decir, considerar la abundancia de recursos, pluriculturalidad y nivel de desarrollo. Cabe resaltar que no se obliga a realizar una economía verde de manera general y fortuita, sino de manera sectorial. En base a los estudios de Gibbs y O’Neill (2015), proponen que se podría aplicar esta economía para los sectores de: bosques, agropecuario, recursos hídricos, pesca, ecoturismo, energías renovables, transporte e industria manufacturera (Anexo B).

Por lo que, la economía verde tiene como propósito ser la herramienta que el Perú puede desarrollar en los distintos sectores de influencia a partir del cuidado y preservación del medio ambiente los cuales son reconocidos por la Constitución como patrimonio cultural del país. Esta idea ya se ha aplicado, por ejemplo, en Uganda y en Brasil mostrando resultados muy positivos a la sociedad. En el primer caso, África aplicó una medida importante en la transformación de la producción agrícola convencional con el desarrollo de un sistema de producción orgánica, la cual utiliza en la actualidad una de las más bajas cantidades de fertilizantes a nivel mundial. Como sostiene Campos (2010), esto trajo importantes beneficios en su economía, sociedad y medio ambiente. En el segundo caso, en el contexto latinoamericano, se evidencia cómo se ha enfrentado con éxito el desafío de crecimiento urbano a través de la aplicación de sistemas de transportes y planificación urbana de innovación.

3.3. Políticas de economía verde aplicadas al Perú

Antes de la pandemia del COVID-19, el Perú implementó políticas relacionadas como la Declaración Conjunta de Intención (DCI) y la Economía Verde-Coalición Perú. La primera, DCI, constituye un acuerdo que permite implementar la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático (ENBCC) para la reducción de gases de efecto invernadero. Esto se cumplió en coordinación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNANP) y el Ministerio del Ambiente (MINAM) para la categorización de la Zona Reservada Río Nieva, la Gestión Efectiva del Área de Conservación Regional Maijuna Kichwa y de los Parques Nacionales Sierra del Divisor y Yaguas en el periodo 2018-2020. La segunda política, denominada Economía Verde-Coalición Perú, es una plataforma que busca la suma de grupos de empresas, organizaciones no gubernamentales, institutos de investigación, empresas y sindicatos para mostrar las virtudes de un nuevo modelo económico que, a su vez, generan sostenibilidad ambiental y equidad social.

Como lo mencionó Anderser (2020): “Las naciones del mundo solo pueden prosperar si se construyen economías que operen y trabajen con la naturaleza, no en su contra”. La desigualdad de condiciones sociales y económicas ha sido expuesta en este contexto. Incluso, debe mencionarse que muchas comunidades no se las ha considerado dentro del plan de la pandemia o que la cantidad de casos supere la capacidad de saneamiento de una región particular, como el caso de Loreto. Además, el descontrol e incumplimiento de reglas dictadas por el Estado empeoró debido a una falta de firmeza de las políticas, transmitiendo como mensaje que éstas más que ser firmes eran regulables e incluso ni se aplicaban.

En ese sentido, es necesario que un sector permita estar presente alrededor del Perú y que involucre contacto con aquellas sociedades que muchas veces no son atendidas por estar desvinculadas con el Estado o por ser consideradas zonas de extrema pobreza. Es aquí donde se postula a la minería como aquella herramienta que permitirá procurar el mantenimiento de un ambiente sano y uso adecuado de los servicios ecosistémicos, tanto para la generación presente como para las generaciones futuras. La minería puede ser el camino para poder integrar al Perú siendo su actividad extractiva más trascendente e influyente, generando los mayores índices de producto bruto interno (PBI) y comprometiéndose a cuidar la diversidad cultural, ambiental y social.

4.La minería a partir del cumplimiento de las ODS                                        

Siguiendo la teoría de la “maldición de los recursos”, la cual fue popularizada por Sachs y Andrew, se indica que muchas veces los países con mayores recursos tienden a un menor crecimiento económico, puesto que se enfocan solo en la exportación de materia prima como motor de desarrollo; provocando que el Estado solo empiece a depender de los impuestos generados por las empresas y los ciudadanos.

El Perú no ha sido una excepción a esta teoría, pues de acuerdo al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) se indica que la minería ha representado casi el 10% del PBI nacional y un 61% en la exportación de todo el país. Este panorama, de acuerdo a Narrea (2018), indica que en cuanto a la toma de decisiones públicas se priorice el aumento de rentas provenientes de los recursos mineros antes que ahondar en estrategias para dinamizar los demás sectores económicos. No cabe duda que esta estrategia no es compartida por otros países tales como Indonesia, Chile y Malasia, quienes han podido manejar esta situación de distinta manera, es decir utilizar el sector minero para poder impulsar otros ámbitos relacionados. Estos países aprovecharon las rentas para diseñar políticas que los pueda conllevar al fortalecimiento y a la sostenibilidad de sus recursos. Sin duda este trabajo considera que si se adapta estas prácticas es posible que el Perú logre enverdecer la economía en el sector minero.

Según lo expuesto por Narrea (2018), la Agenda 2030 se constituye como una hoja de ruta que incluye un listado de objetivos y metas para dar respuesta a problemas enfrentados a nivel mundial en los diversos sectores: ambiental, social y económico. Sin embargo, producto de la pandemia, el panorama en el que se está viviendo ha evidenciado en mayor medida las necesidades de la población. Por ende, se necesita acelerar las políticas con la finalidad de lograr una mejor distribución de recursos. Por tal motivo, la Agenda 2030 debe ser replanteada hacia una Agenda 2030 – post COVID-19. Esto permitirá que los países puedan sobreponerse sosteniblemente después de una recesión política, económica, social y ambiental. La minería dentro de la Agenda 2030 está presente en cuatro Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): ODS 8, ODS 9, ODS 12 y ODS 17 (Anexo C).

La pandemia confirma que efectivamente estos (ODS) son los mecanismos y direcciones necesarios para contribuir con el Perú en la reactivación económica, social y ambiental. Se postulan políticas enfocadas a la investigación; a la cooperación público-privado y privado-privado; empleabilidad e industrialización sostenible; optimización de gestión de recursos y residuos; y educación junto con organismos no gubernamentales (ONG), las cuales este trabajo las plantea bajo el programa innovador Min-30 Perú.

La primera política planteada implica reforzar la dinámica bilateral entre los actores de los escenarios mineros a nivel nacional (empresa-comunidad, empresa-estado, estado-comunidad) tal como se manifiesta en la ODS 8. Uno de los problemas que se vive actualmente es la falta de educación y conciencia socioambiental. Por ello, se necesita establecer un convenio público-privado, del gobierno con las diversas empresas y/o consorcios mineros que se encuentran en el territorio peruano con la finalidad de que cada unidad minera brinde un espacio, donde se pueda ejecutar un plan educacional de manera continua y formal en el tiempo reconocido por el Estado. Ello traería grandes beneficios, pues la mayoría de las comunidades de la zona tienen contacto con las unidades mineras.

Además, según la PNUMA, este programa puede ayudar a que no solo se cree un espacio de educación convencional, sino contribuir con miras a lograr una conciencia ecológica con la implementación de una “Escuela de la Tierra”, a través de la plataforma brindada por las Naciones Unidas (TED-Ed). Esta plataforma facilita la tecnología, conocimiento y oportunidad para continuar con la educación nacional. Además, contribuye con una mejora en las relaciones interpersonales entre personas jurídicas internacionales y personas naturales originarias de la zona; y a largo plazo generará impactos muy positivos en dos de las controversias más recurrentes en los conflictos sociales: la comunicación y la comprensión.

La segunda política implica reforzar la construcción de infraestructuras resilientes, industrialización e innovación sostenible tal como se manifiesta en la ODS 9. Ello contribuiría a resolver la problemática producto de la falta de cuidado de recursos, infraestructura pública y la actitud exclusiva de cada empresa minera con respecto a sus similares en el rubro.  Por ello, se propone incentivar a que cada empresa minera, en el área de su localización, contribuya en la gestión de recursos y desechos tóxicos producto de la pandemia. Tal como menciona la PNUMA (2020): “La desinfección de refugios y áreas de asistencia humanitaria puede dar como resultado la contaminación de ríos y arroyos e impactos en la biodiversidad a menos que se brinde un asesoramiento sobre los tipos de desinfectantes apropiados para su uso”. No cabe duda que producto de la pandemia se ha visto un incremento del uso de materiales tales como mascarillas, jeringas, camillas, papel, los cuales necesitan de una gestión óptima. Sin embargo, el Perú adolece de ésta provocando, así, que la acumulación de estos materiales pueda llegar a afectar a un río o cualquier área natural. Por consiguiente, se propone mitigar este impacto con un convenio a nivel nacional y regional del gobierno con la empresa minera; de manera que el gobierno pueda acordar con cada minera las modalidades más eficientes para el manejo de desechos sólidos.

De acuerdo a lo que indica Narrea (2018), esta medida podría llevarse a cabo producto de las regalías acumuladas provenientes de las actividades mineras (Anexo D). De esta manera, las distintas regiones complementarán sus conocimientos en el rubro residual y podrán contar con mejores políticas para el beneficio de la sociedad como para el ambiente. En este sentido, se incentiva a las empresas mineras que presten sus servicios y espacios voluntariamente de manera que se identifiquen con la zona y la puedan apoyar. Ello traería como consecuencias el cambio de mentalidad desde un enfoque convencional, que busca únicamente los ingresos monetarios por parte de las empresas, hacia un escenario donde los privados incentiven el cuidado social y ambiental del territorio velando, así, por los intereses colectivos. Este plan se ha implementado, junto con el apoyo de la PNUMA, en Brasil en la Comunidad Indígena Tarau Parú introduciendo técnicas de cuidado de recursos en refugios a través de una tecnología de “capullo”. En cuanto al cambio de mentalidad de las empresas, esto se ha dado en países de África, como Liberia y República de Guinea, donde se aplicó políticas compartidas multiusuario y multipropósito obteniendo resultados positivos para los intereses de la industria y sociedad. Estos planes se podrían implementar en el Perú, tal como menciona Narrea (2018), en distritos mineros de la región de Cajamarca, con sus tres proyectos más importantes: Michiquillay, Galeno y Conga (distantes 15 km entre sí) donde se podría aprovechar las sinergias de políticas desarrolladas por cada empresa a cargo.

La tercera política, de acuerdo con la ODS 12, se enfoca en la producción y consumo responsable. La pandemia ha conllevado una alta tasa de infectados alrededor del Perú, lo cual ha sido muy complicado de controlar y sobre todo de brindar una atención apropiada. Las comunidades aledañas a las zonas mineras y los propios trabajadores se han visto afectados, pues una cantidad de unidades mineras continuaron operando con total normalidad sin contar con protocolos de seguridad. Un ejemplo de ello fue el accionar de la empresa South America Mining Investments – SAMI SAC, quienes no acataron las disposiciones sanitarias del Estado y pusieron en riesgo la salud de la población provocando la aparición de casos positivos de COVID-19 en algunos de sus trabajadores. Asimismo, no se puede ignorar la variable de los pasivos ambientales (PAM) que ya han perjudicado en gran medida a la población y al ecosistema, lo cual necesita de una pronta intervención. Por ello, esta política, enfocada a mediano y largo plazo, tiene la intención de promover a los privados un cofinanciamiento para el desarrollo de tecnologías de remediación de pasivos mineros y mitigación ambiental. En ese sentido, ello se reflejaría con el trabajo colaborativo del MINEM y MINSA junto con organizaciones pertenecientes a la PNUMA que contribuyen a darle un uso eficiente de estos espacios hacia un enfoque de saneamiento como albergar pacientes u otros afines. Por otro lado, para el sector privado el beneficio consistiría en modificar las condiciones del uso de la concesión minera, es decir, mientras que estos servicios colaborativos se consideren activos, estos se reconocerían como si la operación extractiva se encuentre latente en dicho espacio pese a que no lo estuviese en realidad. Según Norrea (2018), esto no es imposible pues ya se han registrado experiencias exitosas de remediación y rehabilitación de los PAM desarrolladas por Alemania, Australia y Estados Unidos. En estos escenarios, se logró implementar un marco legal que especifique la forma que se va a costear la remediación y rehabilitación de los espacios a través de un fondo fideicomiso con la participación tanto del Estado como el sector privado.

La última política, de acuerdo a la ODS 17, plantea revitalizar la Alianza Mundial para el desarrollo sostenible producto de la falta de información e investigación nacional; y la falta de cooperación en conocimientos tanto a nivel nacional como internacional. Tal como lo mencionó la directora de la PNUMA, Inger Andersen (2020): “Se ha expuesto a los humanos a nuevos vectores: el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes en humanos provienen de animales” aludiendo a la falta y necesidad de soluciones científicas para comprender mejor las amenazas zoonóticas. Esta política plantea apoyar la iniciativa de la PNUMA en su búsqueda por desarrollar un nuevo cartografiado mundial de riesgos de comercio no regulado de especies silvestres, fragmentación de los hábitats y la pérdida de diversidad biológica. De esta manera, contribuye a adoptar nuevas políticas de precaución apoyadas en la ciencia, lo cual muchas veces son necesarias para el ejercicio del principio de precariedad. En el Perú, debido a la heterogeneidad de suelos, climas, formaciones geológicas; y de distintas altitudes sobre el nivel del mar abriendo, así, la conformación de un amplio paisaje del cual no se ha investigado con fines de evitar enfermedades zoonóticas.

En vista de este panorama, se plantea una propuesta nacional e internacional, la cual involucre una red de información con el Consejo Interregional Amazónico (CIA); y a nivel internacional con la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). La realización de esta iniciativa contribuirá, a mediano plazo, controlando las posibles nuevas enfermedades zoonóticas que podrían emerger en el contexto peruano y evitar la propagación de nuevas pandemias. Para dar inicio a estas investigaciones zoonóticas, se necesita de un acuerdo multilateral entre el sector público y privado con el fin de lograr que en las instalaciones específicas de las unidades mineras (seleccionadas estratégicamente según el objetivo de la investigación) se pueda habilitar un espacio físico a científicos o especialistas para realizar análisis enfocadas a minería como cateo, prospección o exploración, los cuales cuenten con la debida seguridad espacial y saneamiento.

5.Conclusiones y recomendaciones

Como se ha planteado a lo largo del artículo, el modelo económico que se intenta implementar es el ecológico. Este responde a las necesidades de garantizar un crecimiento económico, a una integración nacional y la conservación de la diversidad de recursos naturales. En concordancia con ello, el Perú requiere de estos aspectos en su búsqueda hacia una política verde, es decir, se debe procurar aprobar marcos regulatorios para instrumentos que incentiven la conservación natural; generar normas rigurosas que controlen actividades que afecten al ambiente; y, reforzar mediante medidas políticas las relaciones internacionales que buscan preservar al ambiente y difundir su información a nivel internacional.

Sin embargo, debe entenderse que la presente crisis producto de la pandemia afectan al sector público como a los entes privados, a las personas naturales como jurídicas; por lo que es indispensable incentivar una sinergia y cooperación entre los distintos actores. Ello puede ser pieza fundamental para lograr un trabajo articulado y un cambio en la historia del Perú rumbo a una evolución sostenible de los sectores económicos, en especial, el del sector minero.

En concordancia a lo expuesto, este artículo propone y recomienda al Estado peruano aplicar medidas legislativas verdes a miras de que exista un desarrollo sostenible, fundamentalmente en la minería a partir del programa innovador Min-30 Perú. Se postulan políticas enfocadas a la investigación; a la cooperación público-privado y privado-privado; empleabilidad e industrialización sostenible; optimización de gestión de recursos y residuos; y educación junto con organismos no gubernamentales, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030. El análisis se ha enfocado en las ODS 8, 9, 12 y 17; principalmente son colaboraciones entre el gobierno peruano, empresas privadas mineras y organizaciones pertenecientes al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Esto marcará una distinción en la búsqueda de reactivación económica, porque la minería es uno de los pilares actuales de la economía peruana y su crecimiento debe regirse mediante un compromiso y una conciencia verde. Por lo que dicha transición, será posible sólo mediante el uso de tecnologías e innovaciones necesarias para contribuir al desarrollo, así como, de investigaciones referidas a evitar impactos negativos al ambiente, asegurando una calidad de vida y un ambiente adecuado para las generaciones actuales como para las futuras. Finalmente, el presente trabajo desea culminar con la cita de la Directora Ejecutiva de la PNUMA, que expresa tajantemente las lecciones de la pandemia hacia la humanidad:

“Con la COVID-19, el planeta ha lanzado su advertencia más tajante hasta la fecha: la humanidad debe cambiar. La paralización de las economías ha sido una respuesta a corto plazo ante esta amenaza, pero no puede perdurar. Las naciones del mundo solo pueden prosperar si se construyen economías que operen y trabajen con la naturaleza, no en su contra”.

6.Bibliografía

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2020    “La Minería en Tiempos de Pandemia”. Actualidad minera del Perú. Lima, número 253, pp. 1-20. Consulta: 10 de noviembre de 2020.

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ANDERSEN, Inger

2020    “Trabajar con el medio ambiente para proteger a las personas. Respuesta del PNUMA a la Covid-19”. ONU: Programa al medio ambiente. Consulta: 10 de noviembre de 2020.

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2010    “Economía Verde”. CEGESTI Consultora Ambiente y Desarrollo. Costa Rica, número 151, pp. 1-4. Consulta: 11 de noviembre de 2020.

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https://www.nber.org/system/files/working_papers/w5398/w5398.pdf

Anexo A: Cuadro Comparativo

ANEXO B: Tabla N° 1

ANEXO C: Tabla Nº 2

ANEXO D: Tabla Nº 3